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Menores de Ceuta: caos y demagogia del Gobierno
Solo hay una certeza en todo este embrollo: la repatriación de los menores marroquíes que están en Ceuta y la devolución a sus familias es la única solución posible al conflicto
El caos mezclado con la cobardía y jaleado por la demagogia. Todo se ha concentrado en el Gobierno de Pedro Sánchez durante el episodio de la repatriación de los menores de Marruecos que están en Ceuta. Este es el epílogo desastroso y chapucero a una crisis que comenzó de la misma forma, cuando el reino alauí abrió sus fronteras para intimidar a España, tras el inexplicable incidente de Brahim Gali, el líder del Polisario que el Gobierno español ‘coló’ clandestinamente en un hospital. Tan incomprensible resulta todo lo sucedido, que hasta dificulta que se vea con nitidez la única certeza de todo este embrollo: la repatriación de los menores marroquíes que están en Ceuta y la devolución a sus familias es la única solución posible al conflicto. Y el mismo Gobierno que propició el acuerdo para que así se hiciera ha sido el que ha acabado malográndolo por su inoperancia.
Se alcanzó el acuerdo y, a partir de entonces, comienza una escalada de complicaciones absurdas que podemos resumir en tres pasos, cada cual peor: primero, la descoordinación y el caos del Gobierno español en los trámites; segundo, la presión de exigencias demagógicas que rozan lo grotesco dentro del propio Gobierno, y, por último, la cobarde reacción del Ministerio del Interior, sacudiéndose toda responsabilidad y descargando lo ocurrido en el actor más débil de esta trama, el Gobierno de Ceuta. Así que vamos por pasos.
Con el cese de la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya —cabeza política en bandeja de plata que entregó el presidente Pedro Sánchez al rey de Marruecos para solventar el absurdo diplomático cometido con Gali—, las relaciones comenzaron a destensarse discretamente, hasta conducir a la solución más razonable que existía para los casi 800 menores que, desde mayo, están en un polideportivo y en un campamento de Ceuta: que volvieran con sus familias. Lo normal es que, dentro del Gobierno, el acuerdo con Marruecos sobre los menores se haya producido entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y sus homólogos marroquíes y que, posteriormente, fuese el Ministerio del Interior el que se hiciese cargo de los trámites para la repatriación. Es decir, el ministro José Manuel Albares alcanza el acuerdo y el ministro Fernando Grande-Marlaska lo ejecuta.
Pues es en ese punto donde comienza la controversia jurídica. Una repatriación masiva de menores, como esta de Ceuta, infringe lo estipulado en la Ley de Extranjería, que exige que cada caso se trate de forma individual, pero ¿era esa la legislación aplicable en este caso? El origen del conflicto, como queda claro, fue una crisis diplomática, no una emergencia humanitaria, con lo que debe interpretarse, de la misma forma, que la solución se alcanza por un acuerdo diplomático. Es decir, en vez de la Ley de Extranjería, la repatriación se debe llevar a cabo por el acuerdo firmado entre los dos países en 2007 que contempla este tipo de situaciones: “Cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”. En todo caso, nada impedía al Ministerio del Interior cumplir con el rigor de la Ley de Extranjería para evitar controversias legales, mucho más teniendo en cuenta la procedencia profesional de Fernando Grande-Marlaska. Sabe bien el ministro, como todos los juristas, que en la aplicación de la ley no se pueden esgrimir razones de oportunidad para soslayarla, pero siempre existe un margen de discrecionalidad que los tribunales suelen contemplar en situaciones excepcionales como esta.
Cuando surgen las dudas legales, la demagogia se dispara hasta lo grotesco. Primero, por parte de los socios de Unidas Podemos que están en el Gobierno, a los que, al parecer, tampoco se les había informado, y por algunas ONG, contrarias a las 'devoluciones en caliente' de los menores, ignorando que llevan aquí desde mayo. ¿En caliente? En fin, la cuestión es especialmente llamativa porque, mientras que en España se levantaban estas protestas en teórica defensa de los menores, en Marruecos había otras ONG que, frente a las anteriores, sí estaban colaborando para garantizar la devolución de esos niños a sus familias y, en el caso de que no se localizara a los padres, ingresarlos en centros de acogida.
Es más, lo que trascendió por parte de esas otras ONG es que el traslado de esos menores se estaba realizando de una forma escalonada: Se localizaba a las familias, la policía marroquí citaba a los padres para recoger a su hijo y, después de un informe médico, firmaban un documento acreditando la entrega. Nadie, que no se deje llevar por la ceguera de la demagogia, puede oponerse a un acuerdo como ese, aunque no se cumplieran todos los trámites exigidos en la Ley de Extranjería que, como queda dicho, no debería ser de aplicación para un conflicto como el ocurrido en Ceuta en mayo. Desde entonces, el Gobierno de Ceuta ha tenido que hacerse cargo de los menores, porque ninguna otra comunidad autónoma, ni el Gobierno, ni los socios podemitas ni ninguna ONG se han ofrecido para acogerlos y sacarlos del polideportivo en que se agolpaban.
Por la inconsistencia de esas críticas demagógicas es por lo que se entiende menos la cobardía del Ministerio del Interior cuando estalla la polémica jurídica. En vez de defender las razones del Gobierno, ante la opinión pública y ante los tribunales, lo que hace el departamento de Grande-Marlaska es descargar toda la responsabilidad en el Gobierno de Ceuta, como si el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, hubiera negociado con Marruecos por su cuenta. Además de que existe constancia escrita, como publicó El Confidencial, la prueba más evidente de que el Gobierno había pactado con Marruecos la repatriación de los menores es que el 9 de agosto, poco antes de que comenzaran los traslados de niños en grupos de 15 y después de haber contactado con sus padres, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ofreció una rueda de prensa en la que se mostró “muy optimista” por el restablecimiento de las relaciones con Marruecos tras el cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, al ser preguntada por los menores, avanzó que la distensión “se va a notar en los próximos días”, en referencia al inicio de la repatriación. Y eso fue lo que ocurrió.
La negativa de Marlaska, soberbia e inconsistente, sobre la implicación de su ministerio —ya hizo algo parecido en el conflicto del coronel Pérez de los Cobos— es impropia de un responsable del Estado, sobre todo por el desamparo en que deja al presidente de Ceuta después de que Juan Jesús Vivas mostrara públicamente toda su lealtad y apoyo al Gobierno cuando comenzaron las críticas. Con las repatriaciones suspendidas temporalmente por los tribunales, en los próximos días veremos si el Gobierno se dignifica a sí mismo o si persiste en ese lodo de caos y demagogia. Aunque el aire de chapuza que lo rodea ya no lo disipa nadie.
El caos mezclado con la cobardía y jaleado por la demagogia. Todo se ha concentrado en el Gobierno de Pedro Sánchez durante el episodio de la repatriación de los menores de Marruecos que están en Ceuta. Este es el epílogo desastroso y chapucero a una crisis que comenzó de la misma forma, cuando el reino alauí abrió sus fronteras para intimidar a España, tras el inexplicable incidente de Brahim Gali, el líder del Polisario que el Gobierno español ‘coló’ clandestinamente en un hospital. Tan incomprensible resulta todo lo sucedido, que hasta dificulta que se vea con nitidez la única certeza de todo este embrollo: la repatriación de los menores marroquíes que están en Ceuta y la devolución a sus familias es la única solución posible al conflicto. Y el mismo Gobierno que propició el acuerdo para que así se hiciera ha sido el que ha acabado malográndolo por su inoperancia.
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