Santa Bárbara, el último escándalo andaluz

La gravedad de la noticia adquiere su relieve por el lugar en el que se produce y por las circunstancias que la rodean, sin embargo, apenas ha trascendido de los titulares; nadie parece escandalizarse de que algo así suceda: una de las regiones con más paro de Europa y una de las provincias con más desempleo de España acaba de perder el mayor contrato de la historia del Ministerio de Defensa. Más de dos mil millones de euros de dinero público español que acabarán, según dicen, en Alemania o en Estados Unidos.

Pero no se queda ahí, la noticia va más allá en su relevancia cuando se repara en que el pufo se produce a partir de una decisión de un Gobierno, el socialista de Pedro Sánchez, abiertamente enfrentado al que preside el líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Estamos acostumbrados a que el sectarismo, el partidismo, no tenga límites en la política española, en la confrontación no suelen existir las líneas rojas ni nadie las reclama, pero cómo entender que el enfrentamiento partidista se haga incuso a costa del bienestar de los ciudadanos, de lo más elemental, que es el derecho a un puesto de trabajo. Pero ¿realmente se trata de eso, estamos ante una nueva ofensiva del Gobierno socialista para asfixiar la Junta de Andalucía ahora que ya no la gobierna el PSOE?

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Juanjo Fernández

Quizá el Ministerio de Defensa tiene razón y el problema es que la empresa no se ha tomado en serio la importancia de ese contrato que ha dejado volar al extranjero, sin que el Gobierno andaluz se haya dado por aludido. Veamos.

La historia arranca el 12 de julio pasado, cuando el Consejo de Ministros autoriza una renovación completa de la flota de vehículos de combate del Ejército español; se trata de sustituir los actuales, que son de distintos modelos, por un blindado común diseñado con una aerodinámica abierta y modular, un vehículo de combate sobre ruedas, el VCR 8x8, que es como se llama el prototipo conocido como Dragón. En total, la fabricación y desarrollo de 345 blindados por 2.083 millones de euros en una primera fase y hasta 998 vehículos más en las fases sucesivas, hasta rozar los cuatro mil millones, 3.836 millones, el mayor contrato armamentístico de la historia del Ejército de Tierra.

En cuanto se tomó la decisión, ese mismo mes de julio, el contrato se le encargó a la empresa que es referencia en España en la industria militar, Santa Bárbara, que cuenta con una sede principal en Sevilla, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, a pocos kilómetros de la capital, además de una filial en Trubia, en el Principado de Asturias. La vinculación de Sevilla con la industria militar hunde sus raíces en la historia a través de la Real Fábrica de Artillería, que se fundó en 1565, para fabricar los cañones con los que los galeones españoles se defendieron de asedios militares o de los ataques de piratas en el negocio de América. Se fabricaban o se fundían, como los cañones capturados a los marroquíes en la Batalla de Wad-Ras, de la Guerra de África, que sirvieron para crear en esa Real Fábrica de Artillería sevillana los dos leones que guardan las puertas del Congreso de los Diputados.

Con el paso de los años, la Real Fábrica se transformó en la empresa pública Santa Bárbara, dependiente del Instituto Nacional de Industria, y ya en democracia, pasó a manos de General Dynamics Corporation, de capital estadounidense, en uno de los procesos de privatización desarrollados tras la integración en la Unión Europea. Lo que no cambió, sin embargo, fue su estrecha vinculación con el Ministerio de Defensa, entre otras cosas por las razones de seguridad nacional que aconsejan que el armamento de un país se fabrique prioritariamente en ese país. Por ese motivo, el ‘súper contrato’ de carros blindados se adjudicó directamente a Santa Bárbara, como venía siendo habitual. Lo sorprendente ha sucedido ahora, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado la ruptura de ese contrato, la decisión del Gobierno socialista de declarar el concurso desierto y de convocar otro a nivel internacional.

Lo que dice el Ministerio de Defensa es que ha inadmitido la oferta de Santa Bárbara basándose en unos informes que afirman que existen problemas técnicos y económicos: por un lado, "el alcance del suministro ofertado es inferior al requerido en el pliego de prescripciones técnicas"; y, por otro lado, "no existe trazabilidad entre los documentos que conforman la oferta, siendo esta un elemento esencial y fundamental para realizar su análisis económico" y no se adjunta "ninguna partida económica asociada a riesgos”. La propia ministra justificó el portazo, con un aire de decepción: “Lamentamos profundamente que una empresa como Santa Bárbara, a última hora, haya dado marcha atrás y no haya cumplido el contrato”.

¿Y si, en el fondo, lo que ocurre es que ha habido un recorte en Defensa tras el acuerdo del PSOE con Podemos para que Sánchez sea presidente?

La empresa, sin embargo, lo niega tajantemente, hasta el punto de que seguirá peleando por ese contrato. Según dice, ni se puede afirmar “que Santa Bárbara Sistemas se haya echado atrás" ni que la oferta presentada no cumpliera el pliego de condiciones en los aspectos que se señalan, técnicos y económicos”, y pone como aval su amplísima experiencia contrastada históricamente. De soslayo, la empresa desliza que es el Ministerio de Defensa el que ha cambiado y que, tras realizar la oferta, ahora se han presentado problemas presupuestarios que se intentan disimular.

¿Debemos pensar que lo que esconde esa controversia es la rivalidad política de la que se hablaba antes? ¿Y si, en el fondo, lo que ocurre es que ha habido un recorte de presupuesto en Defensa tras el acuerdo del PSOE con Podemos para que Pedro Sánchez sea presidente? ¿Reaccionará la Junta de Andalucía como en la polémica de la financiación, cuando el Ministerio de Hacienda prohibió a la Administración andaluza acudir a los mercados internacionales por los incumplimientos de déficit habidos durante la etapa socialista en el Gobierno andaluz? Como la noticia ha surgido en plena fiesta navideña, la controversia se ha limitado a algunos titulares de prensa, sin más, sin el relieve adecuado este último escándalo del año en Andalucía, que se evapore un contrato de dos mil millones en la tierra del paro. Dos mil millones, curiosamente la cifra que se ofreció en su día como montante global del fraude de los ERE. Pues eso.