Aprobado general y paliza al profesor
En el tiempo raro y trágico que nos ha tocado vivir con la pandemia, muchas cosas han cambiado en el sistema educativo, menos las denuncias por agresiones en los institutos
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Llevaba la ira en los ojos y no tardó en explotar. La alumna se levantó de la silla, “puta, más que puta”, y se fue directa hacia la profesora, que se levantó asustada. Miró a sus padres, como inquiriéndoles (qué pasa aquí, no vais a calmar a vuestra hija, pensáis dejar que me pegue), pero los dos siguieron sentados, con una ligera cara de satisfacción. Un paso, dos, tres, subiendo cada vez más la voz. La alumna se acercó. La arrinconó contra la pared y pegó su boca en el oído, amenazante, “qué vas a hacer zorra, ¿eh?, qué coño vas a hacer tú”, de un manotazo la giró hacia un mueble, la agarró fuertemente por los pelos y comenzó a golpearla contra la madera. Todo ocurrió hace unos días, en un instituto de Huelva y es muy probable que, solo en lo que llevamos de curso, otros profesores de toda España hayan atravesado una situación similar. Porque no se trata de ninguna novedad, porque son denuncias acumuladas y silenciadas desde hace años, demasiados años ya, sin que ocurra nada más que el agravamiento o el estancamiento del mismo problema: el cuestionamiento social de la figura del maestro como autoridad respetada y admirada.
¿Toda la población trata igual a los profesores? Evidentemente no, pero hay encuesta realizada por los sindicatos de enseñanza en la que, cuando se pregunta al colectivo de docentes por las agresiones, siempre hay una sólida mayoría que ha conocido o ha padecido directamente algún tipo de maltrato por parte de los alumnos y de sus progenitores. Y ahora, una vez más, la pregunta que surge siempre: ¿cómo se puede recuperar la autoridad del profesor en las aulas? ¿Qué sociedad estamos creando cuando, desde pequeños, se transmite esta falta de respeto? ¿Ayuda o, por el contrario, contribuye a un mayor deterioro las noticias sobre la relajación de los exámenes y la posibilidad de que los alumnos pasen de curso, aunque suspendan las asignaturas? Quizá sea una perspectiva extrema pero necesaria: colocar esa doble realidad junta, la una al lado de la otra; consecuencias máximas de un modelo educativo que se ha ido deteriorando hasta provocar esa paradoja grotesca en las aulas, aprobado general y palizas al profesor.
La última agresión conocida, y denunciada, relatada al principio, se produjo el pasado miércoles en Instituto de Enseñanza Secundaria de Punta Umbría, en Huelva, cuando la directora del centro llamó a los progenitores de una alumna para comunicarles el mal comportamiento de esta en las clases. También sería por los motivos habituales: constantes interrupciones en el aula, con voces, desconsideraciones hacia los profesores, hasta convertir cada clase en un infierno insoportable. La alumna, como había sido requerida, acudió al despacho en compañía de su madre y de otro familiar más y, entre las tres, acorralaron a la directora.
Es evidente que la mayoría de los padres y madres de ese Instituto, como los del resto de España, no tienen nada que ver con el perfil de unos adultos que jalean a sus hijos cuando agreden a su profesor, esa monstruosidad sobrecogedora, pero tampoco se trata de un episodio ocasional o anecdótico. “En nuestro trabajo nos encontramos demasiado a menudo con amenazas, provocaciones, insultos y humillaciones hasta el punto en el que podemos decir que se está normalizando esta serie de situaciones. Sin embargo, no podemos normalizar estos hechos, ya que, en muchas ocasiones, como esta vez, corre peligro la integridad física y la psicológica tanto del profesorado como del alumnado”, afirmaron en el Instituto de Punta Umbría, tras las concentraciones de protesta que convocaron los profesores.
De hecho, como se indicaba antes, los principales sindicatos de Enseñanza en España cuentan con sondeos y estadísticas que demuestran que la violencia en las aulas es un preocupante fenómeno creciente. Ocurre desde hace años, demasiados años, y nunca se han adoptado medidas. Más allá aún, parece claro que la violencia que se ejerce en las escuelas afecta, sobre todo, a las mujeres, a las maestras. “De entre las profesoras, un elevadísimo 84% de las encuestadas ha experimentado alguna agresión, el 19% de las cuales física y verbal simultáneamente. Entre ellas, a su vez, tienen constancia de agresiones a otras compañeras el 76% de ellas. Las encuestadas señalan una significativa presencia de alumnas (12%) entre las atacantes y destacan, como ‘modalidad’ más frecuente de las agresiones, aquellas en las que participan alumnos junto con sus progenitores (35%)”, concluía un estudio, de 2018, de la Asociación de Profesores de Andalucía.
Para la central sindical CSIF, el problema reiterado, “cada vez más habitual”, no tiene más que un origen, la falta de autoridad del profesor en el aula, con lo que, de nuevo, tras las agresiones de Huelva, han vuelto a solicitar que se reconozca a los docentes como ‘autoridad pública’. “El aumento de las agresiones hacia los docentes es un reflejo de la carencia de valores en el ámbito familiar y social. Se trata de un problema que adolece la sociedad, de la falta de una educación basada en el respeto, la tolerancia y la no violencia”, sostiene la dirigente del CSIF en Huelva, Prado Rodríguez. Sucede, además, que, como narran los sindicatos de Educación, el problema no se refleja solo en las agresiones, sino en otros comportamientos diarios. “La casi total ausencia de la autoridad docente provoca conductas inadecuadas en las clases, como comer chucherías, escuchar música, llamar a otros compañeros a voces, comentarios inoportunos, levantarse sin permisos del profesor, cuando no zarandeos, broncas y humillaciones al docente”.
¿Cuántos maestros, cuántas maestras, se reconocen en aulas así, convertidas en infiernos imposibles para enseñar nada a los alumnos? Desde luego, lo que no parece tener mucho sentido es que, ante esta realidad, persistente y sexista, la única indicación, el único mensaje, que llega hasta las aulas desde el Consejo de Ministros sea la desaparición de controles y trabas, como si las exigencias de un profesor fueran un incómodo estorbo, como si los exámenes fueran un molesto contratiempo, como si existiese el ‘derecho de aprobado’ para los alumnos. La autoridad del profesor no parece que sea la que salga fortalecida con decretos ley, como el aprobado a final de septiembre, en el que, otra vez, se retira el límite de suspensos para poder pasar de curso. En el tiempo raro, excepcional y trágico que nos ha tocado vivir con la pandemia de coronavirus, muchas cosas han cambiado en el sistema educativo español menos las denuncias por agresiones en los colegios e institutos. Ni la ceguera política.
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