Prostitución en Andalucía

La Asociación Pro Derechos Humanos y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla rechazan la Ley andaluza de Igualdad de Género por ser “una evidente vulneración de sus derechos"

Foto: Protesta por la propuesta de la ordenanza psc sobre prostituciÓn
Protesta por la propuesta de la ordenanza psc sobre prostituciÓn

Esta paradoja merece un instante: la ultima rueda de prensa que ha ofrecido en Andalucía la Asociación Pro Derechos Humanos ha sido para defender a las prostitutas del feminismo de la Junta. No caben más contradicciones ni más desconcierto en una sola línea porque nadie alcanzaría a explicarse que un colectivo tan vulnerable como es el de los trabajadores sexuales pida ayuda a un organismo de defensa de los derechos fundamentales frente porque se siente amenazado por un gobierno democrático, socialista y democrático.

Sin embargo, esa es la paradoja, acaso surrealismo político, que se expresó hace unos días cuando ofrecieron una rueda de prensa conjunta los responsables de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla para mostrar el rechazo conjunto a la Ley andaluza de Igualdad de Género por ser “una evidente vulneración de sus derechos fundamentales y un retroceso en la lucha contra la exclusión social que viven las mujeres que ejercen el trabajo sexual”.

Sostiene Derechos Humanos que lo que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido legislar al margen del Código Penal español algo que, obviamente, no le está permitido a ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, es lo que ha ocurrido con el voto favorable de la mayoría del Parlamento, todos los grupos (PSOE, Ciudadanos y PP), menos Podemos que ha tachado la ley como “una nueva ley mordaza”.

En su afán por situarse como vanguardia del feminismo e España, lo que ha hecho el Gobierno andaluz con la Ley de Igualdad que ha entrado en vigor en este mes de octubre –ha sido la última en aprobar Susana Díaz antes de disolver el Parlamento y convocar elecciones- ha sido incluir la prostitución como una forma de violencia de género. Como es sabido, la prostitución en España se mantiene a efectos penales en una situación de cínica alegalidad, sin una regulación específica para los cientos o miles de prostíbulos, perfectamente identificable y reconocidos, que hay repartidos por toda la geografía española. La Junta de Andalucía lo que ha hecho con su legislación es complicar más ese limbo legal porque, a tenor de la literalidad de la legislación aprobada, una mujer deber ser considerada una víctima de violencia de género incluso si se dedica a la prostitución de forma voluntaria.

El uso de la violencia, la intimidación, el engaño, como formas delictivas de violencia de género, se equiparan a todas “las situaciones de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, aún con el consentimiento de la misma, en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico”.

La Secretaria General del PSOE-A, Susana Díaz. (EFE)
La Secretaria General del PSOE-A, Susana Díaz. (EFE)

Esa es la literalidad de la legislación andaluza; más allá lo subyace en la idea del Gobierno andaluz es que la prostitución es uno de los pilares fundamentales del patriarcado: “la prostitución aúna en sí dos formas de poder social, el sexo y el dinero, en las que el hombre ostenta sobre la mujer un gran poder de forma sistemática. Por eso, hay que romper con la cultura sexual hegemónica, basada en la masculinidad como sinónimo de dominación sexual”, como repite en las entrevistas que concede la consejera andaluza de Igualdad, María José Sánchez Rubio.

De hecho, tanto se ha extremado el celo contra la prostitución en la legislación andaluza que acaba de entrar en vigor que una revisión superficial de obras y autores, literarios o musicales, debería conducir a la prohibición de coplas como ‘Ojos Verdes’ (“apoyá en el quicio de la mancebía”), de escritores como Gabriel García Márquez (“Memoria de mis putas tristes”) y de cantautores como Sabina (“si te hacen un guiño las bombillas, verdes, rojas y amarillas, pórtate bien y frena”). Si alguien denunciara, mañana o pasado, que algún instituto o alguna universidad andaluza incluya en sus planes de estudio la lectura de esos libros o que algún cantante ofrezca un concierto con esas canciones, tendrían que ser multados severamente, hasta 120.000 euros en los casos más graves, por promover y fomentar la prostitución. ¿’Ojos Verdes’ prohibido en Andalucía? Pues sí.

"Continuaremos defendiendo un feminismo que garantice los derechos humanos de todas las personas, de todas las mujeres", dice la asociación

La paradoja de la que se hablaba antes es que esa ‘súper protección’ de las mujeres, por encima incluso de sus propias opiniones, en lo que acaba convirtiéndose es justo en aquello que se denuncia. Es decir, una “estructura de poder sistémica” que reprime la libertad de las mujeres, como es el machismo, se ve suplantada por otra de idéntica imposición, el feminismo institucional. “La garantía de los derechos fundamentales de determinados colectivos de mujeres no pueden ser relegados a un segundo plano por juicios de valor sustentados en creencias o convicciones morales, vengan estas de donde vengan. Continuaremos defendiendo un feminismo que garantice los derechos humanos de todas las personas, de todas las mujeres, fomentando su autonomía y avanzando por el camino de reconocimiento de su capacidad de agencia, participación y negociación de las cuestiones que les afectan”, afirma la Asociación Pro Derechos Humanos.

Dicen en Podemos, que es el único grupo político que se ha opuesto a la Ley de Igualdad aprobada en los estertores de la legislatura, que lo que está ocurriendo en Andalucía se llama ‘femocracia’. El término lo ha creado la líder andaluza de esta formación, Teresa Rodríguez, y pretende simbolizar la existencia de una democracia puesta al servicio del feminismo institucional, de lobby, que ha dejado de representar los problemas reales de las mujeres y que ha creado en las administraciones “una estructura de género que ha perdido el pulso de la calle”.

También dice Teresa Rodríguez que el problema de esa ‘femocracia’ es que se constituye en un objetivo en sí mismo que, en realidad, no busca cambiar la realidad y los problemas cotidianos de las mujeres y, en el caso de las prostitutas, ni siquiera les permite que puedan debatir y explicarse en una mesa de debate, y que so lo hace la misma administración “que se gasta el dinero de los parados en puticlub”. Ya saben, la misma administración que extrema la ilegalización de las prostitutas es la que se ve envuelta en un grotesco escándalo de gastos en prostíbulos con dinero público. Pero eso ya es otra cosa; como diría la otra, “tienen ustedes a las prostitutas desconcertadas”.

Matacán

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
5 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios