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Un fiscal en el maletero
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Javier Caraballo

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Un fiscal en el maletero

Ya no estamos en el tiempo de ese bochorno de fiscales en el maletero, pero el fortalecimiento del poder judicial es, más que nunca, una necesidad

Foto: La fiscal general del Estado, Maria José Segarra, saluda a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE)
La fiscal general del Estado, Maria José Segarra, saluda a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE)

Desde hace meses, en la Fiscalía dan por hecho que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se va a cargar sin contemplaciones a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y esa sí que es una noticia preocupante porque ha quedado demostrado que, tal y como están las cosas en España, lo único que puede consolarnos es un poder judicial riguroso, prestigiado e independiente. Frente a los que a diario pronostican el apocalipsis de la destrucción de España y el final del Estado de derecho, pero también frente a los peligrosos frívolos que piensan que el cumplimiento de la ley en una democracia es un elemento más de negociación; frente a todos esos, la franja de ciudadanos españoles que no se levantan a diario tirándose de los pelos confía por encima de todo en la solidez del poder judicial para frenar los desvaríos de unos y de otros. Que un Gobierno pueda cambiar a su antojo al fiscal general del Estado, como si fuera un ministro más, es una anomalía en nuestro sistema —aunque exista en otros— que debería corregirse.

Cada vez que se habla de la necesidad de aprobar medidas de regeneración democrática, se eluden aquellas que deberían fortalecer al poder judicial porque la clase política siempre ha mirado la Justicia con un aire de tutela, como si fuera el hermano pequeño de los poderes del Estado. Hay que insistir en que, después de lo que llevamos visto, tras las amenazas populistas que aparecen por todo el mundo, las democracias tienen que blindarse de los ataques con ese equilibrio interno entre poderes, ese juego de contrapesos que da estabilidad al sistema.

Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con sus equipos, tras la firma del pacto de PSOE y UP, este 30 de diciembre en el Congreso. (Dani Gago | Twitter)

Sentado lo anterior, lo que no podemos ignorar tampoco es que si Pedro Sánchez se quiere quitar de en medio a María José Segarra, ha sido, precisamente, porque el Gobierno de la nación no puede imponer su criterio a la Fiscalía en aquellos juicios que le interese. Muchas veces, por ignorancia, por intereses bastardos o por simple provocación, se habla de los fiscales como si fueran un ejército adiestrado a las órdenes del Gobierno de turno; como si se volvieran todos ellos de derechas cuando gobierna un partido de esa ideología y luego de izquierdas cuando cambia la tortilla.

Es verdad que son las propias asociaciones judiciales, tanto las fiscales como las judiciales, las que contribuyen en muchas ocasiones a esa confusión, pero esa ya es otra historia. La cuestión fundamental es que la dependencia jerárquica por la que se rige el Ministerio Fiscal en España lo único que garantiza es que los fiscales siempre van a actuar siguiendo unos principios de unidad de criterio y de actuación en los procedimientos judiciales. La dependencia jerárquica no supone que sea el Gobierno el que marca las pautas de actuación de los fiscales, por mucho que algunos lo repitan.

Este ejemplo de Segarra debería ser bien elocuente, porque también a ella, cuando fue nombrada, se le presumía un acercamiento estrecho al PSOE, por su pasado en Andalucía como fiscal jefe de Sevilla, y ya estamos viendo cómo ha acabado la cosa. Pero, sobre todo, lo que hemos visto es cómo ha actuado la Fiscalía en algunos de los juicios que más le interesaban, o afectaban, al Gobierno socialista, como el de la revuelta independentista o el de los ERE en Andalucía. En el 'procés', la Fiscalía del Tribunal Supremo mantuvo firme su criterio del delito de rebelión frente a las presiones y a los agoreros que daban por sentado lo contrario; en el juicio de los ERE, la sentencia, de una dureza extraordinaria, asume casi todas las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción contra los dirigentes del PSOE que gobernaban la Junta de Andalucía.

En Radio Nacional, le preguntaron que cómo pensaba hacerlo y, tan pancho, dijo: "¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está…"

Todavía se recordará el famoso ‘lapsus’ de Pedro Sánchez en la última campaña electoral, cuando se comprometió a traer a España a Carles Puigdemont, si lo elegían presidente, para que fuera juzgado como los demás líderes de la revuelta catalana. En Radio Nacional, le preguntaron que cómo pensaba hacerlo y, tan pancho, dijo: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está…”. Tuvo que pedir disculpas y decir que había sido un lapsus, pero no se trataba de ninguna equivocación. Eso es lo que piensan los políticos cuando alcanzan el poder, que pueden intervenir cada vez que quieran en los asuntos judiciales por el mero hecho de que la ley incluya la posibilidad de que el Gobierno pueda 'interesar' al fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales de Justicia determinadas actuaciones que se considere que contribuyen a la defensa del interés público.

Si Pedro Sánchez pensaba que la Fiscalía actuaría de otra forma, ya está viendo que se ha equivocado. Y si piensa ahora —colocando en el lugar de María José Segarra a Pedro Crespo— que la Fiscalía se va a convertir en una alfombra, se volverá a equivocar, porque eso no está al arbitrio de lo que decida, ni siquiera, un fiscal general del Estado. Dicen que Pedro Crespo es una persona de mayor confianza de Pedro Sánchez, como lo fue en época de Zapatero Cándido Conde-Pumpido, con quien coincidió, precisamente, en aquella etapa.

Ya veremos qué ocurre y nada debería extrañarnos, porque ya en España, en aquellos años del felipismo, la degradación del puesto llegó al extremo humillante de aquel fiscal general que acudía ‘clandestinamente’ a las reuniones sobre el juicio de los GAL escondido en el maletero de un coche. Las cosas han cambiado, la democracia española, en muchos de esos aspectos, se ha fortalecido, y si el relevo de María José Segarra les parece a algunos una prueba evidente de manipulación del Gobierno, que aprovechen la ocasión para enviar al Congreso una reforma profunda del mecanismo de elección del fiscal general del Estado, entre otras muchas reivindicaciones de jueces y fiscales. Ya no estamos en el tiempo de ese bochorno de fiscales en el maletero, pero el fortalecimiento del poder judicial es, más que nunca, una necesidad.

Desde hace meses, en la Fiscalía dan por hecho que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se va a cargar sin contemplaciones a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y esa sí que es una noticia preocupante porque ha quedado demostrado que, tal y como están las cosas en España, lo único que puede consolarnos es un poder judicial riguroso, prestigiado e independiente. Frente a los que a diario pronostican el apocalipsis de la destrucción de España y el final del Estado de derecho, pero también frente a los peligrosos frívolos que piensan que el cumplimiento de la ley en una democracia es un elemento más de negociación; frente a todos esos, la franja de ciudadanos españoles que no se levantan a diario tirándose de los pelos confía por encima de todo en la solidez del poder judicial para frenar los desvaríos de unos y de otros. Que un Gobierno pueda cambiar a su antojo al fiscal general del Estado, como si fuera un ministro más, es una anomalía en nuestro sistema —aunque exista en otros— que debería corregirse.

Pedro Sánchez