Pedro Sánchez, el péndulo reformista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede pasar a la historia como el péndulo que inspiró las grandes reformas que necesitaba la democracia española, como todas aquellas que tienen que ver con la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía. La gran virtud de un político como él es que consigue que una democracia toque suelo, que nos sitúe frente al abismo por el que nos podemos despeñar, por la fragilidad con la que podemos contemplar el sistema ante situaciones de arbitrariedad como esta de ahora, con el indulto de los líderes secesionistas de Cataluña.

El efecto inverso de un despropósito así, que desprecia las más altas instancias judiciales de España, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que avalaron la sentencia condenatoria de la revuelta independentista, puede asemejarse en su desmesura a lo ocurrido con el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuando este mismo Gobierno pretendió nombrarlos con su mayoría enclenque, con el mismo descaro con el que puso a su ministra de fiscal general del Estado. Gracias a aquella intentona, la Comisión Europea, siempre tan distante, amonestó al Gobierno y forzó a Pedro Sánchez a retirar su reforma.

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Tras el indulto a los independentistas sediciosos, sin más justificación que su antojo político, no es que la Comisión Europea se vaya a pronunciar otra vez, que no lo hará, pero sí servirá para que en España se tracen líneas rojas sobre las componendas y los apaños entre partidos políticos, habituales y consentidos hasta ahora. Además, el péndulo reformista de los desastres de Pedro Sánchez está ahormando un espíritu de autodefensa en la propia carrera judicial y fiscal, como lo demuestra el hecho insólito de que la mitad de los jueces y magistrados españoles haya dirigido un escrito a la Comisión Europea para que intervenga ante el atropello judicial que se está viviendo. Como repite siempre un veterano fiscal, los atropellos del poder ejecutivo crean anticuerpos en el poder judicial.

Sentado lo anterior, admitamos como verdad incuestionable que no ha sido Pedro Sánchez el primer presidente de España que ha intentado controlar o condicionar la independencia judicial. Lo ocurrido con la Ley de Indulto es muy significativo: fue un presidente socialista, Felipe González, quien eliminó la necesidad de motivar las peticiones de indulto, y fue un presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el que hizo que el Tribunal Supremo se plantara y matizara la doctrina existente sobre esta ley decimonónica al aprobar un indulto (el conocido como del kamikaze) con total arbitrariedad. Todos han abusado, pero nadie ha llegado tan lejos como Pedro Sánchez; esa es la cuestión.

Hace cuatro años, el hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió como portavoz del PSOE la reforma de la Ley de Indulto con este argumento: “Hay que volver a una cierta exigencia de motivación, que al menos podría dar lugar a un control siquiera formal sobre su existencia, lo que supondría un freno a la arbitrariedad”. Para más cinismo, fue el entonces portavoz de Esquerra, Joan Tardà, quien se sumó a la iniciativa socialista: “Es necesario —dijo el independentista en el Congreso— exigir un razonamiento extensivo de las razones que promueven el indulto por parte del Gobierno”.

Pero ¿se puede, realmente, reformar el indulto o su mera existencia pone en cuestión la esencial división de poderes de un Estado de derecho? No lo piensa así el jurista Rodrigo Tena Arregui, miembro de la Fundación Civio, que realiza un detallado seguimiento de cada indulto, y de Hay Derecho, de lucha contra la corrupción y defensa del Estado de derecho: “En muchas democracias existe la institución del indulto, con lo que no tiene por qué verse como algo pernicioso, sino como una válvula de escape del propio sistema. Pero tiene que estar controlada. En el caso de España, la norma es tan laxa que permite el abuso, sobre todo en un país con tan poca cultura de respeto a las instituciones”, afirma a El Confidencial.

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Sorprende comprobar ahora que hasta el año 2000 la Justicia no se planteó la posibilidad de revisión de los indultos a través de una sentencia de la Sala Tercera en la que se reconoce por primera vez su capacidad de controlar esta medida de gracia. Y no fue hasta el año 2013 cuando, en el mencionado indulto del kamikaze, el Tribunal Supremo se plantó por primera vez: “Esa sentencia del Supremo fue un punto de inflexión, un ‘hasta aquí hemos llegado’, por el cachondeo de arbitrariedad total en que se había convertido, como esperemos que lo sea ahora el indulto de los presos del ‘procés’, aunque los medios con que cuenta el Tribunal Supremo son muy limitados”, asegura Tena Arregui.

La limitación fundamental del Tribunal Supremo radica en que la ley, ciertamente, no exige al Gobierno que motive los indultos, pero eso no quiere decir que la medida no tenga en cuenta la justificación de “justicia, equidad o interés público” y, sobre todo, un principio fundamental, el ‘principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos’, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución. “El Tribunal Supremo lo tiene difícil para anular el indulto, por sus limitaciones competenciales, que tampoco puede rebasar, pero, por esa misma razón, ha lanzado una advertencia clara al Gobierno en el durísimo informe con el que se opone a la medida. Lo que el Supremo le dice al Gobierno es que va a tener que argumentar mucho, trabajárselo muy bien, porque, si no, se carga el indulto”, sostiene Rodrigo Tena.

En este sentido, las referencias políticas a “la concordia y el diálogo” entre todos los españoles para justificar el indulto como un asunto de interés público supondrían una burla añadida al Tribunal Supremo. Igual que la justificación de que, una vez concedido el indulto, los presos volverían a la cárcel si cometieran un delito, porque, además de que es un requisito habitual, todos los condenados por la revuelta independentista ya viven en un relajado régimen de tercer grado.

Si el Gobierno pretende someter al Tribunal Supremo a ese ‘trágala’, se produciría un ‘choque de trenes’ de imprevisibles consecuencias: “Nos llevaría a un enfrentamiento institucional desconocido, de un calado enorme”, afirma Tena Arregui. Y añade: “En una democracia, es fundamental el respeto institucional, y este Gobierno no lo tiene, ni con los jueces, ni con los fiscales ni con el CIS… Y con el indulto a los presos del 'procés', ha vuelto a demostrarlo: este Gobierno no tiene ninguna cultura democrática, por muy duro que resulte decirlo”.