Extorsión fiscal en la pandemia

Principio elemental del que no se entera el Gobierno: las medidas que se adopten para la crisis económica tienen que estar a la altura de las adoptadas para la crisis sanitaria; el esfuerzo que se pide a los ciudadanos en su confinamiento tiene que ser equivalente a la compensación que se ofrezca por parte de las administraciones públicas. A pocos días de que se complete la segunda semana del estado de alarma en España, ya son muchos miles de españoles los que han comprobado estupefactos que la lluvia estruendosa de 200.000 millones de euros que anunció el Gobierno de coalición ha caído sobre ellos sin mojarlos, sin tocarlos, porque no están incluidos. Eso que dijo el presidente del Gobierno, “son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, esa excepcionalidad, se queda en las palabras, en el discurso, porque no cala en la gente, no traspasa las puertas cerradas de los locales comerciales, de los negocios, de las casas. Igual que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, el Estado no puede prohibir a los ciudadanos que salgan de sus casas y, a la vez, exigirles que sigan tributando como si mantuvieran plena actividad económica. Lo dijo este miércoles uno de los oradores del Congreso de los Diputados, cuando se debatieron cinco decretos leyes y la primera prórroga del estado de alarma: “Parece que el coronavirus no da tregua y Hacienda, tampoco”. Eso es lo que no puede ser; eso es lo que no se puede pedir a los ciudadanos.

En el paralelismo necesario entre la crisis sanitaria y la crisis económica, que van de la mano, es lo mismo que pedirle al personal médico o de las fuerzas de seguridad del Estado que se vuelquen en la batalla contra el coronavirus sin guantes ni mascarillas, sin la protección necesaria. Sabemos, por cientos de testimonios, que eso ya ha sucedido y, ahora, su equivalente se encuentra en las medidas económicas. Es del todo imposible pensar que a alguien a quien se le impide trabajar y que, en consecuencia, deja de ingresar dinero en su cuenta, se le exija el pago de impuestos como si nada hubiera ocurrido. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha llegado a la súplica, en una carta al presidente del Gobierno (“un ruego, un favor, incluso una súplica: que, dada la situación de falta de actividad y liquidez de los autónomos en estos momentos, se suspenda el cobro de las cuotas de todos los autónomos el próximo 31 de marzo”) y lo único que se le puede reprochar es que no es necesario extender la medida a 'todos' los autónomos, solo a los que el confinamiento les ha supuesto la inactividad, literal o en la práctica.

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Javier G. Jorrín

Antes de que se nos cayera encima la pandemia del coronavirus, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya mostró sus dotes en el arte del escamoteo, el arte del birlibirloque, cuando anunció que habían ‘desaparecido’, que se habían esfumado, 2.500 millones de euros que el Estado debía a las comunidades autónomas en concepto del IVA recaudado y, sin más, ‘autorizó’ a los gobiernos regionales a endeudarse. En la vida cotidiana, es como si el moroso autorizase a su acreedor pedir un crédito para saldar su deuda. Insólito.

Con miles de autónomos, ocurre ahora algo parecido. El Gobierno los ha confinado en beneficio de un objetivo mayor, que nadie discute, contener la expansión de la pandemia de coronavirus, y en vez de paralizar el pago de impuestos, les permite endeudarse para pagarlos. Sostiene el Banco de España que las consecuencias del estado de alarma por la pandemia serán “muy pronunciadas”, que no se pueden aún determinar, porque nadie sabe cuándo se volverá a la normalidad, y que, en todo caso, el futuro inmediato es “de una incertidumbre muy elevada”. Pues bien, con esas perspectivas, lo que propone el Gobierno a todos aquellos que se ganan la vida con su propio negocio, desde un peluquero o el propietario de un bar a una pequeña empresa que ha cesado en su actividad, es que cuando vuelvan a sus rutinas, tras uno o dos meses sin ingresar ni un céntimo, se encuentren con los impuestos mensuales más las cuotas del préstamo que solicitaron durante la crisis, para pagar esos mismos impuestos. Lo mismo ocurre con los ayuntamientos: a quienes se ven forzados a suspender toda actividad, no les vale con el aplazamiento o la prórroga de las tasas municipales, porque al final tendrán que pagar el doble. El amontonamiento no es ayuda.

Otra vez más: las medidas económicas deben estar a la altura de las medidas de prevención sanitaria, este confinamiento del que no hay precedentes en la historia. Si el Ministerio de Hacienda sigue adelante en su intención de mantener la recaudación de impuestos, estará provocando la quiebra de muchas familias, no solo de muchas empresas. Las medidas económicas de la crisis tienen que descender a las aceras, a la cotidianidad, y solo entonces se estará compensando el esfuerzo de la población que se aplaude en todos los discursos públicos. Hagámonos las preguntas más elementales, las que no están en el debate, y que están en la preocupación real de la gente. Por ejemplo: ¿por qué no se dispone que aquellas personas que no tienen ingresos por el confinamiento puedan recurrir a sus fondos de pensiones, si los tienen, sin que ello les suponga una dura penalización de Hacienda? Habrá muchas preguntas más que responden a inquietudes pequeñas, a asfixias minúsculas que, unidas todas, son las que componen el pálpito de una sociedad. La microeconomía también necesita un respirador por el coronavirus.