Matacán
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Independentistas a la calle y, luego, qué…
El problema no es que los presos independentistas salgan a la calle; el problema viene después y ya será irremediable
El problema no es que los presos independentistas salgan a la calle; el problema viene después, y ya será irremediable. Por esa razón, el debate político sobre el delito de sedición que ha vuelto a plantearse en España, por el deseo de la mitad podemita del Gobierno de Pedro Sánchez de llevarlo al Congreso este mismo mes de diciembre, ha vuelto a plantearse mal, fijando la atención en la consecuencia inmediata, la liberación de los presos condenados por la revuelta independentista de octubre de 2017, cuando ese es el menor de los efectos de la reforma que se busca.
¿Y a qué vienen las prisas, por qué ahora? Está claro que Podemos entiende, incomprensiblemente, que la izquierda española debe identificarse con los separatistas, y que el PSOE le sigue la estrategia para no descolocarse en la pugna electoral, con lo cual estas propuestas encajan en ese ideario, pero las prisas están relacionadas con el Pacto de los presupuestos Generales del Estado y las elecciones catalanas de febrero próximo. La eliminación de la lengua española como vehicular en la nueva ley de educación ha sido solo una parte, una humillación menor que no pasa de ahí, porque la Constitución sigue afirmando lo contrario; el grueso del acuerdo con Esquerra Republicana y Bildu está en la reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición, como ya se hizo antes con el de rebelión, y eso sí que deja desamparada la Constitución. Así que vamos por partes.
El historial de indultos políticos en España es amplio, tan amplio, que ese anacronismo se mantiene sin discusión en una democracia asentada como la española para que la clase política pueda mantener ese privilegio que atenta contra la división de poderes, la posibilidad discrecional de eliminar una pena impuesta por los tribunales de Justicia. De hecho, el indulto más corriente está relacionado con el ejercicio de un cargo público. Hay una organización “independiente y sin ánimo de lucro”, la Fundación Ciudadana Civio, que recopila y analiza los indultos en España; un ‘indultómetro’ en el que se demuestra que los presos más indultados por los distintos gobiernos, tanto socialistas como populares, son los que habían cometido delitos contra el medio ambiente, contra la libertad individual, o estaban condenados por prevaricación o malversación.
La peculiaridad esencial de ese dato, como se reseña en ese balance, es que “tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo público o la sustracción de dinero de las arcas de las administraciones”. Pero vamos al golpismo: el general Alfonso Armada, considerado como el cerebro del golpe de Estado de Tejero en 1981, condenado a 26 años de cárcel, fue indultado por el Gobierno de Felipe González en 1988. No ocurrió lo mismo con el coronel Tejero, que solo se benefició, como otros golpistas de entonces, de las medidas de gracias legalmente establecidas. Quiere decirse que tampoco debería extrañarnos que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda dar ese paso, indultar a los presos independentistas, por mucho que el Tribunal Supremo esté revocando todas las medidas de semilibertad que se pretenden aplicar a la banda del 'procés'.
Por tanto, el indulto a los presos independentistas, si se produce, incluso en contra del criterio de los tribunales, no será más que un escándalo repetido en España por el mantenimiento de ese privilegio medieval. Incluso sería plausible si los encarcelados hubieran mostrado arrepentimiento y renegaran públicamente de querer repetir un golpe a la Constitución española, como el que perpetraron en 2017 al declarar la independencia de Cataluña, formalmente, en un pleno del Parlamento catalán. Pero eso no ha sucedido, más bien lo contrario, porque cada vez que conceden entrevistas, lo que repiten machaconamente es que, en cuanto queden en libertad, lo volverán a hacer.
Ahí es donde adquiere especial gravedad la reforma que se persigue porque, con el Código Penal actual, en el caso de que quieran, otra vez, aprobar una declaración de independencia, ya saben lo que les espera, la cárcel, y por eso, desde 2017, no se han vuelto a producir incidentes. Pero ¿qué pasaría si el Gobierno consigue reformar el delito de sedición para que un golpe a la Constitución, como el ocurrido en Cataluña, no sea considerado delito? Sencillamente, que quedaría en desamparo penal el artículo 2 de la Carta Magna, que proclama que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
La despenalización de todo lo que afecte a ese artículo se ha ido haciendo, por fases, y la propuesta del Gobierno del PSOE y Podemos sería la definitiva. Hasta el Código Penal de 1995, el delito de rebelión era el que protegía ese artículo de la Constitución, al establecer que “son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes: (…) Declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer la Nación o parte de ella o cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”. Pero, intencionadamente, se rebajó el delito y se incluyó una palabra, otra exigencia más, que, por ejemplo, sirvió para desarmarlo frente al golpismo independentista: para que se cometa un delito de rebelión tiene que darse un alzamiento “público y violento”. Al no existir una violencia constatable, el Tribunal Supremo se inclinó por el delito de sedición que, aunque no era el específico para una declaración de independencia, no exigía la existencia de violencia para que se cometiese. Eso es justo lo que quiere el Gobierno, que también el delito de sedición exija la existencia de violencia, el uso de armas.
Es decir, que, con esa reforma del Código Penal, los autores de una declaración de independencia en un Parlamento autonómico ya no podrán ser condenados ni por sedición ni por rebelión. El problema, por tanto, no es que Junqueras y los demás sean indultados, algo que podrían intentar hacer antes de las elecciones catalanas con la excusa de que el delito de sedición se va a cambiar y que, una vez reformado, la libertad sería inmediata; la gravedad radica en que saldrían libres y victoriosos, reafirmados en su delito para poder volverlo a cometer sin consecuencias penales. Y eso sí que no tiene vuelta de hoja… Sostiene el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que la reforma del delito de sedición es necesaria porque es anacrónico y porque lo exige Europa. Ambas cosas son falsas. Ni lo ha exigido la Unión Europea, como acaba de demostrarse, ni la Constitución española contempla nada sobre su unidad territorial que no recojan todas las constituciones democráticas del mundo, empezando por las europeas. España, ya se dijo una vez aquí, no es una extravagancia; aquí la única locura, radical y tramposa, es la del independentismo catalán, sustentado en un delirio histórico y una insultante superioridad segregacionista.
El problema no es que los presos independentistas salgan a la calle; el problema viene después, y ya será irremediable. Por esa razón, el debate político sobre el delito de sedición que ha vuelto a plantearse en España, por el deseo de la mitad podemita del Gobierno de Pedro Sánchez de llevarlo al Congreso este mismo mes de diciembre, ha vuelto a plantearse mal, fijando la atención en la consecuencia inmediata, la liberación de los presos condenados por la revuelta independentista de octubre de 2017, cuando ese es el menor de los efectos de la reforma que se busca.