Hidalgo, el caso maldito de Marbella

El caso Hidalgo es único en la vasta geografía de la corrupción política en España, uno de los procedimientos judiciales más espectaculares en su día del que ya casi todo el mundo se ha olvidado

Foto: Imagen de la Audiencia durante el caso Hidalgo. (EP)
Imagen de la Audiencia durante el caso Hidalgo. (EP)
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Podría ser el caso de corrupción perfecto, porque no existe otro igual en el que el primero que va a la cárcel por corrupto sea el juez que lleva la causa. Solo por esa sorprendente particularidad, el caso Hidalgo, que así se llama, es único en la vasta geografía de la corrupción política en España, uno de los procedimientos judiciales más espectaculares en su día, del que ya casi todo el mundo se ha olvidado, y que acaso vuelva a renacer levemente uno de estos días, cuando se conozca la sentencia tras la vista oral que se ha celebrado desde el pasado abril. Ese será el final desapercibido, discreto, para uno de los escándalos más sonados de hace 10 años, cuando la Costa del Sol, y en especial Marbella, era la capital de la corrupción española.

¿Pero el juez era más corrupto que los corruptos? Tanto que primero los detenía y, cuando estaban en la cárcel, les hacía llegar, a través de intermediarios, notas intimidatorias en las que les ofrecía la libertad a cambio de un maletín de dinero. A partir de ese inicio demoledor, sin precedentes, se pueden ir sumando los otros detalles del caso Hidalgo, ahora que se acerca la sentencia: un reputado abogado de ilustres apellidos, ilustres y píos, que se ve envuelto en una red internacional de blanqueo de capitales y fraude milmillonario a Hacienda que, poco a poco, se va desinflando hasta quedar en un esqueleto de lo que fue. Entre otras cosas, porque cuando pasa tanto tiempo, la naturaleza se anticipa en el juicio: los dos principales acusados de este caso fallecieron durante la instrucción, el abogado de nombre rimbombante, Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil, y un empresario iraquí.

El día en que cada uno de nosotros tuvo noticia de esta operación es perfectamente imaginable, porque sucedió a las ocho de la mañana del martes 17 de abril de 2007, esa hora del despertar en la que todos los informativos de radio y de televisión están enganchados a la noticia. A esa hora, 230 policías ‘tomaron’ el centro de Marbella, practicando decenas de detenciones —llegarían a ser hasta 30 detenidos pasados unos días— en distintas ciudades, también en Estepona y en Madrid.

Los primeros titulares de la noticia hablaban de blanqueo de capitales y la implicación de famosos bufetes de abogados, de notarios y de empresarios españoles y extranjeros de lujosos hoteles que constituían una trama criminal que daba cobertura a bandas internacionales. El juez que dirigía todo el dispositivo era Francisco Javier de Urquía y fue el primero en caer. Además de que se dedicaba a hacerle favores a Juan Antonio Roca, ‘cerebro’ de la operación Malaya, el juez Urquía extorsionaba a algunos de los imputados en las causas que instruía para ponerlos en libertad a cambio de altas sumas de dinero. Por ejemplo: en el caso Hidalgo, mandó a prisión al empresario paquistaní Azhan Khan, a su esposa y a un sobrino. Cuando ya llevaban unos días en la cárcel, les hizo llegar una ‘oferta’ a través de un intermediario: si le pagaban 60.000 euros, los ponía a todos en libertad. Le mandaron el dinero en una bolsa de plástico y salieron a la calle.

Después de 10 años, Urquía decidió volver a trabajar como abogado por considerar que su experiencia como juez contribuiría al éxito

A finales de ese mismo año de 2007, el juez Urquía ya fue inhabilitado y, de forma progresiva, se fueron conociendo otros delitos. Acabó condenado por algunos de ellos y escandalosamente absuelto por otros, como cuando el Tribunal Supremo, en un acto sórdido de corporativismo, lo absolvió de prevaricación con el argumento inquietante de que “la mera ilegalidad” no basta para justificar una condena. La ‘mera ilegalidad’ consistía en que el juez Urquía recibió casi 80.000 euros de Roca a cambio de cerrar un programa de televisión local muy crítico con el entonces asesor de Urbanismo.

Urquía no ha vuelto a ejercer como juez, pero se mantiene ligado a la Justicia. Tras la condena, fue contratado por algunos bufetes de abogados de Marbella y, desde 2016, tiene su propio despacho y, en algunas referencias biográficas que ha utilizado, se refiere con desparpajo a su pasado: “Después de 10 años como juez, Francisco Javier de Urquía decidió volver a trabajar como abogado en el año 2007 por considerar que su experiencia como juez contribuiría al éxito de su trabajo como abogado”. La referencia del periplo vital de Urquía es oportuna para hacernos una idea del funcionamiento de la Justicia en España: mientras que el juez corrupto ya ha rehecho su vida y ha pasado por tres bufetes distintos, el caso Hidalgo que comenzó a instruir aún está pendiente de sentencia y de los recursos posteriores.

Si se desinfla más el caso, no nos sorprenderá; pasó lo mismo con el Ballena Blanca, que comenzó con 50 detenidos y acabó con cinco condenados

De la espectacularidad aquella de una ciudad tomada por la Policía una mañana de abril, apenas ha quedado nada. De todos los detenidos, solo llegaron a juicio 14 imputados y, a la espera de sentencia, solo han quedado ocho personas: cinco abogados, para los que el Ministerio Fiscal pide 16 meses de prisión y 250.000 euros de multa, y tres clientes, con peticiones de entre cuatro y ocho meses de cárcel y multas que suman 14 millones de euros. A esas cantidades habría que sumar aún otros 10 millones de euros que deberían devolver al Estado como indemnización.

Por elevadas que parezcan, esas cifras no tienen nada que ver con las ofrecidas al principio. Tengamos en cuenta que, cuando finalizó la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción solicitó para los acusados de entonces 1.000 millones de euros en multas y más de 170 años de cárcel, además de indemnizaciones al Estado. Ya veremos en qué queda todo eso cuando llegue, en breve, la sentencia del caso Hidalgo, pero si todavía se desinfla más tampoco nos cogerá por sorpresa; ya pasó lo mismo en otro caso similar en Marbella, el conocido como Ballena Blanca, que comenzó con 50 detenidos y acabó con cinco condenados y los 250 millones de euros supuestamente banqueados se redujeron a dos millones en el juicio. Los dos casos, por cierto, fueron conocidos en su día como ‘el caso de los notarios’, pero resulta que al final no quedó imputado ningún notario… Quizá todavía nos falta perspectiva, pero, al final, igual acabamos pensando que, aunque existan casos malditos como este, que el juez es el primer corrupto y se mueren los principales imputados, a lo mejor el problema es que en España son más duras las penas de banquillo que las penas judiciales.

Matacán

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