El 'macrobluf' de Mercedes Alaya

“A Mercedes Alaya ya solo puede salvarla Manuel Chaves”. La frase de uno de los compañeros de la famosa jueza sevillana podría constituir una de las mayores paradojas de la historia judicial contemporánea si, en realidad, no significara lo contrario de lo que expresa. ¿Cómo va a estar en manos del expresidente de la Junta de Andalucía la salvación de la mujer que más contribuyó a demoler el granítico poder de los socialistas andaluces? En realidad, lo que se quiere decir es que solo una condena penal de Manuel Chaves puede salvar ya el prestigio profesional de Mercedes Alaya como jueza, después de que los casos que instruyó se hayan desmoronado estrepitosamente con una larga lista de absoluciones.

Si el juicio de la ‘pieza política’ del fraude de los ERE, en el que están sentados en el banquillo tanto Manuel Chaves como su sucesor en la presidencia andaluza, José Antonio Griñán, acaba también con una sentencia absolutoria, el cuestionamiento de Alaya como jueza de instrucción será irreversible. Pero no solo de ella, también lo ocurrido en Andalucía debería servir para que en España se abra un debate formal sobre las macrocausas judiciales y, más allá, sobre la instrucción de los procesos penales. Quiere decirse que aunque los casos de corrupción política tiendan a generar ‘macrocausas’, por la implicación de distintas administraciones y el descubrimiento de auténticas redes delictivas, es un despropósito que toda esa ingente investigación recaiga sobre una sola persona, como ha ocurrido con Mercedes Alaya: hubo etapas en las que en su mesa de despacho había procedimientos que sumaban cientos de procesados y miles de millones presuntamente defraudados.

Lo ocurrido en Andalucía debería servir para que se abra un debate formal sobre las macrocausas judiciales y la instrucción de los procesos

El caso de Mercasevilla es especialmente simbólico, porque se trata de un caso que, en su día, supuso que se abriera la caja de Pandora de todos los procesos judiciales contra la Junta de Andalucía. Primero fue Mercasevilla y luego surgió, se desató, todo lo demás: el fraude de los ERE, los cursos de formación, Invercaria, las subvenciones a los sindicatos… Lo impactante ahora es contemplar lo que supuso políticamente aquel escándalo de Mercasevilla y compararlo con lo que ha ocurrido en los tribunales, donde se ha desinflado completamente. De las 36 personas procesadas, para las que se pedían decenas de años de cárcel y cuantiosas multas, solo han sido condenadas dos, y con penas irrisorias, de acuerdo a las peticiones a las que se enfrentaban.

En cualquier otro orden de la vida profesional, un balance así solo puede interpretarse como un sonoro fracaso. Y, quizá, la explicación de todo se encuentra en la forma de instruir de Mercedes Alaya que, a partir de una denuncia muy concreta, flagrante, edificó una macrocausa con delitos que, en su inmensa mayoría, no se han podido probar. Quizá pensó la jueza que, como estaba tan clara la denuncia inicial, le bastaba con tirar de ese hilo para demostrar el sistema corrupto y clientelar de la Junta de Andalucía. Pero no ha sido así, y las dos únicas condenas que ha conseguido la jueza han sido las de las dos personas, los dos exdirigentes de Mercasevilla, a quienes unos empresarios grabaron mientras pedían una ‘mordida’ de 300.000 euros para la Junta de Andalucía, que era una tercera parte del dinero que habían recibido como subvención de la Consejería de Empleo. Merece la pena recordar cómo esos dos tipos explicaban, con el mayor desparpajo, cómo funcionaban las cosas en la Andalucía del PSOE: “La Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora. De todas las subvenciones que habitualmente recibimos, siempre hay que destinar una parte, una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice. Si la Junta nos dice que esto es para los niños saharauis, yo me creo que es para los niños saharauis… Serán para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis…”.

Donde Alaya veía una clarísima ilegalidad, la sentencia afirma que todo se hizo "con seguimiento exhaustivo del procedimiento administrativo"

¿Era suficiente esa declaración para convertir en sospechosa toda la gestión de Mercasevilla? ¿Incluso para extenderla luego a toda la Junta de Andalucía? Eso es lo que intentó Alaya, pero todos los delitos que ella quiso encontrar, y que la Fiscalía Anticorrupción acabó respaldando, se han demostrado inexistentes o, por lo menos, imposibles de probar. Por ejemplo, una venta de suelo en Mercasevilla, un proceso judicial en el que todos, absolutamente todos, los procesados salieron absueltos. Y lo peor no era eso; lo más desconcertante es que donde Mercedes Alaya veía una clarísima ilegalidad, y la definía con palabras gruesas como ‘paripé’ o ‘montaje’, la sentencia definitiva afirma que todo se realizó “con un seguimiento exhaustivo del procedimiento administrativo”. Que se equivoque Alaya en su apreciación podría entenderse, porque errar es humano, pero cómo es posible que los investigadores policiales y la Fiscalía Anticorrupción no hayan sido capaces de poner algunos reparos durante la instrucción.

Las dos acepciones que da la Real Academia a la palabra ‘bluf’ se podrían corresponder con la sensación que se está extendiendo en los juzgados sobre el desolador final de las grandes macrocausas que abrió Mercedes Alaya. La primera acepción es la de “montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso”; la segunda acepción es la de “persona o cosa revestida de un prestigio falto de fundamento”. Como sostiene uno de sus compañeros, si una condena a Chaves en el juicio de los ERE no ‘salva’ a Mercedes Alaya, nada ni nadie podrá evitar un juicio severo a aquella etapa vertiginosa de la política andaluza que, al final, acabó en un escandaloso ‘macrobluf’.