Sánchez e Iglesias, ante los tribunales

"Los nombramientos sectarios generan anticuerpos en la Administración de Justicia, que tenga cuidado Pedro Sánchez", advierte el fiscal que está al otro lado del teléfono, un profesional experimentado y erudito, que ahora contempla el diario traqueteo de la vida española con la debida distancia, para que el ruido de los vaivenes no distraiga su atención. Es interesante ese concepto: cada vez que un Gobierno ha intentado controlar y someter al poder judicial, se le acaba volviendo en contra porque, aunque consiga imponer los nombramientos, nadie, ningún gobernante, es capaz de dominar a todas y cada una de las personas que componen la Administración de Justicia, ni del Poder Judicial ni tampoco del Ministerio Público, a pesar de la dependencia jerárquica del Gobierno. Es entonces cuando se generan lo que este fiscal define como 'anticuerpos' contra el abuso, contra el intento de manipulación del poder judicial por parte de los otros dos poderes del Estado.

El final es que esos gobernantes acaban mal o muy mal. Ya le ocurrió a Felipe González, que acabó acorralado por tantos escándalos de corrupción que su propia figura de líder histórico acabó siendo irreconocible. Luego Rajoy, tumbado por una sentencia judicial, aunque fueran sus segundos, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, quienes se encargaron de presionar a la judicatura. "Pues Pedro Sánchez, en poco tiempo, ha superado con creces todos los abusos anteriores", dice el fiscal y recuerda el desparpajo con el que el presidente del Gobierno nombró a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal general del Estado; lo anunció el mismo día que tomó posesión el resto del Gobierno, como una más, como si buscase un gesto público de humillación y sometimiento de todos los fiscales. Y luego está el vicepresidente, Pablo Iglesias, que se dedica a atacar a los jueces españoles, pone en duda su independencia y su imparcialidad por la condena a una diputada de Podemos y provoca una insólita protesta del Consejo General del Poder Judicial.

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Roberto R. Ballesteros

Si nos fijamos, todo lo que se relaciona con esta pandemia del coronavirus adquiere de forma inmediata la misma magnitud que el desastre sanitario. Las repercusiones económicas o las sociales, como si fueran crisis simétricas, de la misma proporción. Por eso no debe extrañarnos que la pandemia del coronavirus haya generado en España un alud de querellas contra el Gobierno que no tiene precedente en la historia, ni por la cantidad de afectados ni por la diversidad de los asuntos que entran en litigio. Si pensamos que este Gobierno de coalición solo ha cumplido cuatro meses de los cuatro años que dura una legislatura, la dimensión se agranda un poco más. En el Tribunal Supremo, se han recibido hasta 16 querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno, varios ministros y algunos altos cargos por su presunta responsabilidad penal en la gestión de la crisis sanitaria. Las querellas llegan desde los colectivos más diversos, desde el personal sanitario hasta sindicatos de funcionarios, policías, enfermos de coronavirus o abogados particulares. De las querellas presentadas ante el Supremo, la más numerosa es la confeccionada por un centenar de abogados y procuradores de toda España en representación de 3.268 personas que han perdido a 3.274 familiares por la pandemia. Acusan al Consejo de Ministros de un delito de homicidio imprudente, pero apuntan otros más, como prevaricación y omisión del deber de socorro.

La avalancha de procesos judiciales pendientes no se agota en el Supremo. La Fiscalía Anticorrupción ya está investigando, según se ha sabido, el oscuro mercadeo de material sanitario que se ha producido en las primeras semanas de la pandemia. El colectivo de farmacéuticos, que está especialmente indignado con lo sucedido, ha comenzado también a movilizarse. Y luego está el Tribunal Constitucional… No debe pasarse por alto que, de momento, ya ha admitido a trámite el recurso de Vox contra tres decretos que han prorrogado el estado de alarma. Ya veremos cuál es la decisión del Tribunal Constitucional, si es que la dificultad de consensuar una sentencia no se prolonga a lo largo de años, pero nada de lo sucedido hasta ahora es halagador para el Gobierno: la mayoría de los pronunciamientos, tanto sentencias menores como comentarios de reputados juristas, consideran que se ha abusado del estado de alarma y que se ha conculcado la Constitución.

Cuando se resuelven los procesos judiciales pueden haber pasado años, pero la gravedad de los hechos sigue intacta y produce sentencias contundentes

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya ha plasmado en una sentencia "la cuestionable constitucionalidad" de la supresión de derechos y libertades consagrados en la Constitución en virtud de la declaración del estado de alarma, que no autoriza a ningún Gobierno a llevar a cabo tal suspensión. En Galicia, un juez absolvió a un ciudadano por saltarse el confinamiento al entender que "en materia de limitación de derechos, y más cuando se trata de derechos fundamentales, hay que considerar que lo que no está expresamente prohibido está permitido". Son dos indicios que pueden apuntar hacia una dirección, pero si sumamos otros testimonios de prestigiosos intelectuales y juristas, la tendencia se acentúa. Detengámonos en uno, fundamental, el de Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional: "La declaración del estado de alarma no permite, a su amparo, decretar, como se ha hecho, la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida que solo puede adoptarse en el estado de excepción".

La Justicia, y en esto se parece a la Iglesia, sabe que en su interior el tiempo se mide de una forma distinta, más pausado, más reflexivo, nada impulsivo. La distancia nunca es olvido ni atenuación de lo sucedido; cuando se resuelven los procesos judiciales, pueden haber pasado muchos años, pero la gravedad de los hechos se conserva intacta y produce sentencias contundentes, severas, que pueden enterrar para siempre un periodo de esplendor político. Este concepto de 'los anticuerpos del poder judicial' contra los intentos de manipulación del poder político tiene que estar relacionado, seguro, con esa forma de interpretar el ritmo de los acontecimientos, de administrar el paso del tiempo. Incluso cuando la vida se acelera y se descontrola tanto como en este tiempo convulso y gris de coronavirus.