Andalucía, burocracia de la corrupción

La lucha de la política contra la corrupción en España siempre es anecdótica y, como tal, falsaria. Por lo que llevamos visto, que es mucho, es muy cuestionable que exista un verdadero interés en los dirigentes políticos por acabar con la corrupción en España, aunque nunca se deban prejuzgar las intenciones y convicciones personales. La cuestión es que la democracia española se adentra en el medio siglo de existencia y, si miramos hacia atrás, observaremos que la corrupción política aquí es un fenómeno constante, que repite siempre el mismo patrón de comportamiento, sin que los partidos políticos que integran el sistema se hayan decidido jamás a erradicarla.

Encontraremos muchos discursos, muchos golpes de pecho, consignas huecas y pomposas —“¡Tolerancia cero!”—, pero pocas medidas efectivas que modifiquen comportamientos cínicos y vicios estructurales. Se simulan grandes reformas contra la corrupción que, como son inanes, al final consolidan el mismo esquema de poder que la genera; pura filosofía de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Los últimos que han proclamado, con la grandilocuencia propia de estos actos, una nueva reforma legislativa para acabar con la corrupción han sido los dos socios de gobierno en Andalucía, Partido Popular y Ciudadanos. ¿Y en qué consiste la reforma 'decisiva' para eliminar a los corruptos? Pues en la creación de una Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción Política que dependerá del Parlamento de Andalucía; es decir, más burocracia, como si no hubiese ya suficiente para las tareas de control del Gobierno con la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz, además del resto de órganos de supervisión e inspección a los que, por supuesto, hay que añadir la Justicia. Todo eso, claro, sin contar con el propio Parlamento de Andalucía, que ya está ampliamente dotado con medios y recursos suficientes para atender las demandas de los 109 diputados.

La lentitud de la Justicia, que está íntimamente ligada al anacrónico sistema procesal, de 1882, entorpece la lucha contra la corrupción

Sobre toda esa estructura, es completamente absurdo que se cree una nueva oficina, porque no supone otra cosa que añadir materia adiposa a la Administración, en vez de músculo. Y si se piensa que todo lo que existe no funciona, mejor empeñarse en la reforma y la mejora de lo que es ineficaz que seguir acumulando estructuras inoperantes por sí mismas, como ocurrirá con esa tal Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción Política. Que no repare en este pragmatismo un Gobierno, como este del PP y Ciudadanos, que llegó a la Junta de Andalucía con la promesa —incumplida— de aligerar y adelgazar “los chiringuitos” de la administración paralela, ya lo dice todo.

¿De verdad se quiere acabar con la corrupción política en España? Pues entonces, que se comience por abandonar radicalmente todas las políticas que se han puesto en marcha hasta ahora con evidente fracaso de resultados. (De hecho, es lo que se debería hacer en otros muchos campos, en vez de insistir en una proliferación de observatorios y oficinas). Vayamos a algunos ejemplos. Si lo que se persigue es una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción, que se dote de mayores medios y recursos a los únicos profesionales en la represión de los delitos, policías, fiscales y jueces. La lentitud de la Justicia, que está íntimamente ligada al anacrónico sistema procesal español, de 1882, engorda y entorpece objetivamente la lucha contra la corrupción, no solo por lo eterno de los procesos judiciales, que pueden durar 10, 15 o 20 años, sino por la percepción distorsionada que se crea en la ciudadanía.

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¿No resulta desconcertante que en 40 años no haya habido un acuerdo político para aprobar una nueva ley procesal, que dote la Justicia de más eficacia y más medios para la investigación de los delitos? La mayor preocupación del poder político en España, el legislativo y el ejecutivo, ha sido siempre controlar los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, con nombramientos teledirigidos y consejos parcelados por cuotas de partido. Igual que sucede con muchos de los órganos de control de extracción parlamentaria o dependientes de los parlamentos, como las cámaras de Cuentas autonómicas o el propio Tribunal de Cuentas del Estado.

En una ocasión, con motivo de alguno de los debates que se organizan sobre la corrupción en España, uno de los responsables de Transparencia Internacional ofreció un dato muy llamativo de lo que nos ocurre: en una comunidad autónoma como Aragón, hay más concejales que en toda Suecia y menos de la mitad de jueces por población que en el país nórdico. La misma lógica se podría aplicar a la corrupción en los ayuntamientos: ¿en algún momento se ha buscado una mayor profesionalidad e independencia de los interventores y secretarios municipales para que sirvieran de parapeto de los comportamientos corruptos en la Administración local? ¿Y qué decimos de los puestos de ‘libre designación’ que terminan supliendo a los funcionarios de carrera o arrinconándolos?

¿Y qué decimos de los puestos de ‘libre designación’ que terminan supliendo a los funcionarios de carrera o arrinconándolos?

Hace unos años, con motivo de uno de los juicios que se celebraron en Andalucía por una trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla, el juez dejó escrito en su sentencia la perplejidad que le causó comprobar que en el distrito municipal en que se amañaron y apropiaron del dinero público había dos funcionarios municipales y 25 colaboradores —¡25!— contratados por el PSOE. “No corresponde a este magistrado calificar jurídicamente la decisión del ayuntamiento de instaurar ese procedimiento para contratar y ejecutar las obras (…) pero sí constatar la directa relación que ha existido entre ese proceder sin control ni intervención de los funcionarios con la aparición de los comportamientos ilícitos”, decía aquel magistrado, Francisco Gutiérrez, en su sentencia.

Siempre se ha insistido aquí que no habrá regeneración política en España para erradicar la corrupción hasta que no se admita la existencia de un problema que es transversal; la evidencia de que toda corrupción está ligada a la financiación ilegal de los partidos políticos. Esa es la raíz de la corrupción, aunque siempre se empeñen en querer demostrarnos que todo se debe al comportamiento corrupto e individual de algunos, que hoy se llaman Luis Bárcenas como anteayer se llamaban Juan Guerra. Todos sabemos que forman parte de un sistema, un esquema de poder, una estructura paralela, consolidada o enquistada en la democracia española. Es evidente que acabar con esa inercia de años es algo mucho más complejo, y se necesita bastante más determinación que la que se desprende de esa iniciativa pánfila que nos propone en Andalucía otra oficina de grandes palabras y más burocracia.