La desescalada desvergonzada

La lógica política más envenenada que arrastramos en España, desde los primeros años de la Transición, se sintetiza en una descarada fórmula parlamentaria: el voto de una minoría regional en el Congreso, que sea decisivo para formar una mayoría, consigue para su comunidad mayores prestaciones que las del resto, que no cuenta con esa fuerza política propia. En tiempos de normalidad, ya lo teníamos asumido; faltaba por ver que también ahora, en plena emergencia sanitaria, esa aritmética desvergonzada se sigue aplicando igual, con acuerdos secretos que solo se conocen cuando ya se han consumado.

Es lo que ha ocurrido ahora con el País Vasco, fundamentalmente, aunque también existe un trato diferenciado a Canarias y a Aragón por el simple motivo de que cuentan en el Congreso de los Diputados con fuerzas políticas propias, nacionalistas o regionalistas, incluso localistas, como Teruel Existe, que prestaron sus votos al presidente Pedro Sánchez para que pudiera sacar adelante esta última prorroga del estado de alarma en España. ¿Quiere decir eso que los ciudadanos de esas tres comunidades disfrutarán de unas fases más relajadas en eso que llaman ‘desescalada’? No se trata de eso, como veremos; la cuestión es que el Gobierno de España solo negocia y pacta con quien le proporciona mayorías en el Congreso; a las demás autonomías, les aplica el principio de poder absoluto que le otorga el estado de alarma por esta pandemia del covid-19. Y esa barbaridad política solo añade desconcierto, desconfianza y crispación a una gestión que solo debería estar centrada en salir del agujero en el que estamos y, de paso, aprovechar la crisis para asentar un modelo territorial en España basado en el acuerdo y la cooperación.

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En la última reunión con todos los presidentes autonómicos, Pedro Sánchez cortó en seco a la presidenta de la Comunidad de Madrid y, según ha trascendido, le espetó que no se pueden tolerar presiones de sectores económicos que se impongan a las recomendaciones sanitarias. “Las decisiones no se pueden tomar por las presiones de unos 'lobbies' económicos, se han de tomar atendiendo a criterios médicos”. Es verdad, tiene que ser así, pero qué se puede decir de aquel que toma las decisiones atendiendo a las presiones de los 'lobbies' políticos del Congreso.

El Partido Nacionalista Vasco, que es experto en esas negociaciones de último minuto y el voto al mejor postor, se mantuvo firme en la negativa a la prórroga del estado de alarma hasta que el Gobierno accedió a que fuese el Ejecutivo vasco el que dictase cómo y cuándo iba a pasar de fase. Por eso, en el País Vasco, solo en el País Vasco, se ha estrenado una ‘fase 0,9’, con limitaciones propias de la fase 0 y con aperturas indicadas en la fase 1. Volvamos a insistir en lo de antes: no se trata de establecer una disputa de agravios entre ciudadanos vascos y castellanos o andaluces, se trata de exigir que esa misma negociación la tendría que haber realizado el Gobierno con todas las comunidades autónomas, no solo con aquellas que apoyan con diputados nacionalistas o regionalistas al Gobierno. Si se le conceden medidas excepcionales a Canarias para apoyar al sector turístico, no se pueden ignorar las reclamaciones idénticas de otras zonas, como la Costa del Sol. Muchas de las peticiones que han realizado otros presidentes de comunidades autónomas podían ser tan razonables, o aplicables, como las solicitadas por el Gobierno vasco, pero, sin embargo, han sido desatendidas.

¿Con qué criterio se han aplicado en unas autonomías los distritos sanitarios para la desescalada, mientras que en otras se han mantenido rígidos los límites provinciales? ¿Tiene importancia el número de contagios en cada territorio para ir abandonando el confinamiento o ese no es el criterio principal? Y la densidad de población, ¿influye? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta hoy. Si el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya arrastraba una crisis de credibilidad desde el inicio de la pandemia, cuando vaticinó, como técnico, que el virus no afectaría a España (jueves 13 de febrero: “En España no hay coronavirus, no existe riesgo de infectarse, la ansiedad social que se está generando está un poco fuera de lo razonable”), la desescalada no está mejorando su imagen. En ocho semanas de mando único, lo mínimo que se puede exigir es que cada paso que se vaya dando para salir del confinamiento haya sido medido y estudiado; al menos, pautado. Pero no ha sido así. “Necesitamos indicadores objetivos y objetivables, que haya transparencia. No se pueden cambiar a mitad del partido”, se quejó el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig. Y añadió que “lealtad no es sumisión”, que es lo que parece no entender su compañero Pedro Sánchez.

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Un solo episodio, relatado este lunes por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, del Partido Popular, demuestra con claridad el caos, o el sectarismo, en la toma de decisiones de que se queja el presidente valenciano. Antes, una precisión: en los resultados de los test realizados, Málaga y Granada registran menos de cinco contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que en el País Vasco esa misma medición por PCR ha determinado un contagio de 29,6 y en Aragón de 26,6 casos. Hay otras regiones con porcentajes aún mayores, como Navarra (50,7) o La Rioja (36,6), que también han pasado de fase.

En suma, con esos datos, todas las comunidades estaban esperando la decisión del Gobierno y se produce este episodio relatado por el portavoz de la Junta de Andalucía. A las seis de la tarde del sábado, el ministro de Salud, Salvador Illa, comunicó al consejero de Salud andaluz que las fases, en toda España, se aplicarían por provincias y que, por tanto, ni Málaga ni Granada pasarían a la fase 1. Una hora y cuarto más tarde, a las 19:15, el secretario general de Sanidad del ministerio vuelve a telefonear para aclarar que no serán las provincias sino los distritos sanitarios los que determinen el cambio de fase, con lo cual Málaga y Granada podrán pasar a la fase 1, a excepción de tres distritos sanitarios en esas dos provincias. Cuando llega la rueda de prensa, una hora después, el criterio se vuelve a cambiar y el ministerio anuncia que se aplicará como medida el distrito sanitario en algunas autonomías y la provincia en otras, como ha sido el caso de Andalucía. ¿Alguien da más? Si a eso lo llaman ‘desescalada’, habría que añadirle ‘desescalada desvergonzada'.