El juicio a Juan Carlos I

La figura histórica de Juan Carlos I se balancea en el estrecho alambre de un pasado que, si vuelve, será solo para crucificarlo; el pasado no volverá para glorificarlo ni para darle las gracias por lo que ha hecho por España. Ese es el terrible dilema ante el que nos colocan las informaciones que llegan sobre el Rey emérito, que si todo lo que se empieza a contar acaba confirmándose en los tribunales, en España se hará imposible el ejercicio de justicia histórica que merece una personalidad como don Juan Carlos que supo ponerse al frente del pueblo español, tras la muerte del dictador, y entregarle la democracia que disfrutamos, el periodo de libertad constitucional más prolongado que hemos tenido nunca en la historia.

¿Podemos, al mismo tiempo, reconocer la grandeza de un personaje histórico y ser conscientes de sus miserias, de sus debilidades? En muchos casos sucede, en todos los campos sociales, artísticos y científicos, hombres y mujeres que hicieron grandes cosas pero que, en sus vidas, fueron seres humanos deplorables. Aunque sabemos que en un país como el nuestro todo ejercicio de mesura resulta imposible, no deberíamos dejarnos llevar por la corriente que ya se adivina y que seguirá creciendo. Porque seguirá creciendo. Si se trata de analizar el pasado de don Juan Carlos, tendríamos que tener todos la grandeza y la astucia de no restregar por el barro todo el pasado, porque seremos nosotros mismos, una parte de lo que somos en la actualidad, los que nos estemos enfangando sin saberlo.

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De momento, dos consideraciones generales sobre el escándalo monumental que comienza a desvelarse sobre las comisiones ilegales cobradas en España por la construcción de un AVE en Arabia Saudí. Primero: una democracia se fortalece siempre cuando es capaz de depurar los escándalos de corrupción que se generan, aunque afecten a las más altas instituciones del Estado. Y segundo: las noticias de lo sucedido para que empresas españolas se hicieran cargo de ese macroproyecto de 6.000 millones de euros acabarán desbordando todos los muros de inviolabilidad constitucional que se quieran construir en torno al Rey emérito, si es que finalmente se demuestran las acusaciones iniciales.

En ambos casos, intentar ocultar el escándalo, o desmentirlo, sin ni siquiera investigarlo, solo provocaría un agravamiento de las responsabilidades personales y un debilitamiento general de las instituciones, lo cual supone extender el daño causado a la propia democracia y, especialmente, a la monarquía parlamentaria, clave de bóveda del Estado español actual. También en esto último debería meditar buena parte de la prensa española para la que no existe el escándalo; en estos tiempos de globalización y redes sociales, los ‘pactos tácitos’ de silencio o discreción que se establecían en el pasado ya no pueden ofrecer garantías de que una noticia no vaya a trascender.

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Los maletines de la corrupción siempre vuelven, como los fantasmas de un crimen que se oculta, y en este episodio del AVE a La Meca solo nos queda por saber el nombre y los apellidos de quienes se aprovecharon de las comisiones ilegales de esa espectacular obra. En teoría, lo que sabíamos hasta ahora es que el papel de don Juan Carlos fue decisivo porque, gracias a su enorme prestigio internacional, pudo mediar ante Arabia Saudí para que se concediera el proyecto a las empresas españolas. El ministro de Exteriores de entonces, José Manuel García-Margallo, lo admitió abiertamente: “Si no fuera por Su Majestad, no se habría firmado el convenio para la construcción por parte de un consorcio de empresas españolas del AVE entre La Meca y Medina por valor de 6.000 millones de euros”. A nadie podía extrañarle porque, desde los primeros años de la Transición, don Juan Carlos había sido el factor fundamental de todas las misiones comerciales que se planificaban para la apertura internacional de España. Al frente de Gobierno y empresarios, siempre iba el rey Juan Carlos abriendo puertas y estrechando lazos por todos los continentes.

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¿Y si resulta ahora que, en realidad, Juan Carlos I no actuaba como jefe del Estado, primer embajador de España, sino como un lobista que cobraba comisiones millonarias en esas misiones comerciales? Ese es el alcance real de la investigación judicial que se mantiene en tres países —España, Suiza y Reino Unido— y que, al final, nos dibujará los perfiles exactos de la personalidad de don Juan Carlos. Ya lo dirán los tribunales. Pero sean cuales sean esas noticias, por mucha decepción, incluso sentimental, que pueda depararnos la confirmación futura de paraísos fiscales y fortunas ocultas, nunca deberíamos mancillar el pasado, la extraordinaria aventura de la Transición española, ni orillar la memoria de Juan Carlos I en todo ese tiempo. Ante el dilema que nos plantea la actualidad siempre convulsa en España, debemos combinar justicia y gratitud, reproche y reconocimiento. La memoria del pasado tendría que ser como la entendía García Márquez, el recuerdo engrandecido de los buenos momentos y el olvido de los malos ratos: “Gracias a este artificio, logramos sobrellevar el pasado”. Tendría que ser así, pero parece que los españoles estamos obligados a convivir con un desgarro permanente cuando se descubre que detrás de cada buena intención pública se escondía un interés malsano, una pillería o, directamente, un atraco. Son tantos casos a lo largo de la historia, que se diría que es nuestro sino o una inercia que nos lleva.