Los ideólogos de la corrupción clientelar

Quisieron echarle la culpa al apuntador, que pasaba por allí, pero esta vez no les ha salido bien. Una sentencia demoledora se les ha echado encima, como si fuera un verdadero alud

Foto: El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, llegando a la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia. (EFE)
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, llegando a la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia. (EFE)
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Quisieron echarle la culpa al apuntador, que pasaba por allí, pero esta vez no les ha salido bien. Querían lavarse las manos, alejarse de toda responsabilidad por el vergonzoso fraude de los ERE, pero una sentencia demoledora se les ha echado encima, como un alud. Manuel Chaves, sobre todo, y una veintena de altos cargos que fueron sus subordinados durante 10 años están ya fijados para siempre en la cúpula de la pirámide de responsabilidades penales que dibujó en su día la jueza Mercedes Alaya.

Ni Chaves ni José Antonio Griñán, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía que han sido condenados, se llevaron ni un solo céntimo de la trama de los ERE, pero diseñaron y pusieron en práctica un sistema de subvenciones para mantener nutrida la red clientelar del socialismo andaluz y para llevar la paz social allí donde más convenía a los intereses políticos del PSOE de Andalucía.

No se llevaron ni un céntimo, pero son responsables de que otros se lo hayan llevado o, simplemente, de que ese dinero se haya despilfarrado. Si había ratas en el sótano, la culpa es de quien construyó el sótano. Esa es la novedad de esta sentencia con respecto a otros casos de corrupción en que los principales responsables políticos, la cúpula de otras pirámides de la corrupción, se difuminan en la nube certera de la falta de pruebas ante un tribunal.

Otras veces se ha apuntado aquí que la soberbia, la prepotencia, la falsa sensación de impunidad de la que se imbuye un dirigente político constituyen siempre el principio del fin de su trayectoria. Porque comete errores que la prudencia, el temor a la ley o la simple cautela le hubieran desaconsejado.

Eso es lo que llevó a Chaves a inscribir su nombre, como presidente de la Junta de Andalucía, en la planificación y ejecución de un doble engaño, prolongado en el tiempo, que tenía como único objetivo camuflar el sistema creado para poder conceder subvenciones millonarias a pleno antojo. No solo se burló la legalidad sino que se ocultó con artimañas presupuestarias.

Los ideólogos de la corrupción clientelar

Vayamos a un resumen, con entrecomillados de la sentencia, que puede aclararnos en qué ha consistido este fraude: lo que hizo la Junta de Andalucía fue crear un sistema de transferencias presupuestarias que le permitía repartir cientos de millones de euros sin “los procedimientos legalmente establecidos (…) lo que favoreció un descontrol absoluto”. En el centro de ese sistema, situó al director general de Empleo, que pasó de no tener competencias legales para conceder subvenciones a disponer de un poder absoluto para otorgar todas las que quisiera sin tener que justificar ni documentar nada, “puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos, gracias al previo traspaso de los fondos”.

Tanto es así, que en los 10 años que duró el fraude, “no fue fiscalizado ni uno solo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas”. Ni un solo céntimo de un total de 680 millones de euros. ¿Y cómo escondió el Gobierno andaluz todo ese fraude? Lo que hizo fue utilizar un procedimiento legal, lo que se conoce como ‘transferencias de financiación’, para encauzar todo el dinero que pensaba repartir, pero sin que nadie pudiera seguirle el rastro.

Pensemos —como imagen gráfica— en los botes de dinero que succionan los tubos de los supermercados; pues la Junta de Andalucía ideó una técnica presupuestaria equivalente que enviaba los fondos hasta el despacho del director general de Empleo. El único problema estaba en que “las transferencias de financiación siempre han tenido, y en la actualidad siguen teniendo, la misma finalidad”, que es cubrir las pérdidas de empresas o entidades públicas, y el dinero que llegaba al ente público desde el que se pagarían las subvenciones (primero el IFA, luego IDEA) salía tal como entraba, pero no generaba gasto interno alguno, es decir, “no originaba en aquella ningún gasto, y, en consecuencia, ninguna pérdida”, con lo que “era aritméticamente necesario hacer figurar en IFA-IDEA gastos ficticios que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario de esta. Por ello, año tras año, se introdujeron en el presupuesto de IFA-IDEA gastos ficticios que nunca se iban a producir”. En resumen, una trampa, una ilegalidad, que se camufló con una mentira: ese es el fraude de los ERE.

Los ideólogos de la corrupción clientelar

Cuando los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, y todos en el PSOE andaluz, se vieron sorprendidos, lo que intentaron fue, como sucede en otros casos de corrupción, buscar un ‘chivo expiatorio’, alguien que cargase con todas las culpas. Lo del director general de Empleo, Javier Guerrero, estaba muy claro, sobre todo cuando se conocieron sus escándalos de champán y cocaína pagados con dinero de los ERE.

Guerrero encarnaba fielmente el perfil de uno de los “tres o cuatro golfos” a que el aparato socialista andaluz ha querido reducir siempre el escándalo. Pero hacía falta más: las otras dos víctimas elegidas eran los técnicos; si se produjo el fraude ante las narices del Gobierno andaluz fue, fundamentalmente, porque el interventor no lo avisó convenientemente.

Tan chusco como eso, porque el interventor general sí que lo había advertido, hasta en 15 ocasiones, pero lo culparon de no haberlo hecho con la suficiente contundencia. Sucedió así, aunque parezca broma; fue, de hecho, la conclusión a la que llegó el PSOE en una comisión parlamentaria de ‘investigación’, ya con Susana Díaz de consejera de Presidencia.

Los ideólogos de la corrupción clientelar

La clave fundamental para entender la contundencia de esta sentencia sobre los ERE radica, precisamente, en el hecho de que los dos únicos absueltos hayan sido los técnicos, ningún político. Solo el interventor general y el jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía han convencido al tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla de que no participaron ni en el diseño ni en la ejecución de la trama de los ERE. Ni sus opiniones eran vinculantes ni participaban con voto en las reuniones. Y eso, según la sentencia, los exculpa.

Lo contrario que el resto de condenados, empezando por Chaves, por la lógica aplastante, palmaria, de que “cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía”. Si esta era la ‘pieza política’ de los ERE, la sentencia hace honor a su nombre. Querían lavarse las manos y su efigie ha quedado grabada en el vértice de la pirámide.

Matacán
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