Mamá, quiero ser okupa

El problema de España es que, de forma general, los poderes públicos actúan con un cinismo corrosivo, que es el que nos llevará hasta la joven okupa de la manicura

Foto: Okupas desalojados por orden judicial de un edificio de Granada. (EFE)
Okupas desalojados por orden judicial de un edificio de Granada. (EFE)
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Cuentas con cara de incredulidad lo que acaba de ocurrirte en la manicura: a tu lado, una joven, que también se estaba haciendo las uñas, le contaba con toda naturalidad a la esteticista que estaba preocupada porque, en la última quincena de agosto, se va de vacaciones con su pareja y no quiere que le ocupen el piso que ella habita como okupa. ¿Perdona?

A ver, repítelo de nuevo, que no puede ser: pues sí, una joven, en torno a los 25 años, estaba preguntándole a su amiga, la esteticista, que a ver si conocía a alguien de confianza que le hiciera el favor de irse a vivir a su piso durante dos semanas, porque se iba con su novio a Torremolinos, un todo incluido, y no quería arriesgarse a que le ocuparan el piso de okupa en el que vive. En el bar en el que trabaja le han dado vacaciones y el cuerpo le pide playa.

“Que sí, que serán okupas pero no son tontos; unos sinvergüenzas”, has dicho como quien pega un golpe en la mesa. “Entre tanto, aquí, unos cuantos gilipollas pagando impuestos cada vez mayores. Y que no se te olvide pagar un mes el agua o la luz, porque te la cortan sin contemplaciones; a ellos, jamás”. “¿Cuántas clases de ciudadanos hay en España, a ver, dime?”. Y con la pregunta así, colgada en el aire, has resoplado.

No es fácil contestar a esa pregunta porque, para ser sinceros con nosotros mismos, lo que tendríamos que considerar, antes que nada, es que, es verdad, que todos los ciudadanos no son iguales porque algunos, muchos miles, no pueden trabajar aunque quieran, se les ha agotado el paro y malviven con pequeñas ayudas, en los comedores de Cáritas o el Banco de Alimentos. Han perdido la esperanza de encontrar un empleo porque reúnen todos los requisitos como parados de larga duración, y hace años que tuvieron que dejar la casa en la que vivían porque no podían con la hipoteca. ¿Quién les garantiza el derecho a una vivienda que consagra la Constitución?

Lo dice bien claro el artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y ya sabemos que ese derecho fundamental, porque se especifica así, “un derecho fundamental”, no se cumple. Ocurre, sin embargo, que, aunque eso suceda, la respuesta no puede ser la patada en la puerta de la vivienda de otro. Los derechos no se toman al asalto, no puede ser; esa no es la justa reivindicación de un derecho porque, al hacerlo, se está vulnerando el derecho de los demás, en ese caso, del propietario legítimo de la vivienda. Aun así, los cálculos más modestos estiman que hay unas 100.000 viviendas ocupadas.

El problema de España es que, de forma general, los poderes públicos actúan con un cinismo corrosivo, que es el que nos llevará hasta la joven okupa de la manicura. Además de la bonita definición del derecho fundamental, la Constitución señala también quién es el responsable de que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho” a una vivienda digna y adecuada.

Lo que ha ocurrido desde la llegada de la crisis es que el fenómeno se ha extendido, aunque ya existía antes, y el incumplimiento sistemático de las administraciones públicas de su deber constitucional ha convertido la ocupación de viviendas en un hábito para muchas personas. En vez de proporcionar viviendas asequibles, se ‘tolera’ la ocupación y en esa permisividad se mezclan la necesidad y la miseria con el abuso y la desvergüenza.

Es posible que en todas las grandes ciudades españolas existan ejemplos, conocidos por los vecinos, en los que el ayuntamiento permite que un grupo de personas haya ocupado unas viviendas y que conecte ilegalmente el servicio de electricidad y de agua con la certeza de que jamás llegará una inspección municipal para cortar esos suministros. Es más, se han dado casos de obras municipales en las que las compañías suministradoras han anulado el servicio en esas zonas, porque oficialmente no figuraba nadie de alta, y, al poco, han recibido la orden municipal para que lo restablecieran para que siguieran haciendo uso los piratas.

Lo inevitable, que es lo que puede estar sucediendo en España, es que todo esto cree una mentalidad de pirateo, la normalización del pirateo; es decir, individuos que aunque tengan condiciones laborales y personales equiparables al resto de ciudadanos que sí pagan su vivienda, con todos los gastos que conlleva, optan por la ocupación. Además, siempre habrá quien lo justifique, quien lo revista de una valiente forma de lucha contra el sistema capitalista que los oprime. Solo hay que dar un paseo por la web y se encuentran páginas de asesoramiento para okupas, cómo entrar, cómo responder a las denuncias, cómo prolongar los plazos judiciales…

En algunas ciudades, existe, incluso, una red perfectamente organizada de ocupación de viviendas, de forma que quien quiere acceder a ese ‘servicio’ se pone en contacto con ellos y recibe indicaciones precisas del piso que puede okupar. Ahí es donde llegamos a esa mujer de la manicura, preocupada solo porque, durante sus vacaciones, alguien okupe su piso de okupa. Ya sé que es difícil contestar a la pregunta, porque hablar del problema de la vivienda en España supone remontarnos a la vulneración masiva de un derecho fundamental, pero en su caso y en el de todos los que son como ella, solo existe una respuesta: despreciables caraduras con trazas de delincuentes.

Matacán
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