El dilema de Trapero, el único arrepentido

El segundo gran juicio contra la revuelta independentista de Cataluña plantea un dilema inédito en este proceso judicial: si Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d’Esquadra, es el único de los protagonistas de la declaración de independencia de Cataluña que se muestra crítico y arrepentido, ¿merece un trato judicial más benévolo que el del resto de procesados que se reafirman en que lo volverán a hacer?

Es pertinente que nos hagamos esta pregunta porque el talante que demuestra Trapero en esta declaración es diametralmente opuesto al del resto de los procesados. Más aún, podría afirmarse, sin lugar a dudas, que si todos los que participaron en la revuelta independentista tuvieran el discurso de Trapero, tendríamos muy claro que lo ocurrido en el otoño de 2017 no volverá a producirse. Veamos. Pero antes, una acotación sobre el carácter autodestructivo de España: inexplicablemente, la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional está pasando casi desapercibida, sin duda alguna por la contaminación ambiental promovida por las iniciativas del Gobierno. De repente, parece que lo fundamental es lo que decida el Gobierno y no los tribunales, con lo que conlleva de desprecio a la labor de jueces y fiscales. Es un disparate más.

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El interrogatorio de Trapero en el juicio de la Audiencia Nacional, en el que está acusado de rebelión y se enfrenta a 11 años de cárcel, ha sido el más extenso de todos los habidos hasta ahora, contando también el juicio principal del Tribunal Supremo. El que fuera jefe de los Mossos d’Esquadra durante el 'procés' independentista ha estado declarando durante tres días —¡más de 15 horas!— y es imposible asistir a su relato sin que en algún momento alguien vea allí la estampa de un hombre apenado y arrepentido. Es así, incluso contando con las contradicciones evidentes de su versión.

Puede juzgarse, a tenor de ello, que todo consiste en una estratagema judicial, una impostura para intentar librarse de la cárcel y de la inhabilitación, pero, incluso en ese caso, no le resta valor ni trascendencia a la singularidad que representa. Dicho de otra forma, en vez de desatender, silenciar o ignorar el discurso de Trapero, lo inteligente sería propagarlo, porque en esa disposición está la única salida. A fin de cuentas, si la justicia penal persigue la prevención general, el escarmiento ante una conducta delictiva, eso es lo que se deduce del testimonio de Trapero. Ahora ha revelado, incluso, que después de ser destituido cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 y suspendió la autonomía, el presidente Torra le propuso volver al cargo, y lo rechazó; que le ofrecieron entrar en listas electorales independentistas y que ni siquiera atendió la llamada de teléfono.

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Remarquemos lo que se decía antes: al contrario que el resto de procesados por la revuelta independentista, la abogada que representa a Trapero, la penalista Olga Tubau, ha planteado una defensa en la que no pone en cuestión ni la legalidad constitucional, ni la legitimidad del proceso al que está siendo sometido ni siquiera la gravedad de los acontecimientos por los que está siendo juzgado; una y otra vez repite que el referéndum celebrado era ilegal y no tiene ninguna validez. Siguen latentes las dudas, por supuesto, la contradicción ambiental por la actuación de los Mossos durante la revuelta, pero Trapero ha decidido afrontarlas, en vez de eludirlas.

Como se recogía aquí mismo al inicio del juicio: ¿por qué no se plantó la cúpula de los Mossos entonces? ¿Se hubiera celebrado el referéndum si la plana mayor, con Trapero al frente, denuncia al Gobierno de independentistas? ¿Por qué no dijo antes que tenía un plan elaborado para detener a Puigdemont y que él mismo pensaba detenerlo? Ni siquiera su abogada defensora eludió estas contradicciones. Y Trapero ha respondido: “No lo hice antes porque, como mucha gente en Cataluña, esperábamos que esa situación no siguiese para adelante, que aquello acabaría en elecciones, que no harían alguna barbaridad, porque lo pienso así, una barbaridad (…) Cuando vimos que aquello seguía para adelante, los mandos de los Mossos pensamos en hacer una rueda de prensa, luego un comunicado, pero finalmente declinamos una cosa y otra. Ahora lamento no haberlo hecho”. Ay, el día que oigamos lo mismo de Oriol Junqueras…

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En el envés de ese testimonio, sobre Trapero pesan las evidencias de la actuación de los Mossos durante el 1 de octubre: mientras los agentes de los otros dos cuerpos de seguridad, Policía y Guardia Civil, estaban literalmente acosados por los independentistas. La Fiscalía sostiene abiertamente que la orden de enviar a dos 'mossos' a cada colegio electoral, el famoso ‘binomio’, no pretendía impedir el referéndum ilegal sino lo contrario, darle apariencia de normalidad institucional. Y para fundarlo, el fiscal Carballo leyó la comunicación de muchos de esos ‘binomios’ con la central de la policía autonómica: “Atención, central, aquí el referéndum ilegal se desarrolla con toda normalidad, de forma pacífica. Diversos ciudadanos nos han requerido para saber si no haríamos nada para impedirlo, pero con dos agentes es imposible. Y han dicho que irían al juzgado”. Otras, rozan lo cómico: “Central, hemos estado hablando con ellos y, en principio, nos han dicho que cuando acaben el recuento, nos dejan entrar para retirar las urnas”.

¿Alguien puede pensar que esa es una orden policial acorde a cumplir el mandato judicial de impedir un referéndum ilegal? Otra vez, Trapero recurre a la duda: “Ni los Mossos tienen recursos, ni tampoco si sumamos los otros dos cuerpos policiales: entre todos, no hay recursos suficientes para parar a 2.300.000 personas. Se me puede hacer culpable de todo, pero lo que digo lo puede entender cualquier persona (…) Que no se pueda, no quiere decir que no se quiera. Una cosa es no querer y otra cosa es no poder”.