Un pacto andaluz de vergüenza nacional

Los consensos parlamentarios en España solo se producen cuando se trata de defender privilegios de la clase política. Nunca se verá un disentimiento sobre las asignaciones a los grupos parlamentarios, las dietas y complementos a los miembros de una comisión o, incluso, las retribuciones al personal de servicio en las instituciones, como los ujieres, que en algunos parlamentos tienen la suerte de disfrutar hasta de un premio especial cuando se jubilan, una paga extra de treinta o cuarenta mil euros que ya quisieran poder compartir, no los currantes de empresas privadas, sino los funcionarios públicos que no tienen la suerte de trabajar para sus señorías.

Todo eso es lo que se denominaba la ‘casta política’ que tanto molestó a la ciudadanía a mediados de la década, cuando peor lo estaba pasando el personal por la crisis económica, y que tan acertadamente supieron encauzar dos formaciones políticas nuevas, Podemos y Ciudadanos, frente a los viejos hábitos que representaban el PSOE y el PP. Por eso es tan sorprendente lo que acaba de ocurrir en la política nacional, el acuerdo forzado, acelerado, para cambiar el concepto de transfuguismo y convertirlo en un arma política letal contra la disidencia interna en favor de los aparatos de los partidos políticos. Y han sido Podemos y Ciudadanos los que han promovido ese pacto, a toda prisa, arrollando principios teóricos y tesis políticas que, en otros ámbitos, son innegociables, como los acuerdos con los extremos o el escrupuloso respeto de las reglas del feminismo oficial. Nada es obstáculo, por eso ese acuerdo andaluz es una desvergüenza nacional que desnuda tanta consigna repetida.

¿Es este el famoso ‘modelo femenino de gestión’?

Uno de los principios fundamentales del feminismo institucional es que, frente al patriarcado, las mujeres propugnan un modelo de gestión diferente, en todos los ámbitos profesionales y sectoriales, por el solo hecho de ser mujeres. El concepto, que se cae por sí mismo con la generalización, se vuelve un grotesco ejercicio de cinismo cuando se le aplica a la lucha por el poder en política protagonizada por mujeres. Porque no existe diferencia alguna entre hombres y mujeres en la forma despiadada en la que en los partidos políticos se defienden los puestos de mando.

Opinión

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Primero, Teresa Rodríguez, una de las fundadoras de Podemos y la candidata con la que se presentaron a las elecciones, y después la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, han protagonizado una batalla por el poder en el que no han faltado ninguno de los elementos que ellas le atribuyen al patriarcado. Cuando Montero repite que el patriarcado y la extrema derecha representan una forma de hacer política agresiva que intenta “eliminar y destrozar al adversario incluso en términos personales” está retratando los aspectos más sórdidos de la batalla por el poder en Andalucía en la que han salido a relucir desde el chalé de Galapagar como símbolo del cambio de estatus social de los Iglesias Montero, hasta la oportunidad que ofrecía la baja maternal de Teresa Rodríguez para echarla del partido porque, como justificó la ministra de Igualdad, “la política no para".

¿Es esta la famosa ‘tolerancia cero’ contra la corrupción?

La palabra y el concepto transfuguismo ha estado ligado desde sus orígenes a la corrupción política, diputados o concejales que se marchan del partido político por el que fueron elegidos en las elecciones para, con su marcha, facilitar que la oposición sume los votos necesarios para formar gobierno y desbancar a quien ha ganado las elecciones. En muchos casos, la marcha del tránsfuga estaba asociada a comisiones ocultas o a cargos públicos ligados al urbanismo o a las obras públicas. Por esa razón, en uno de los escasos acuerdos de Estado entre todas las fuerzas políticas, se decidió luchar de forma conjunta contra los tránsfugas y se firmó el Pacto Antitranfuguismo, con la correspondiente comisión para resolver los conflictos que se presentasen. Diez años llevaba sin reunirse esa mesa, ¡diez años! Hasta este verano que, a finales de julio, los dos partidos políticos más jóvenes, Ciudadanos y Podemos, solicitaron una reunión urgente, “a toda prisa”, como ha confesado alguno de ellos. Desde la crisis económica y la posterior caída del bipartidismo, ha sido tal la convulsión política en España que los casos de transfuguismo, ciertamente, desaparecieron como tales.

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Las únicas rupturas importantes se presentaron en Podemos, con la escisión de Íñigo Errejón, al que nunca se le ha tachado de tránsfuga, y posteriormente en Ciudadanos, tras la salida de Albert Rivera y las críticas a Inés Arrimadas por el nuevo rumbo de la formación. Ante ese peligro de desintegración y rivalidad interna, se crea un elemento de control que le otorga un poder a los aparatos de los partidos políticos sobre los militantes al borde de lo inconstitucional, si es que no es claramente inconstitucional.

A partir de ahora, será tránsfuga quien decida el partido, no solo quien lo abandone. Literalmente, el acuerdo -con la insoportable redacción de género- dice así: será tránsfuga “los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes". Es decir, un concejal o un diputado que muestre su desacuerdo con su formación política o se convierta en un incordio para sus líderes puede ser expulsado del partido y, a partir de ese momento, será considerado tránsfuga, sin derecho a la infraestructura y la financiación de la que sí gozan los demás grupos políticos. Eso es, exactamente, lo que Pablo Iglesias y Alberto Garzón (Podemos e Izquierda Unida) han urdido contra la escisión andaluza de Podemos, para intentar asfixiarla económicamente y anularla políticamente en los dos años que quedan de legislatura andaluza, antes de las próximas elecciones.

¿Es esta la famosa ‘línea roja’ contra la extrema derecha?

Los acuerdos con la extrema derecha son la línea roja infranqueable de la izquierda, salvo en las cuestiones que atañen a los privilegios de la clase política o al fortalecimiento del aparato de los partidos políticos, como es este caso. La primera aplicación sonada del nuevo concepto de transfuguismo se ha producido en Andalucía, en paralelo al debate presupuestario, tanto en el Parlamento andaluz como en las Cortes Generales, y el contraste de los discursos sorprende tanto que solo se explica con la impostura premeditada y el cinismo.

En el Congreso, ya han firmado su aceptación para el cambio de denominación del transfuguismo los principales partidos (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, PNV, Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés, Foro Asturias y Galicia en Común) y el resto, salvo alguna excepción, se irá incorporando en los próximos días, como será el caso de Vox que, si bien no ha participado en esas reuniones hasta ahora, sí ha sido fundamental para sacar adelante, desde el principio, la expulsión de los diputados discrepantes de Podemos en Andalucía. En otras muchas situaciones, sobre cualquier materia que se pueda imaginar de la gestión pública, ya sea la simple construcción de una carretera o de un hospital, la sola foto de una mesa en la que estén sentados representantes de Podemos y de Vox será imposible por las diferencias irreconciliables que ambos aducirán. Pero en cuestión de aparatos y control de la disidencia política, no hay distancia alguna que los separe.