El último ridículo de la Fiscalía

Ocurrió en Granada, pero ese era solo el epicentro de un ridículo nacional del Ministerio Fiscal por la politización que se intenta imponer en alguna de sus actuaciones. Atención a lo ocurrido: en poco más de 24 horas, la Fiscalía ha pasado de oponerse con toda contundencia al indulto de Juana Rivas, la madre que desafió a la Justicia en un pleito por la custodia de sus hijos y acabó condenada a cárcel, a emitir un comunicado en el que solicitaba que no se tuviera en cuenta su opinión. Es decir, se pasa en horas de afirmar que de ninguna manera se conceda un indulto a solicitar después que nadie preste atención a lo dicho.

¿Cómo es posible un cambio así y, sobre todo, cómo es posible en instancias jurídicas, donde las decisiones están medidas, pensadas y meditadas antes de hacerse públicas? Obviamente, no existen explicaciones oficiales del porqué, pero es fácil deducir las presiones habidas en cuanto se hizo público el informe del fiscal, en la prensa andaluza del pasado viernes. Entre otras cosas, porque no es el fiscal que firma el informe contrario al indulto quien emite el posterior comunicado, sino que el desmentido lo hace público la Fiscalía Provincial de Granada. Además, lo que ha sucedido en este caso de Juana Rivas, con independencia de lo que personalmente pueda opinar cada cual del hecho en sí mismo, es uno de los ejemplos más flagrantes de utilización política de un caso judicial. Desde ese punto de vista, por tanto, este esperpento final guarda lógica con lo ocurrido en los últimos años.

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EFE

Juana Rivas, como es probable que conozca todo el mundo, se hizo famosa en España hace cuatro años, en julio de 2017, cuando ignoró una orden judicial para entregar al padre, un italiano llamado Francesco Arcuri, a sus dos hijos, entonces de tres y 11 años. El periplo judicial es mucho más complejo, se inicia con un caso de maltrato en 2009, seguido de una reconciliación de la pareja y una posterior ruptura, pero mediáticamente comienza en ese instante en que la madre pierde la custodia, ‘desaparece’ y se lleva consigo a los dos niños.

Sin atender a más detalles ni judiciales ni personales, Juana Rivas se convierte en icono feminista y de la izquierda política, pero no solo: también intelectuales, periodistas y artistas se sumaron convencidos a una pseudo-campaña de encubrimiento, “Juana está en mi casa”, además de decenas de miles de firmas de ciudadanos. Como era de esperar, todo ello lo único que provocó es un grave empeoramiento de las complicaciones judiciales que tenía Juana Rivas, con lo que acabó condenada por dos delitos de sustracción de menores a cinco años de cárcel, al tener a sus hijos alejados del padre durante 14 meses, además de una multa de 12.000 euros y la pérdida de la custodia durante seis años. Esa fue la sentencia de un juzgado de Granada, corregida posteriormente por el Tribunal Supremo, que redujo la pena de cárcel a dos años.

Juana Rivas ingresó en prisión a mediados de junio pasado, pero solo estuvo cuatro días porque obtuvo, en tiempo récord, el tercer grado

En esas circunstancias, tras agotarse todos los recursos, Juana Rivas ingresó en prisión a mediados de junio pasado, pero solo estuvo cuatro días en la cárcel porque obtuvo, en tiempo récord, el tercer grado, que es el que disfruta en la actualidad. De forma paralela, se puso en marcha la petición de indulto, que es la que nos conduce a este ridículo de la Fiscalía. Algunos de los miembros del Gobierno de España ya se habían manifestado abiertamente a favor de que Juana Rivas no entrase en prisión hasta que se pudiera aprobar el indulto, como repitió en varias ocasiones Carmen Calvo, actual vicepresidenta del Gobierno. Con más contundencia, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido en su idea de “una justicia feminista”. Lo dijo en sus redes sociales el pasado 27 de mayo: “Necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea. Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas”.

Con Juana Rivas en libertad por el tercer grado, la petición de indulto comenzó a tramitarse y el primero que se pronunció, como es preceptivo, fue el juez que la enjuició. Su dictamen fue negativo, al entender que, en primer lugar, “la penada no se ha arrepentido”, en segundo lugar, que ha intentado burlar a la Justicia tanto en España como en Italia, “dando muestra de una predisposición a infringir el precepto penal por el que fue condenada” y, en tercer lugar, porque su acusación de “constantes malos tratos” por parte de su exmarido “no ha sido validada por ningún tribunal”.

¿Un conflicto competencial?

Tras el juez del caso, el fiscal de ese juzgado hizo lo propio, emitir un informe en el que también se oponía al indulto de Juana Rivas por la burla reiterada y “deliberada” a la Justicia y a las leyes españolas, a los tratados internacionales de España e Italia y, finalmente, por la inconsistencia de su petición de indulto al mismo tiempo “que declara a los cuatro vientos que volvería a hacerlo”. En su informe, el fiscal granadino llegaba incluso a comparar esas contradicciones con un ejercicio mental de ciencia cuántica, el gato de Schrödinger, que simula la posibilidad de que un gato oculto en una caja pueda estar simultáneamente vivo y muerto. A la vista de lo que ha ocurrido después, lo más curioso de ese planteamiento del fiscal granadino es que parece que es el propio criterio de la Fiscalía el que se asemeja al gato de Schrödinger, porque, como queda dicho, al poco de hacerse público su dictamen se quiso borrar de la memoria judicial y social: “Estos argumentos no deben ser tenidos en cuenta [ya que el informe válido] será elaborado y emitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo en el momento procesal oportuno”.

La Ley del Indulto se refiere siempre al tribunal sentenciador como el órgano que debe elaborar los informes de idoneidad sobre esta medida

¿Se trata solo de un conflicto competencial? Si el caso fuera otro, quizá podría interpretarse así, aunque la Ley del Indulto se refiere siempre al tribunal sentenciador como el órgano que debe elaborar los informes de idoneidad sobre esta medida de gracia: de hecho, lo elaboró el juez de Granada y lo mismo hizo el fiscal. Lo que ahora interpreta el Ministerio Fiscal es que, como el Tribunal Supremo fue el que resolvió el recurso contra la condena —y redujo la pena a la mitad—, es el fiscal del Supremo quien debe emitir también ese informe. Sin necesidad de extendernos con comparaciones sobre las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez al poder judicial en los indultos a los presos de la revuelta catalana —ya veremos, por cierto, cuál es el informe de la Fiscalía del Supremo cuando se pronuncie sobre los recursos contra los indultos 'indepes'—; sin necesidad de nada de eso, este episodio del caso de Juana Rivas supone un ridículo público más del Ministerio Fiscal desde que está al frente Dolores Delgado, la exministra de Justicia. Un ridículo que no se merecen ni la institución ni los casi 2.500 fiscales que hay en España.