El violador eres tú, ju, ju

Componer una canción no es lo mismo que redactar una ley; esto lo deberían saber hasta los gobernantes más novatos. Pero ahí están los ministros de Unidas Podemos con la pretensión de aprobar una Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual como si estuvieran escribiendo la letra de ese 'reggae', ‘Un violador en tu camino’, que ya se ha convertido en himno feminista y que se cantará este domingo en todas las manifestaciones convocadas para festejar, reivindicar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Una ley es otra cosa, y cuando nace, ya tiene la limitación del marco legal en el que se produce, un Estado garantista en el que prevalece la defensa de los derechos fundamentales frente a la arbitrariedad del poder.

Cómo será la cosa que hasta a la vicepresidenta Carmen Calvo la meten en el saco de los ‘machistas’ del Gobierno que han puesto reparos al anteproyecto de Unidas Podemos, plagado de “chapuzas” legales. Carmen Calvo es capaz de decir, como hizo, que “las mujeres tienen que ser creídas sí o sí” en los tribunales de Justicia, pero lo dice en las entrevistas o en los mítines, pero debe ser consciente de que esa literalidad no se puede trasladar a una ley porque se carga el Estado de derecho. Y eso es lo que no deben saber aún los ministros de Unidas Podemos, en especial la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el vicepresidente, Pablo Iglesias. Que no se redacta una ley como se escribe una canción.

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Las protestas, todas, son siempre excesivas cuando se resumen en un lema que se corea por las calles, porque se trata de eso, de llamar la atención, de remover conciencias, de zamarrear el entorno, y por eso las feministas han adoptado esa canción, ese estribillo, “el violador eres tú, el violador eres tú”, que mete a los policías, a los jueces y a los gobiernos en un mismo engendro: “El Estado opresor es un macho violador”, dice la canción. Vale que sea una letra fetiche para las feministas de todo el mundo, porque para eso el 8 de marzo es un día internacional, pero ninguna mujer española que cante ese 'reggae' en las manifestaciones debería confundirse y pensar que la situación en España es la misma que en Latinoamérica o en India, donde se acabó de consolidar esa canción cuando cinco asesinos salvajes quemaron viva a una mujer que había sido violada y se dirigía al juzgado a declarar.

Ese es el primer error grueso que comete el Ministerio de Igualdad con esta ley que, para justificar la urgencia de su anteproyecto, traslada a la sociedad una imagen distorsionada de España, como si este fuera un país de violadores que campan a sus anchas con total impunidad. Ahí está la última sentencia contra los tres futbolistas de La Arandina que violaron a una menor y han sido condenados a 38 años de cárcel —¡38 años de cárcel!— cada uno. Y veremos qué ocurre en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, posteriormente, en el Tribunal Supremo, porque tanto la Fiscalía como las acusaciones solicitaban una condena aún mayor. Al igual que en el juicio de la Manada, el tribunal no tuvo en cuenta la versión de los acusados, que niegan los hechos, y aplicó con todo el rigor la existencia de “intimidación ambiental” sobre la víctima. Así que, para empezar, que no se hable de España como un país de violadores ni de que el Estado es un “macho violador”.

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A partir de ahí, lo que también es innegable es la existencia de una inquietud generalizada entre las mujeres, unida al movimiento desatado en todo el mundo para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres; sin duda, una de las revoluciones sociales más importantes que marcarán positivamente el sigo XXI. El machismo en la sociedad existe y todo lo que se construya para erradicarlo será positivo. Pero ningún movimiento, ninguna reivindicación, puede hacerse orillando los derechos y libertades de los que gozamos.

La graduación de la pena y la carga de la prueba son dos de los principios jurídicos que se pretenden ignorar, en un aire tumultuario de justicia popular. Eso es una barbaridad. Pensemos en un caso general: cuando una persona provoca la muerte de otra persona, el autor puede ser juzgado y condenado por delitos muy distintos y penas muy diferentes, aunque el resultado sea el mismo, la muerte de una persona. Pero hay un abanico amplio, desde el homicidio negligente o involuntario hasta el asesinato, para que la Justicia cumpla su principio fundamental de equidad y proporcionalidad. Pretender que todos los delitos contra la libertad sexual sean tratados de la misma forma, y penados por igual, es un disparate; se pueden elevar las penas, si se quiere, en todos los tipos, pero ese amasijo es contrario a derecho.

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Peor es la desconsideración de la carga de la prueba, la intención no disimulada de que quien acusa no tenga que probar nada, que basta con su palabra. Es un enorme disparate, porque en esto nos remontamos al derecho romano, un pilar básico sin el cual se desmorona todo. Si a una persona se le acusa de haber cometido un delito, no es esa persona quien tiene que demostrar que no lo ha cometido, sino quien le acusa. Fundamental. Con la obsesión por poner apellidos a los delitos sexuales, tales como “el consentimiento expreso” o el “acoso ocasional”, se facilita tan descaradamente la arbitrariedad que, 'de facto', se acaba con el principio anterior, porque no haría falta probar nada. ¿Qué quiere decir ‘consentimiento expreso’?

Está clarísimo que una relación sin consentimiento es un delito contra la libertad sexual, pero cómo se plasma en un tribunal eso de ‘expreso’. Con el ‘acoso ocasional’, por lo que ha trascendido, ocurre lo mismo: se pretenden penalizar “expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”. ¿Cuántas conductas entran en ese supuesto, si se llevara tal cual a la ley? Desde una mirada hasta una proposición equivocada que no pretenda más que una relación sexual consentida de una noche a la salida de una discoteca.

Una cosa es cantar una canción y otra muy distinta redactar leyes orgánicas que ignoren el país en el que se aprueban y los sagrados límites del derecho

Uno de los mejores juristas españoles, el profesor Manuel Olivencia, siempre recordado, solía contar, para subrayar la importancia de la claridad y la concisión de los textos legales, la anécdota de un dictadorzuelo africano que quiso incluir en su Código Penal un artículo que decía: “Serán objeto de pena de cadena perpetua aquellos que atentaran contra el Estado, cometieran asesinatos, fraudes, etcétera”. Pues eso, que una cosa es cantar una canción, “el violador eres tú, jú, jú”, y otra muy distinta redactar leyes orgánicas que ignoren el país en el que se aprueban y los sagrados límites del derecho. Siempre con la mujer, siempre por la igualdad real, siempre contra el machismo, pero jamás contra la involución.