El armario negro del PP

Constituye un hecho asombroso que sigan indagándose posibles corruptelas que ocurrieron hace 20 años, como es el caso del último informe de la UDEF enviado a la Audiencia Nacional

Foto: El extesorero del PP Luis Bárcenas. (EFE)
El extesorero del PP Luis Bárcenas. (EFE)
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No era una ‘caja B’: lo que tenía el PP en sus años de Gobierno era un armario negro y, por eso, tantos años después, todavía siguen saliendo cadáveres chamuscados en las investigaciones policiales. Se trata de los mismos actores, pero envueltos en una secuencia de delitos que parece infinita; aquellos papeles de Luis Bárcenas recuerdan el ‘Libro de arena’ de Jorge Luis Borges, ese delicioso cuento sobre un libro llamado así, “porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin”.

Lo mismo se podría decir de los papeles de Bárcenas, o de la corrupción misma, que no tiene principio ni final, de forma que ha envuelto el Partido Popular en una espiral de la que no logra salir, no se desprende de esa manteca con la que se embadurnó en sus años de gloria. Pasó José María Aznar, pasó Rodríguez Zapatero, pasó Mariano Rajoy y, con Pedro Sánchez luchando por hacerse eterno, todavía siguen apareciendo escándalos, uno tras otro, atados todos ellos con la misma correa, la Gürtel, con la que empezó todo. Esa época ejemplarizada en ese desfile de gasas y brillantina de El Escorial, en la ‘boda de Estado’ que se montó el presidente Aznar para dejarnos a todos una imagen contundente con la que pudiésemos resumir la degeneración del poder cuando se corrompe.

Ciertamente, desde el exclusivo punto de vista penal, constituye un hecho asombroso, porque siguen indagándose posibles corruptelas que ocurrieron hace 20 años, ¡20 años!, como es el caso del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enviado a la Audiencia Nacional. Lo que presuponen ahora los policías que han investigado esta última rama del árbol de corrupción que creció con la Gürtel es que se cobraron comisiones ilegales en una veintena de adjudicaciones de obras públicas por parte de cinco ministerios y tres organismos públicos, Adif, Renfe y la Agencia Tributaria.

En total, 600 millones de euros, una cantidad que, en sí misma, sitúa este caso entre los primeros del 'ranking' de corrupción política española por cantidad defraudada, en el caso de que la Audiencia estime conveniente seguir adelante con la investigación, al encontrar convincentes los indicios de delito hallados por la UDEF, porque tampoco sería la primera vez que un informe policial se desinfla… Además, intentar buscar pruebas contundentes del delito cometido, 20 años después, puede resultar un imposible judicial.

Históricamente, ante las sospechas de irregularidad en la adjudicación de obras públicas, los tribunales han terminado por dar carpetazo a los casos

Históricamente, ante las sospechas de irregularidad en las adjudicaciones de obras públicas, los tribunales han acabado dando un carpetazo a los asuntos por la imposibilidad de demostrar, fehacientemente, que las entregas de ‘dinero negro’ a un partido político tenían una relación directa con el ‘favor’ de una concesión de la Administración pública. Algo tan elemental en el sentido común, como pensar que nadie paga a cambio de nada, tiene una extraordinaria complejidad penal por el sistema garantista de la Justicia que, afortunadamente, rige en las sociedades avanzadas, pese a estas sensaciones pasajeras de impunidad. Ahí está, de hecho, la última sentencia del Tribunal Supremo que apoya la pirueta legal de ratificar que las arcas del Partido Popular se nutrieron con el dinero de las comisiones ilegales, pero como no se puede probar su participación directa en el delito, pues no tiene responsabilidad penal, solo civil. Es el concepto del 'responsable a título lucrativo' que, inexplicablemente, a los responsables del PP les pareció un veredicto de inocencia. “El beneficiario no solo no participó en el delito, sino que desconoció su comisión”, como decía la sentencia de la Gürtel. Pues eso.

Quiere decirse, con todo ello, que es probable que, una vez pasado el estupor inicial de que las revisiones de los papeles de Bárcenas sigan arrojando nuevos presuntos delitos, lo que sigue faltando en el Partido Popular es una declaración formal que trascienda de la tomadura de pelo habitual que circunscribe siempre lo ocurrido a tiempos pasados y a personas de las que se borran el nombre y el recuerdo. Como si se hubieran convertido en fantasmas o en extraños… “Esa persona de la que usted me habla”.

La ridiculez de las justificaciones tras cada caso de corrupción se convierte en el primer peldaño para volver a cometer los mismos delitos, y esa también es una deriva constatable en España. Desde que el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra interpretó la permanencia en el poder como un juego tramposo en el que “robar para el partido no es robar”, como llegó a decirse en aquellos años, todas las organizaciones políticas han calcado el mismo proceder. En ese todo revuelto, la inercia cínica que se ha establecido consiste en la burda dinámica que les lleva a exagerar los casos de corrupción que afectan al adversario, al tiempo que se minimizan o ignoran las irregularidades propias. Podemos ha sido el último partido político en hacerse socio de ese club de la mentira.

Es inconcebible que José María Aznar siga pontificando sobre la democracia española sin mirarse los zapatos y comprobar que están llenos de barro. Todas estas adjudicaciones presuntamente irregulares se corresponden con su etapa de gobierno y, por muchos años que hayan pasado, tiene que ser él el primero que ofrezca explicaciones. Porque sigue siendo su responsabilidad política, aunque esté jubilado de la política activa y se haya retirado a sus libros y a sus charlas. Como, obviamente, esas explicaciones no llegarán nunca, que, al menos, quede la constancia del dedo que lo señala, porque su etapa en el Gobierno ha sido, sigue siendo, una de las más corruptas, con tantos exministros y exdirigentes procesados y encarcelados que se pierde la cuenta. Este es su armario negro, el de Aznar, aunque fuera el sucesor designado, Mariano Rajoy, el que tuviera que cargar con la responsabilidad política cuando los tribunales de Justicia comenzaron a emitir sentencias y a abrir sumarios, como si fueran las páginas de un libro de arena.

Matacán