Hazlo, Torra, desobedece

Hazlo, 'president' Torra, hazlo, por favor, honorable desquiciado, lleva al Parlament una propuesta de ruptura con el Estado español, o aprueba en el Gobierno un plan para reactivar la independencia que se interrumpió hace un año, completa la hoja de ruta que se consumió en sí misma, breve euforia de una candela de papeles. Parecía que el grave conflicto de deslealtad del independentismo de Cataluña podría resolverse con un ‘choque de trenes’, el temido ‘choque de trenes’ del otoño de 2017, con el que los españoles consumimos varios años de conversación y de temores, pero no ha ocurrido así.

Será necesario volver otra vez sobre nuestros pasos para recordarnos todos, una vez más, que nadie puede echarle desde la ilegalidad un pulso a un Estado de derecho y vencer, porque eso supone el fin mismo de ese Estado, del sistema democrático que lo propicia. Solo por la vía de las armas, de la confrontación bélica, del conflicto social armado, se puede vencer a la legalidad y hacer claudicar al orden constitucional, pero desde la legalidad nadie puede conseguirlo. Los independentistas no acaban de enterarse, esa es la cosa.

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Todo el mundo quiere evitar el ‘choque de trenes’, es verdad, aunque solo sea por ahorrarnos la utilización macabra de la metáfora, pero llega un momento en el que se convierte en la única salida posible a un conflicto. Eso fue lo que ocurrió en la primera fase de la revuelta y como todo aquel ambiente se vuelve a repetir ahora, lo mejor que podemos hacer es repasar otra vez las ventajas que tiene un ‘choque de trenes’.

Tiende el independentista a pensar que la política de hechos consumados, unida a la constante agitación callejera y a la provocación permanente, es suficiente para consumar una revuelta y tumbar la Constitución de un país como España. Solo pueden volver a la realidad cuando esa rutina ilusoria en la que viven los coloca ante un proceso penal y los envía a la cárcel, hasta que llegue el juicio. Como ya apuntamos aquí, el verdadero aniversario de la revuelta catalana, la efemérides que debe recordarse, es la del 16 de octubre de 2017. Ese fue el día en que una jueza de la Audiencia Nacional mandó a la cárcel a dos de los principales cabecillas de la afrenta al Estado, los llamados Jordis, y no pasó nada.

La angustia previa de la inmensa mayoría de los españoles era que ese hecho se produjera y, en Cataluña, la situación estallara de forma abrupta, violenta, pero no fue eso lo que ocurrió. Los Jordis fueron a la cárcel, y tras ellos medio Gobierno catalán, porque el otro medio se había fugado, y la única inercia que se estableció entonces fue la del implacable avance de la Justicia. Hasta hoy, que ya estamos a la espera de la vista oral, en unos días. Se celebraron hasta otras elecciones autonómicas a las que también se presentaron los que ya habían declarado formalmente la independencia y renegado del Estado de las autonomías.

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El error de cálculo político es que pensamos que todo aquello sería suficiente para que la situación cambiase radicalmente, para que los líderes independentistas recapacitaran sobre la imposibilidad de que una institución democrática, como la Generalitat de Catalunya, nacida al amparo de una Constitución votada masivamente por el pueblo catalán, pueda retar, desafiar y desobedecer al resto de las instituciones del Estado. Pensamos que también el pueblo catalán, y sus referentes intelectuales y artísticos, sindicales y empresariales, exigirían el final de esa espiral de locura autodestructiva que está hundiendo a Cataluña, que la mantiene a la deriva desde hace años, con una absoluta parálisis del autogobierno.

Es verdad que, tímidamente, surgen protestas que, por primera vez en mucho tiempo, tienen que ver con las penalidades de la gestión autonómica, con el empeoramiento progresivo de los servicios públicos. Y es verdad también que ahora, a diferencia de lo que ocurría hace un año, cuando solo alentaban y aplaudían, los principales medios de comunicación catalanes incluyen artículos en los que se acusa a los independentistas de estar causándole al autogobierno de Cataluña más daño del que podrían provocarle los más fervientes partidarios de una España centralista. Y se publican, y no se esconden, estadísticas como la que ayer señalaba que “la capacidad de Catalunya de competir fiscalmente para atraer y retener empresas se ha deteriorado en el último año y la comunidad ocupa en 2018 el último puesto del ‘Índice autonómico de competitividad fiscal”. Todo eso es verdad, pero no ha sido suficiente.

La revuelta de Cataluña tiene que resolverse con una lección fundamental en democracia, la de no volver a repetir lo mismo

Lo que en Cataluña, y en buena parte del resto de España, no se ha entendido aún es que la revuelta de Cataluña tiene que resolverse con una lección fundamental en democracia, la de no volver a repetir lo mismo. En un Estado de derecho se llama escarmiento. No se trata de ninguna venganza revanchista, ningún resquemor escondido, nada de deudas pendientes, es algo más elemental. Volvamos a las palabras que dejó aquí hace más de un año el filósofo y jurista Javier Gomá: “La teoría penal dice que las penas tienen dos funciones: la prevención especial, referida a quien comete el delito, para que no lo vuelva a hacer, y la prevención general, referida al resto de la población, que habrá escarmentado en cabeza ajena”. También Gomá, en aquella entrevista, pensaba que “si el independentismo vuelve a ganar en las elecciones, habrá escarmentado”, pero no es eso lo que ha ocurrido.

Por eso es tan importante que el 'president' Quim Torra se arme del coraje que reclama para otros y desobedezca al Estado, como hicieron todos los que le precedieron y ahora están en la cárcel o fugados. Hazlo, 'president', hazlo, propicia otro ‘choque de trenes’ que nos haga recordar a todos que sin ley no somos nada, que sin ley todo es caos, y que por eso nadie puede ganar ese pulso. Hazlo, 'molt honorable' desquiciado.