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Los dos policías de la primera corrupción
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Javier Caraballo

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Los dos policías de la primera corrupción

"Los políticos siempre han querido controlar y utilizar a la Policía en aquellos procesos judiciales que les podían afectar. Eso ocurría antes y sigue ocurriendo ahora"

Foto: A la izquierda, José Antonio Vidal, y a la derecha, Diego Martínez.
A la izquierda, José Antonio Vidal, y a la derecha, Diego Martínez.
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Fue el primer gran caso de corrupción política de la democracia española, el descubrimiento abrupto de una realidad podrida que, desde entonces, no ha dejado de repetirse. La financiación ilegal de los partidos políticos contaminó al PSOE y luego se propagó imparable. Pero el impacto mayor se produjo entonces, en aquel Partido Socialista de la década de los ochenta que disfrutaba de poder absoluto en toda España y una conexión casi mágica de su líder, Felipe González, con millones de españoles.

Si todo ese poder político y social, acumulado, lo imaginamos como una inmensa montaña, podemos fijarnos en dos figuras diminutas situadas al pie de esa mole inmensa: son los dos policías que investigaron aquel primer caso de corrupción cuando el PSOE y sus líderes parecían intocables en España. José Antonio Vidal y Diego Martínez, ambos ya jubilados, charlan con El Confidencial en la semana en la que, hace 30 años, llamaron a declarar por primera vez a Juan Guerra González, hermano del vicepresidente de Gobierno, Alfonso Guerra. Era el 8 de junio de 1990. A los dos policías les quedaba un calvario de presiones y de amenazas, días y noches fumando cigarrillos, subrayando documentos, repasando registros, entrevistando a testigos, para quedarse al final con dos palmos de narices, por la novatada de ser los primeros.

Todo empezaba entonces, todo era nuevo, y por no existir, ni siquiera el Código Penal contemplaba el delito de tráfico de influencias. Ni la Policía Judicial, recién creada, tenía experiencia de investigaciones de casos políticos que pudieran afectar al partido que estaba en el poder.

Los dos policías que investigaron aquel primer caso de corrupción cuando el PSOE y sus líderes eran intocables: José Antonio Vidal y Diego Martínez

“Los políticos siempre han querido controlar y utilizar a la Policía en aquellos procesos judiciales que les podían afectar. Eso ocurría antes y sigue ocurriendo ahora. Pero imagínese lo que significaba en la España de finales de los ochenta, con el PSOE con mayoría absoluta en el Congreso y un poder inmenso en todas partes”, dicen Vidal y Martínez. Es verdad, tampoco eso ha cambiado demasiado: lo que acaba de ocurrir en España con el coronel Pérez de los Cobos —que entonces era un joven guardia civil de 26 años— es lo mismo que ya ocurría entonces.

"El jefe Superior de Policía de Sevilla, José Luis Morales, ya fallecido, me llamó a su despacho: 'Dime qué han dicho en sus declaraciones los de la Delegación del Gobierno', donde tenía su despacho Juan Guerra. Me quedé mirándolo, muy serio, y le dije que no, que no lo haría, que legalmente estoy obligado a trasladarle esa información solo al juez. ¿Resultado? Me abrieron un expediente por faltas muy graves y aprobaron una propuesta de expulsión del cuerpo. Pero lo que no sabían es que cuantos más cojones me echasen, más cojones echaba yo…", dice José Antonio Vidal.

Foto:  El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a la izquierda en un segundo plano. (EFE)

En la década de los ochenta, y hasta bien entrados los noventa, Felipe González era el líder indiscutible de España, de triunfos electorales arrolladores, y Alfonso Guerra su vicepresidente, su otra mitad, cara y cruz, controlaba el partido con mano de hierro. En esa misma década, José Antonio Vidal es uno de los primeros policías en España que se incorporaron a la Policía Judicial. El jefe de Policía lo despide con el ánimo soliviantado: “Anda, vete a los juzgados a estrellarte”. Le seguirá Diego Martínez y, juntos, formarán la pareja de policías judiciales que investigará este primer gran caso de corrupción en España.

Paradójicamente, el caso Juan Guerra tuvo una mínima condena penal y una extraordinaria repercusión judicial, política y social: el PSOE, aquel PSOE marmóreo, comenzó a desmoronarse tras la dimisión de Alfonso Guerra y la división del partido en dos facciones, guerristas y renovadores; la sociedad tomó conciencia por primer vez en democracia de la corrupción política y, judicialmente, se aprobó una profunda modificación del Código Penal para incluir delitos que no se contemplaban, como el tráfico de influencias.

El origen de todo, como ocurre tantas veces, no tiene nada que ver ni con la política, ni con la policía ni con los jueces; el origen de todo fue una mujer despechada, que se siente engañada, traicionada y se decide a contarlo todo. Era la exmujer de Juan Guerra, de la que acababa de separarse; con el orgullo herido, elabora un dosier con todos los manejos de su exmarido en el PSOE y se lo entrega a Manuel Fraga, pensando que en sus manos no pasaría mucho tiempo sin que lo supiese toda España. Pero Fraga está en otras cosas, en la descomposición de su partido, Alianza Popular, o sencillamente no lo considera relevante; la cuestión es que nada ocurre hasta que esa documentación llega a manos de estos dos policías.

Empresarios, políticos, comerciantes, constructores, amigos, oportunistas. Hasta un embalsamador de cadáveres sin trabajo fue a verle

La historia se cuenta y parece un episodio propio de las monarquías absolutas del siglo XVII. “Era el vicepresidente del Gobierno, que tenía muchísimo poder, el que le había puesto un despacho a su hermano en la Delegación del Gobierno como ‘asistente’ y había colas enormes de gente esperando a que la recibiera. El 80% de las visitas a la Delegación del Gobierno eran para Juan Guerra, el conseguidor”, recuerda Diego.

Empresarios, políticos, comerciantes, constructores, amigos, oportunistas y muchos don nadie. Hasta un embalsamador de cadáveres que se había quedado sin trabajo fue a verle a la Delegación del Gobierno a pedirle un favor. “Juan Guerra tenía más poder en Andalucía que el Gobierno andaluz; la copa de Navidad no empezaba hasta que Juan Guerra bajaba de su despacho”, remata Vidal. Desde los contratos militares del Ministerio de Defensa hasta las recalificaciones de terrenos del último pueblo, Juan Guerra intervenía en todo gracias a la fuerza de su apellido. “Él tenía su equipo de personas, como José María Ramos, el padre de Sergio Ramos, por ejemplo, pero lo fundamental es que obtenía de la Administración, o se la suministraban, la información que nadie más podía conseguir”.

"Los políticos siempre han querido utilizar a la Policía en procesos judiciales que les podían afectar. Eso ocurría antes y sigue ocurriendo ahora"

¿Cuánto dinero se movió en aquella trama? ¿Cuánto fue a parar al PSOE? ¿Cuántos empresarios y amigos se enriquecieron? Los dos policías se adentraron en aquella investigación sabiendo que pisaban un campo de minas, que hasta dentro de su propio cuerpo los rechazarían y que, al final, no solo no se les recompensaría sino que los perseguirían. “Jamás olvidaré una mañana que, en unas escaleras, me crucé con Demetrio Caballero, un compañero que, para más inri, acabó siendo concejal del PP; se giró y me dijo: 'Eres un traidor”, recuerda Diego. “Aquello fue brutal, nos convertimos en unos apestados. Menos mal que hubo jueces que nos protegían, aunque no podían darnos ni medios ni nada”, remacha José Antonio.

Pero siguieron investigando. “Ahora, la sociedad está más concienciada y la Policía cuenta con más medios que entonces, que teníamos que trabajar en un hueco que se comunicaba con los váteres del juzgado, con lo que nos llegaban constantemente los ruidos y los efluvios pestilentes del personal…”, añade Vidal.

El caso Juan Guerra, que en la investigación abarcó desde la concesión de un puesto de helados hasta la contabilidad secreta de los bancos, cuentas opacas que escapan de todo control, acabó siendo “un gran bluf”, como admiten, “porque el trabajo de un policía acaba cuando el juez dicta sentencia y si, al final, por lo que sea, no hay condena, el trabajo de un policía no ha servido para nada. Se modificó la legislación, se incluyeron delitos de corrupción que no existían, pero a Juan Guerra solo pudieron condenarlo por un delito fiscal. Nunca pisó la cárcel”, dicen los dos policías. Hoy, 30 años después, sabemos, además, que tampoco la corrupción política se corrigió con aquel escándalo, pero, como les ocurre a muchos pioneros, el valor real de su trabajo es directamente proporcional al tamaño de su frustración. Por eso se les sigue recordando en su absoluto anonimato de policías, los dos policías diminutos que un día se colocaron al pie de la inmensa montaña de poder del PSOE y la mole comenzó a desmoronarse.

Fue el primer gran caso de corrupción política de la democracia española, el descubrimiento abrupto de una realidad podrida que, desde entonces, no ha dejado de repetirse. La financiación ilegal de los partidos políticos contaminó al PSOE y luego se propagó imparable. Pero el impacto mayor se produjo entonces, en aquel Partido Socialista de la década de los ochenta que disfrutaba de poder absoluto en toda España y una conexión casi mágica de su líder, Felipe González, con millones de españoles.

Alfonso Guerra
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