Y ahora, la sentencia de los ERE

Lo único que se sabe de la sentencia de los ERE, que está al salir, es que tiene el mismo grosor que el Quijote. Más de 1.000 páginas, el doble que la sentencia del ‘procés’ por la revuelta independentista catalana; todo lo demás se ignora.

La complejidad de esta sentencia es tan enorme, se deben dilucidar tantos aspectos técnicos y jurídicos, que, al final, paradójicamente, convierte en simple y elemental el único parámetro social por el que se valorará: ¿debe condenarse a los políticos del PSOE que gobernaban la Junta de Andalucía por el enorme fraude de los ERE o, por el contrario, no tenían una responsabilidad penal directa sobre lo sucedido? La pregunta no es fácil de contestar, no lo ha sido desde el principio de este proceso y, quizá por esa circunstancia, la llamada ‘pieza política’, que ha sido la primera en juzgarse, fue una de las últimas en instruirse.

TE PUEDE INTERESAR

Visto para sentencia el juicio de los ERE tras 152 sesiones y más de un año

Efe

La duda principal radica en si quien diseña un sistema de subvenciones opaco debe vincularse a las irregularidades que se cometen en el manejo de ese sistema. Políticamente, parece claro que son responsables, de hecho, todos acabaron dimitiendo, pero ¿también lo son penalmente? A la mayoría de ellos, con Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, a la cabeza, no se les acusa de haberse lucrado personalmente, ni siquiera de haber financiado al Partido Socialista.

Es más, la mayoría del dinero de los ERE, más del 80%, fue a parar a manos de trabajadores prejubilados a los que nadie reclama nada. Los políticos no se llevaron ni un céntimo, pero bajo su gobierno se adjudicaron de forma opaca e irregular 680 millones de euros, que fue la cifra final que aportó la Fiscalía de la supuesta malversación de fondos.

Cuando finalizó en diciembre de 2018 la vista oral de la ‘pieza política’ de los ERE —quedan un sinfín de juicios más pendientes de celebración, que no se sabe siquiera cuándo se realizarán—, comenzó a redactarse la sentencia que tiene de plazo hasta este sábado, 26 de octubre, para finalizarla y hacerla pública. En todos estos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha mantenido ‘liberado’ de otras obligaciones judiciales al ponente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ni siquiera se ha cogido vacaciones este año para poder cumplir con el plazo.

Aún podría solicitar una nueva ampliación, pero no parece probable que suceda, a 48 horas de que finalice ese periodo de 10 meses que ha transcurrido desde el final del juicio. Con lo cual, lo normal sería que a principios de la semana que viene se diera a conocer la sentencia, justo en los albores de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre (Pedro Sánchez debe estar pensando que ya no puede pasarle nada más en esta campaña electoral, pero ha sido él quien la ha convocado…).

Es verdad que, hasta hace un par de años, en la Justicia española existía una especie de ‘acuerdo tácito’ para no interferir en los procesos electorales con sentencias o resoluciones, pero hace tiempo que esa regla no escrita no se cumple siempre. Ahí está la sentencia del 'procés', con los partidos políticos volcados ya en la precampaña electoral. Esta misma causa del ‘macroproceso’ de los ERE ya ha irrumpido en varias ocasiones en procesos electorales y la tardanza en redactar la sentencia desaconsejaría un nuevo aplazamiento, hasta finales de noviembre o diciembre, pero tampoco se puede descartar.

Hasta el momento, la especulación más extendida entre los juristas que se han interesado por el caso es que la sentencia de la ‘pieza política’ de los ERE podría acabar exonerando a Manuel Chaves y volcando la responsabilidad mayor sobre José Antonio Griñán. Los dos fueron presidentes de la Junta de Andalucía, pero la mayor inculpación de Griñán sobre Chaves vendría dada por su etapa anterior de consejero de Economía y Hacienda de la Junta andaluza, que es la que elaboraba la famosa partida 31L de los presupuestos, el ‘fondo de reptiles’ de los ERE, como lo llamó el peculiar director general de Empleo de la época, Javier Guerrero, el del chófer de la cocaína y el de los millones concedidos a cuenta del fondo ‘pormisco’, por mis cojones.

TE PUEDE INTERESAR

Griñán se niega a declarar por los ERE en la comisión de investigación del Senado

EP

Precisamente por la presencia de algunos ex altos cargos como Javier Guerrero sentados en el banquillo al igual que Chaves y que Griñán, lo que podría descartarse es que la sentencia de esta ‘pieza política’ de los ERE se resuelva con una absolución generalizada de los procesados.

Hay precedentes cercanos de otros juicios, cuya instrucción también corrió a cargo de la magistrada Mercedes Alaya, en que todos los procesados quedaron absueltos, como el caso de una venta de suelos de Mercasevilla en la que esta jueza quiso ver numerosos delitos que luego no se demostraron. No parece que ese vaya a ser el caso de la sentencia de los ERE.

Ni siquiera los abogados de la mayoría de los altos cargos procesados (también están ahí personajes tan relevantes en la política andaluza durante años como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez) esgrimieron en su defensa la inexistencia del fraude, pero la desvincularon de todos ellos por “la vaguedad”, “la inconcreción” o “la insuficiencia” de las acusaciones. Que es, justamente, el punto en el que se vuelve a la duda inicial, fundamental, de esta sentencia de los ERE que está al caer.

El uso grosero, desvergonzado, de fondos públicos que se tendrían que haber destinado a paliar el paro en Andalucía no lo discute nadie, pero ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad penal directa de ese escándalo? Para la Fiscalía está claro, quien diseñó un sistema opaco de concesión de ayudas debe acarrear con las consecuencias y en ningún momento alegar que desconocía lo que estaba pasando.

Al final, lo dicho: una sentencia con tantas páginas como el Quijote y una sola duda, tan escueta como la que acabamos de superar en Cataluña. De ‘rebelión o sedición’ pasamos a ‘ignorancia o complicidad’.