Almonte, terror en un cuchillo de queso

Cada asesinato que conocemos provoca una onda expansiva de terror. Por el miedo, por la tragedia, por el dolor, por la angustia. En el apacible pueblo de Almonte, en Huelva, asesinaron el 23 de abril de 2013 a un padre y a su hija de ocho años y, cuando se encontraron los cadáveres dos días después, los forenses quedaron espantados: hasta 151 puñaladas pudieron contar en los cuerpos de ambos, tendidos en el suelo tras un largo reguero de sangre. Lo que ocurrió después es que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargaron de la investigación fracasaron en todas las líneas de investigación que emprendieron para esclarecer los hechos. Sin embargo, pasados 14 meses del doble crimen, decidió detener a quien, hasta ese momento, estaba exento de toda culpa por la razón principal de que cuando se cometieron los asesinatos se encontraba trabajando en un supermercado: Francisco Javier Medina.

A partir de la existencia de ADN suyo en unas toallas, la UCO elaboró una tesis insostenible del asesinato que acabó derrumbándose en el juicio oral: un jurado popular lo declaró no culpable en un veredicto mayoritario, ocho de los nueve miembros respaldaron su inocencia. En España, una sentencia así es la excepción, porque lo habitual es que el jurado popular dicte más sentencias condenatorias que los tribunales profesionales; por encima del 95% de los casos, un jurado popular declara culpables a los enjuiciados. Pero no fue suficiente. Lo vivido por Medina desde que fue absuelto del doble asesinato es una intensa e implacable campaña de presión a los tribunales para que anulen la sentencia y vuelva a repetirse el juicio.

No se trata solo de recurrir la sentencia, algo habitual en todo proceso judicial, sino de acompañar cada recurso de entrevistas, concentraciones, reportajes, manifestaciones y protestas para señalar la culpabilidad de quien ha sido declarado inocente. La última fase de esa campaña está teniendo lugar estos días, desde principios de diciembre, coincidiendo con los días en los que el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Huelva, que ya fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Como la reunión del Supremo estaba anunciada para el pasado 11 de diciembre, la campaña en medios de comunicación comenzó el mismo día 1 del mes. En varios medios de comunicación escritos y, sobre todo, en los programas televisivos de la mañana se dio cuenta de la extraña ocultación de un cuchillo de grandes dimensiones, que había aparecido en las inmediaciones del domicilio de Francisco Javier Medina. La sorpresa mayúscula dio paso de forma inmediata a la especulación: alguien ha ocultado ese cuchillo para evitar que el asesino fuera declarado culpable.

Pero ¿es así? ¿Se ha ocultado el cuchillo? Y, sobre todo, ¿podría ser esa el arma utilizada en el doble asesinato? Esa es la cuestión, que nada de eso es cierto, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial: los informes elaborados por la Policía Local de Almonte que aclaran lo ocurrido. Todo se ha manipulado salvo el hecho cierto de que un día apareció un cuchillo: una vecina lo vio en el interior de una alcantarilla, llamó a la Policía Local, dos agentes se personaron, lo recogieron y se lo llevaron, metido en una bolsa. Para empezar, lo primero que se dice es que el hallazgo se produce en mayo o junio de 2017, es decir, unos meses antes de la vista oral, y no fue entonces, sino un año antes, en 2016.

¿Y quién lo arrojó a la alcantarilla, si el presunto culpable estaba en la cárcel desde dos años antes y la alcantarilla se limpiaba regularmente? Se supone que algún familiar o algún conocido, pero ¿y por qué iba a arrojarlo a una alcantarilla cerca de su propio domicilio? ¿Y cómo es que la Guardia Civil no lo encontró en los numerosos registros realizados? Y si apareció en 2016, ¿por qué no figura en el sumario?

Todas esas dudas se podrían plantear si, previamente, no existiera una razón más contundente para descartar cualquier especulación: el cuchillo aparecido no es el arma homicida. Cuchillos hay cientos, de todos los tipos y medidas, pero lo primero que se sabe tras el análisis forense del doble crimen de Almonte es qué dimensiones tiene el cuchillo utilizado por el asesino. Los forenses lo precisan: el asesino utilizó “un único instrumento mono cortante y con punta, aproximadamente de 1,5 centímetros de anchura y al menos 15 centímetros de longitud”.

En ocasiones, los propios investigadores señalan que el arma homicida de Almonte era un “cuchillo jamonero”, que tiene esas dimensiones. Cuando los agentes de la Policía Local llevaron el cuchillo a la Guardia Civil, lo descartaron a primera vista por la sencilla razón de que el cuchillo de la alcantarilla no se corresponde con el descrito en la escena del crimen. No tiene nada que ver, de hecho, el de la alcantarilla es “un cuchillo de unos 30 centímetros: 12 centímetros de puño, 18 centímetros de largo de hoja y 3,5 centímetros de ancho de hoja, de los utilizados habitualmente para cortar queso”.

Cuchillo jamonero, cuchillo de queso, nada que ver. Por eso lo descartó la Guardia Civil desde el primer momento. De ahí que ahora sea procedente preguntarse, ¿y si ya lo descartó, por qué algunos mandos de ese cuerpo han dicho ahora que desconocían la existencia de ese cuchillo, alimentando más aún las especulaciones? ¿Y por qué ha acabado todo en una nueva pieza separada del caso Almonte, si se tiene claro que no es el arma homicida? En ocasiones, los familiares de las víctimas, que tienen recurrida la sentencia absolutoria, han confesado en entrevistas televisivas que “la Guardia Civil sigue diciendo que ha sido Medina, cien por cien, que ellos ya han hecho su trabajo pero la Justicia lo ha dejado en libertad”.

De ahí la presión constante a los tribunales, cada vez que se acerca una decisión judicial. Esta vez, la polvareda levantada ha sido, quizá, más intensa que otras veces, más contundente, más dura, porque el Tribunal Supremo es la última instancia y una confirmación del veredicto absolutorio lo convierte en sentencia firme. La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, que se ha visto arrastrada por el lodo mediático, convocó una rueda de prensa para decir que “se acusa a este equipo de gobierno, a la inspectora jefa de la Policía Local y a agentes de un comportamiento irresponsable y delictivo como es encubrir un crimen, y eso es mentira. Hay distorsión, falsedad y falacia; se ha montado una historia de terror a costa de nuestra dignidad”. Una historia de terror a partir de un cuchillo de queso. Es la onda expansiva del crimen de Almonte, que continúa.