La ridícula defensa del español en España

El español es, por definición apócrifa, la segunda lengua más hablada del mundo que solo recibe reproches allí donde nació. Anotémoslo como una más de nuestras peculiaridades como país, dentro de los complejos que compartimos, a los que nos hemos habituado, igual que ocurre con la historia o con los símbolos, desde el Descubrimiento de América hasta la bandera roja y gualda, como si los españoles tuviésemos que estar pidiendo perdón constantemente. La cuestión es que cada vez que se plantea un debate sobre el uso del español en España, lo primero que se echa de menos es que haya alguien que defienda sin complejos el uso de la lengua común.

Ha empezado a ocurrir ahora a raíz de la tramitación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho más que aplicar las directrices de la Unión Europea, ignorante del complejo que existe en España con el español. Si la lógica europea intenta regular que las grandes plataformas audiovisuales reserven la mitad de sus producciones a proyectos europeos, y dentro de esa cuota que la mitad sea en la lengua común de cada país, en España se pretende que la ‘cuota nacional’ se divida a su vez entre cuatro, porque de lo contrario se estará agraviando a las lenguas cooficiales del Estado, el gallego, el vasco y el catalán. Si pensamos en los intereses mundiales de las multinacionales a las que se va a dirigir esta ley, Amazon Prime, Netflix, HBO o Disney, podemos sonrojarnos al imaginar la cara de estupefacción que pondrán al comprobar que el país que pone más problemas es el único de la Unión Europea cuyo idioma hablan 500 millones de personas en todo el mundo.

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Como podrá adivinarse, la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez proviene de sus socios parlamentarios nacionalistas, fundamentalmente de los independentistas de Esquerra. La disputa surge de un punto del borrador de la Ley General de Comunicación Audiovisual que dice así: “Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal reservarán a obras audiovisuales europeas al menos el 51% del tiempo de emisión anual de su programación. Como mínimo el 50% de la cuota prevista en el apartado anterior se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas”.

A partir de esa literalidad, el Gobierno de Pere Aragonès ya ha filtrado en la prensa catalana que en el último encuentro con el presidente Pedro Sánchez, que fue previo a la llamada ‘mesa de diálogo’, le hizo llegar la disconformidad con ese borrador. La ‘petición’ —o como quiera entenderse— de Pere Aragonès a Pedro Sánchez ha sido que la ley no se aborde en el Consejo de Ministros hasta que no exista un acuerdo previo con los independentistas catalanes. Según el Consejo Audiovisual de Cataluña, la mitad de la cuota de producciones que le corresponda a la lengua española en esa ley debe destinarse a proyectos audiovisuales en catalán, vasco o gallego. También se ofrece la posibilidad de que ese porcentaje se determine en función “del peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales”. Insistamos en el absurdo, teniendo en cuenta a quién se dirige la ley: una calculadora en la mesa de proyectos y producciones de las plataformas multinacionales para calcular las cuotas ‘made in Spain’, como si el mundo empezara en los Pirineos y se extinguiera, al sur, en el estrecho de Gibraltar y, al oeste, en Finisterre.

Opinión

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Además de la ridiculez del debate cuando se contempla desde ese punto de vista de Amazon, Netflix o HBO, para quienes la lengua española es uno de sus principales mercados, todo este embrollo se reduce internamente al falso prejuicio que se ha establecido en España sobre el castellano. Las cuatro décadas de democracia han normalizado completamente el uso del vasco, el gallego y el catalán en sus respectivas comunidades autónomas, como se recoge en la Constitución, y resulta inaceptable que cada debate se siga planteando como si esas lenguas estuviesen amenazadas, ignoradas o perseguidas entre quienes las hablan. Más bien al contrario, si el cumplimiento de la Constitución está en riesgo en la actualidad es por el acoso al que se somete al castellano, sobre todo en Cataluña. Con demasiada frecuencia se olvida que lo que dispone la Constitución es que “todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo” (artículo 3). Que nadie pase por alto el uso de la conjunción: el deber ‘y’ el derecho.

¿En cuántas oposiciones autonómicas se vulnera ese precepto? El vasco, el catalán y el gallego son lenguas cooficiales porque, en el mismo artículo constitucional, se especifica que “también serán oficiales” en sus respectivas comunidades autónomas, pero, a diferencia de la lengua común, los españoles no tienen el deber de conocerlas. Y decir esto, que es defender lo que sería una obviedad en cualquier país del mundo con una lengua común como la española, no presupone una ofensa para ninguna de esas lenguas cooficiales, más que en la mente obtusa de un nacionalista. Un gallego, un vasco o un catalán pueden estar orgullosos de su lengua como los andaluces pueden estarlo de su habla, con mutuo respeto y la máxima consideración. Y todos juntos, como españoles, deben oponerse a este intento constante de menospreciar la lengua común por parte de los nacionalistas. Aunque tengamos que caer en este ejercicio ridículo de tener que defender el español en España.