El pacto oculto de las hipotecas

Tres poderes del Estado, dos poderes institucionales y uno fáctico, han participado en un pacto oculto para resolver el monumental escándalo de las hipotecas: el Gobierno, el Tribunal Supremo y la patronal financiera. La solución del enorme embrollo del impuesto de las hipotecas no tiene más explicación que un acuerdo secreto entre los tres actores implicados; el cuarto, el poder legislativo, se sumará por añadidura en cuanto llegue a las Cortes el decreto ley aprobado este mismo jueves por el Gobierno eximiendo a los ciudadanos del pago de ese tributo.

Era la única salida posible a la vergüenza a la que nos han sometido en las dos últimas semanas aquellos que tienen la obligación de proporcionar a la ciudadanía ejemplaridad, rigor e independencia. Solo con este pacto secreto se garantizan tres principios y objetivos fundamentales: la seguridad jurídica, la estabilidad económica y el beneficio de los ciudadanos. Digamos que se ha vuelto a la casilla de salida, a lo que se tendría que haber hecho antes de dictar aquella sentencia frívola; por eso, todo se solventa con leves reproches a los magistrados y nada de dimisiones.

El poder judicial es el único que sale malparado de esa maniobra, pero ese era un daño colateral asumido, desgraciadamente asumido, por su penosa actuación. En cambio, la clase política, autora del impuesto y de la pésima redacción de la ley, se arroga ante los ciudadanos el papel de salvadora, liberadora, del sablazo que nos dieron. ¿Cinismo? Bueno, eso es lo menos sorprendente del follón…

Opinión

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Todo comenzó por algo que, volvamos a repetirlo, no debe ocurrir en ningún país del mundo que se tenga por serio: una doctrina jurisprudencial que afecta a millones de personas, y que se ha mantenido a lo largo de más de 20 años con sucesivas sentencias, no se puede cambiar de la noche a la mañana sin, por lo menos, calcular las consecuencias, incluida la forma de aplicar la propia sentencia. Cuando la más alta institución judicial de España, que es el Tribunal Supremo, es la que se comporta de esa manera errática, es normal que todos los cimientos del Estado se resientan.

Vamos a ver: tras la crisis económica, cuyo coste se ha cargado sobre las espaldas de la sociedad española, y el consiguiente encabronamiento del personal, es normal que el espíritu legislativo y judicial vaya adaptándose progresivamente a la nueva situación social. Como ocurrió con las cláusulas suelo, algunas imposiciones que, antes de la crisis, pasaban inadvertidas se convierten ahora en abusos inadmisibles. Lo mismo ha pasado, desde una perspectiva meramente social, con ese impuesto de actos jurídicos documentados que se cargaba a quien pidiese una hipoteca.

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Si existen cloacas del Estado para los asuntos más turbios, es inexplicable que el poder judicial y el poder ejecutivo no se comuniquen en algunas cuestiones que afectan a ambos y que, si se resuelven mal, sin una mínima coordinación, pueden provocar un desajuste descomunal. Quiere decirse que antes de dictar aquella sentencia, antes de convertir el problema de las hipotecas en un problema de Estado, los actores de este embrollo tendrían que haber alcanzado el mismo acuerdo al que se debe haber llegado ahora: el Tribunal Supremo dicta una sentencia, sin cambiar la jurisprudencia, con la recomendación expresa al Gobierno para que clarifique la legislación y, al instante, el Gobierno tramita una modificación por decreto ley para que los ciudadanos “nunca más tengan que pagar ese impuesto”.

Si existen cloacas del Estado para los asuntos más turbios, es inexplicable que los poderes judicial y ejecutivo no se comuniquen en algunas cuestiones

Lo contrario, mantener la sentencia aprobada inicialmente por el Tribunal Supremo, solo conducía a una espiral infinita de recursos y reclamaciones judiciales dentro y fuera de España, empezando por los propios bancos que, por mucho que lo repitan algunos, no tienen por qué ‘devolver’ el dinero que nunca han recibido de un impuesto cobrado por las comunidades autónomas.

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Asunto, pues, zanjado en lo fundamental con el daño inmenso al poder judicial, el gran perdedor de esta crisis inexplicable. Porque lo que no se borra es lo que ha sucedido, que el Tribunal Supremo dicte una sentencia firme, sin posibilidad de recurso, que, al instante, el presidente de la sala que ha dictado la sentencia diga que se deja en suspenso porque no se ha calculado “la enorme repercusión económica y social” y que, poco después, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial anuncie una reunión del plenario bajo la premisa de que la sentencia dictada era “firme y no susceptible de revisión”, que es justo lo contrario de lo que acaba sucediendo 'de facto', por mucha ingeniería judicial que se elabore.

Ese bochorno insólito no puede quedarse sin responsables inmediatos porque la urgencia ahora es recuperar el prestigio de la Justicia

Ese bochorno insólito no puede quedarse sin responsables inmediatos porque la urgencia ahora en el Tribunal Supremo, la urgencia ahora en España, es recuperar el prestigio de la Justicia que han tirado por los suelos. En el peor momento, cuando más necesitamos una Justicia independiente, rigurosa y prestigiada para hacer frente a la revuelta independentista, la Justicia se autolesiona y da alas a los rebeldes. Si las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales que existen en España han decidido convocar una huelga para el próximo día 19 de noviembre, que reparen cuando elaboren sus reivindicaciones en la gravedad de lo ocurrido, en las causas de lo ocurrido, y que, por lo menos, dejen de asistir como cómplices de los partidos políticos a un diseño del poder judicial en España que solo les conduce al desprestigio progresivo y a un deterioro interno insostenible.