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Sánchez y Montero, política de trileros
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Javier Caraballo

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Sánchez y Montero, política de trileros

La bolita del endeudamiento siempre estuvo ahí, pero el Gobierno la ocultaba hasta que han decidido enseñarla, acaso porque ya han exprimido todas las ventajas políticas a las que podían aspirar

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de Hacienda y Presupuestos, María Jesús Montero. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de Hacienda y Presupuestos, María Jesús Montero. (EFE)

Esta cara es de estupor o de incredulidad. También de profunda irritación, porque son meses perdidos para afrontar lo que ellos mismos definen como la peor crisis sanitaria y económica de la historia reciente; lo nunca conocido. En la gravedad de esa coyuntura apocalíptica, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado las energías de un año entero en la manipulación de los límites reales de deuda de las administraciones públicas españolas, con un desparpajo aterrador. El mismo artículo 135 de la Constitución que ayer se invocaba para negar el endeudamiento es el que hoy se utiliza para permitir que todas las administraciones se salten las reglas de gasto.

Con el mismo énfasis con el que ayer se invocaba la inconstitucionalidad de cualquier cambio en la senda de estabilidad, hoy se refrenda, alegremente, la posibilidad de que, sin necesidad de ninguna reforma legal, se abandone de inmediato el corsé de austeridad que nos impusieron en la anterior crisis financiera. Y en todo este tiempo, que han sido ocho meses, el Gobierno ha estado jugando con los grupos del Congreso, vendiéndoles favores de endeudamiento a cambio de apoyos parlamentarios; con los ayuntamientos, tratando de revenderles como préstamo sus propios ahorros, y con las comunidades autónomas, a las que, insistentemente, pedía colaboración cuando le mendigaban financiación.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Reuters) Opinión
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Este juego de esconder la realidad se parece demasiado al de los trileros: la bolita del endeudamiento siempre estuvo ahí, pero el Gobierno la ocultaba, la escondía, el presidente Pedro Sánchez y su ministra portavoz, María Jesús Montero, hasta que han decidido enseñarla, acaso porque ya han exprimido todas las ventajas políticas a las que podían aspirar. Y están convencidos, además, de que nadie se lo reprochará porque en política el pasado es ayer y la sociedad, con su memoria de pez, solo está preocupada por lo que pasará mañana.

Fue exactamente el 24 de marzo de 2020 cuando la Comisión Europea propuso la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para poder afrontar de una manera rápida y eficaz la ruina que, entonces, se nos venía encima. Es decir, solo habían transcurrido 10 días desde que en España se declaró el estado de alarma. “Hoy proponemos la máxima flexibilidad de nuestras normas, de manera que los gobiernos nacionales puedan apoyar a todos: sus sistemas sanitarios, a su personal y a las personas tan gravemente afectadas por la crisis”, dijo ese día la presidenta Ursula von der Leyen.

En efecto, tanto el artículo 135.4 de la Constitución española como el artículo 11 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria disponen que los límites de déficit y el volumen de deuda que se impusieron en la anterior crisis pueden saltarse en situaciones excepcionales de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado”. Es decir, que la pandemia mundial de coronavirus que estamos padeciendo es, de todas las penalidades que pudieran imaginarse cuando se redactaron esos artículos, la más propicia para encajarla en la excepcionalidad.

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Sin embargo, lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en abril, un mes después de ese acuerdo de la Comisión Europea, fue intentar acaparar el ahorro acumulado por los ayuntamientos con la excusa, mil veces reiterada, de que “por imposición de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno del PP, los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit público ni hacer uso de los remanentes de ahorro acumulados”. Eso mismo lo ha venido repitiendo la ministra de Hacienda en el Congreso y en todas sus citas mediáticas desde mediados del mes de abril, cuando presentó su propuesta, hasta finales de septiembre pasado. ¿No debería dar ahora una explicación de por qué ha ocultado durante tanto tiempo la salida legal que existía? ¿Puede entenderse que un responsable público actúe así, con esa frivolidad sectaria, en medio de una pandemia que nos ha hundido en el pozo?

Un mes más tarde, el 21 mayo, en la negociación de una nueva prórroga del estado de alarma, el Gobierno causó un enorme revuelo entre las comunidades autónomas cuando acordó con el PNV privilegiar al País Vasco y a Navarra con un mayor endeudamiento para que pudieran “paliar los efectos sociales” causados por la crisis sanitaria y económica. Con el beneplácito de la Comisión Europea y con la literalidad de la Constitución española, el Gobierno de Pedro Sánchez podría haber actuado de la misma forma con todas las administraciones autonómicas, provinciales y locales, pero no lo hizo porque en aquel momento lo fundamental era distinguir con ese privilegio al nacionalismo vasco y derrotar a las derechas en el Congreso. ¿Y el interés nacional del que tanto hablan?

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“Es un día histórico en España porque ha muerto la austeridad. Es el hecho político más importante, no de esta semana sino de una época”, sostiene el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, para iniciar la difusión de un nuevo relato: "Hasta ahora, todas las restricciones se debían al corsé de la Constitución y de las leyes aprobadas por los gobiernos del Partido Popular, pero, a partir de este momento, comienza una nueva época porque ha muerto la austeridad gracias al Gobierno de Pedro Sánchez". Y todo eso, sin haber cambiado ni una sola coma de la legislación. Impresionante.

Nadie en su sano juicio puede fiarse de un personal político que maneja así la realidad, dependiendo solo de sus estrategias electorales. No hay ningún plan de reconstrucción, ningún proyecto concreto de reforma de la economía, pero ya se sabe que la deuda será a lo grande. Por eso, esta cara es de estupor o de incredulidad, porque la anterior crisis económica, en 2007, la arrancamos con una deuda pública del 35% del producto interior bruto y ahora, en esta crisis de 2020, la deuda pública con la que se anuncia el gran endeudamiento ya supera el 110% de lo que producimos.

Esta cara es de estupor o de incredulidad. También de profunda irritación, porque son meses perdidos para afrontar lo que ellos mismos definen como la peor crisis sanitaria y económica de la historia reciente; lo nunca conocido. En la gravedad de esa coyuntura apocalíptica, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado las energías de un año entero en la manipulación de los límites reales de deuda de las administraciones públicas españolas, con un desparpajo aterrador. El mismo artículo 135 de la Constitución que ayer se invocaba para negar el endeudamiento es el que hoy se utiliza para permitir que todas las administraciones se salten las reglas de gasto.

Pedro Sánchez María Jesús Montero