Kitchen, "un saludo al ministro del Interior"

En la cárcel de Soto del Real, el abogado Gómez de Liaño iniciaba sus reuniones con el recluso Luis Bárcenas dirigiéndose al tendido: “Un saludo al ministro del Interior”, decía. Lo hacía porque estaba convencido de que el Ministerio del Interior había ordenado que se grabaran todas las reuniones que hubiera en la cárcel entre Bárcenas y su abogado, que es una práctica compatible solo con los peores regímenes dictatoriales. Los dos, Bárcenas y su abogado, sospechaban que los espiaban y esos temores se convirtieron luego en una pieza más del caso Gürtel, que se multiplica en la Audiencia Nacional como los brazos de una hidra mitológica.

Los grababan a puerta cerrada, en el locutorio, cuando estaba con su abogado, y lo grababan cuando salía al patio de la cárcel a fumar, cuando se iba a la biblioteca a leer, cuando hablaba por teléfono en la cabina y hasta cuando iba a la capilla a rezar; todo eso ya se filtró a los medios de comunicación a las pocas semanas de ingresar Luis Bárcenas en la cárcel, en junio de 2013, porque, como también se investiga en esa pieza judicial, contrataron a algunos presos para que les hicieran ese trabajito.

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¿Convierte todo esto en una víctima a Luis Bárcenas? En absoluto, se trata solo de insistir siempre en que en un Estado de derecho también los presos, incluso los más abyectos, tienen derechos que se deben respetar. No, todo esto no atenúa las responsabilidades del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que ya está condenado por el Supremo a más de 29 años de cárcel, sino que incrementa exponencialmente las del PP como organización, compuesta por personas e intereses, que callan ante el caso de corrupción política más grave de la democracia.

Ahora que la ex secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, ha acudido de nuevo a la Audiencia Nacional, al igual que su marido y su exjefe de Gabinete, conviene remarcarlo porque cada día que pasa se hace más intragable esa estrategia de echar balones fuera, que son piedras de molino, como si nada de lo que sucede tuviera que ver con ellos.

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Cuando se afirma que este es el caso de corrupción más grave de la democracia, es porque sobre un caso de financiación ilegal de un partido político se ha superpuesto un escándalo de espionaje, extorsión y secuestro utilizando fondos públicos, fondos reservados, para obstaculizar la labor de la Justicia. En las más de cuatro décadas que llevamos de democracia, hemos conocido numerosos escándalos de cobro de comisiones ilegales en las obras públicas y también han llegado a los tribunales investigaciones sobre el uso desvergonzado de los fondos reservados, como aquel esperpento del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Lo nuevo, y de ahí la apreciación sobre la gravedad, es que por primera vez se presentan los dos unidos: el mismo Gobierno que organiza una trama ilegal para financiar al partido es el que dispone de una trama parapolicial para ocultárselo a la Justicia y engañar a los investigadores.

Sostiene Pablo Casado, el actual presidente nacional del Partido Popular, que él no tiene por qué cargar con los hechos del pasado ni dar explicaciones. Como se ha apuntado aquí otras veces, esa estrategia de evasión podría entenderse si, en la misma respuesta, Pablo Casado nos indica con nombres y apellidos las personas que, a su juicio, son los responsables de esos hechos y, además, hace una valoración política de lo sucedido. Pero nada de ello ocurre: Pablo Casado se sacude la podredumbre, como quien se quita polvo de las hombreras de la chaqueta, y lo mismo hace su antecesor, Mariano Rajoy, y el antecesor del antecesor, José María Aznar. Todos hacen como Cospedal, intentan correr un estúpido velo de excusas banales.

Cuando el juez le pregunta para qué se reunía en secreto con el comisario Villarejo —otra pata más de este banco—, ella o su marido aseguran que hablaban de nada y menos, aunque todos sepamos, por pura lógica, que nadie se oculta para hablar de menudencias y, sobre todo, porque ya El Confidencial publicó hace dos años la grabación de uno de esos encuentros, celebrado en la sede de Génova del PP en 2009, en el que se habla abiertamente de cómo desactivar el caso Gürtel. “Esto no puede trascender”, dice Cospedal en esa grabación, cuando el siniestro Villarejo, que es quien está grabando, le muestra cínicamente su preocupación porque se pueda filtrar a la prensa.

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Algunas de las piezas de la macrocausa de la Gürtel ya han sido juzgadas y sentenciadas y quedan otras por juzgar con lo que, obviamente, se debe respetar la presunción de inocencia sobre cada uno de los imputados, como es el caso de la ex secretaria general del PP. Pero que en su día puedan ser declarados inocentes, por falta de pruebas o por su real desvinculación con los hechos que se investigan, no significa, ni ahora ni después, que esos hechos no hayan existido. Y ahí es donde entra la responsabilidad política del PP actual como organización para darnos una explicación de lo sucedido, de cómo pudo pasar y qué garantías tenemos de que no volverá a ocurrir.

Varios condenados e imputados de la rama financiera (como el propio Correa y su número dos Pablo Crespo) han confesado ya que en el Partido Popular se organizó un “entramado empresarial y societario” de la misma forma que en la rama de Interior han admitido la trama parapolicial, ese montaje nauseabundo para robar todas las pruebas con las que Bárcenas pudiera incriminar a los dirigentes del PP. Nada se escatimó, desde el secuestro protagonizado por un falso cura hasta la contratación de un portero de prostíbulo, recompensado con una plaza de Policía Nacional. En fin, que como en aquella escena del locutorio de la prisión, deberíamos hacer lo mismo, dirigirnos a todos aquellos que participaron en las tramas, y decirles que estamos viendo lo que pasó, que ni las exculpaciones ni los falsos golpes de pecho sirven de nada. Lo sabemos, así que “un saludo para el ministro del Interior”.