El final de una historia miserable en el PP

Los partidos políticos suelen gestionar los casos de corrupción con un doble rasero de hipocresía y de cinismo, envueltos siempre en ese lema tan falso de "tolerancia cero". Como ya tenemos comprobado en muchos años, a través de muchos casos de corrupción y a lo largo de todo el panorama político y geográfico, lo que invalida cualquier excusa de los partidos ante los casos de corrupción es la doble evidencia de que las denuncias de financiación ilegal nunca han partido de los dirigentes de esos partidos, ni una sola, y que jamás han pedido perdón por lo sucedido, cuando el perdón implica el reconocimiento de una práctica de financiación irregular instalada en todos ellos como norma desde casi el principio de la democracia.

Pues bien, dentro de esa generalidad hay casos que destacan por lo miserable, como si se quisiera añadir una prolongación más indecente aún a todo lo anterior. En esos parámetros se cuenta el episodio que se vivió en Granada hace algo más de cuatro años, en la primavera de 2016, cuando el entonces alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, del Partido Popular, fue detenido por la Policía, acusado de varios presuntos delitos relacionados con un supuesto caso de corrupción municipal. Ahora que los tribunales de Justicia lo han absuelto de todos los delitos, es cuando más severamente se debe repasar lo ocurrido entonces para señalar directamente la deshonestidad y la desvergüenza con que se forzó y se utilizó aquella circunstancia para apear al alcalde de su sillón y promover un cambio de gobierno en la ciudad.

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Para que quede claro desde el principio, en forma alguna se trata de justificar, de amparar o de soslayar ningún comportamiento irregular, como el que dio origen a ese caso judicial en Granada, porque no se trata de eso sino de incidir en lo que se decía al principio, la hipocresía con que los partidos políticos dicen combatir la corrupción de sus filas. De hecho, el alcalde ha sido absuelto, pero su concejala de Urbanismo ha resultado condenada a inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa (de la misma forma que ha sido absuelta de varios delitos más graves). Así que vamos por partes.

En la primavera de 2016, José Torres Hurtado, un experimentado y veterano dirigente del Partido Popular, había ganado tres elecciones municipales por mayoría absoluta y en las últimas, en mayo de 2015, se quedó a unos cuantos concejales, pero revalidó la alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos. Un año antes de esas últimas elecciones a las que se presentó, se produjo un episodio de rivalidad interna que ya apuntaba certeramente a la miseria política que habría de producirse después. En junio de 2014, el alcalde se desplomó por un infarto cerebral que lo mandó directamente a la UCI del Hospital de Traumatología de Granada. El primer informe médico ni daba esperanzas de recuperación ni lo contrario para ese hombre de, entonces, 67 años. “Pendiente de evolución clínica”, decía el parte médico.

En esas horas críticas, un asesor del alcalde contó, estupefacto, la experiencia vivida en la sala de espera del hospital con los intentos de la dirección provincial del partido, de su partido, de lograr que los médicos firmasen un certificado de incapacidad, con el fin de que dejase la alcaldía. Torres Hurtado se recuperó del infarto cerebral, volvió a gobernar y en la primavera de 2016, el martes 12 de abril, estuvo en la Feria de Sevilla. Los periódicos locales recogieron así la visita: “El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, pasó toda la jornada invitado por su homólogo de Sevilla, el socialista Juan Espadas, en la Feria y alternó con políticos y empresarios, junto a los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, y Huelva, Gabriel Cruz, del PSOE”.

Ese mismo día volvió a Granada y, a primera hora del día siguiente, miércoles, la Policía acordonó con un gran despliegue la calle en la que vivía y lo detuvo en su vivienda familiar, con la expectación mediática, previamente alertada, de la detención de un peligroso y resbaladizo fugitivo. Tan escandaloso fue el espectáculo ofrecido que la propia Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado, insólito, para aclarar que nada tenía que ver con lo sucedido. “Las detenciones se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma (…) El estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”, decía la Fiscalía General del Estado.

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Ni la Fiscalía ni el juez que llevaba la instrucción del caso ordenaron la detención, con ese despliegue, un día después de haberse paseado por la Feria de Sevilla, sino que todo el dispositivo fue planificado por la Policía que dependía del ministro del Interior, Jorge Fernández, del mismo partido que el alcalde Torres Hurtado, el Partido Popular. ¿Qué interés podía tener la Policía en ese dispositivo público de detención, pisoteando los más elementales derechos fundamentales, como subrayó la Fiscalía General del Estado? Ahí es donde entran las miserias políticas.

De forma inmediata, en el PP pidieron al alcalde que presentara su dimisión y lo dieron de baja como militante. "Cuanto más aguante será peor para él y para el partido", le dijeron entonces. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, se sumó al instante a la presión, secundando una frase demoledora que aquellos días se multiplicó por las redes sociales: “Una imagen vale más que mil palabras”. Y, por supuesto, el PSOE, que encontró la vía expedita para recuperar esa alcaldía después de tantos años: “Exigimos la dimisión inmediata. La Fiscalía le imputa siete delitos y detrás hay empresas que recuerdan a la trama Gürtel”.

Una semana después de su paseo por la Feria, Torres Hurtado presentó la dimisión, el PP perdió la alcaldía y nunca más la ha recuperado. La misma foto de la detención que había forzado por su cuenta la Policía sirvió de sustancia política para elaborar un discurso y echar al alcalde porque, prescindiendo de cualquier escrúpulo en un Estado de derecho, se decide que “una imagen vale más que mil palabras”. Ese es el final de una historia miserable en el Partido Popular a la que solo quedaría por ponerle un colofón de explicaciones de los protagonistas de aquel despropósito que nunca llegará.