Laya ‘sienta’ al Gobierno en el banquillo

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha decidido sentar simbólicamente a su lado en el banquillo de los acusados a sus antiguos compañeros en el Gobierno de Pedro Sánchez. No quiere ser ella la única responsable de la torpe, falaz y chapucera decisión de traer de forma oculta a España al líder del Polisario, Brahim Ghali, y le ha dejado claro al juez, con la sutileza precisa, que se trataba de una decisión política del Gobierno, con el presidente a la cabeza. Por eso, tanto ella como su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, que son los dos únicos citados como investigados por varios delitos, han utilizado en sus declaraciones tiempos impersonales, “se valoró”, “se decidió”, “se actuó conforme a la ley”, pero sin fijar nunca la procedencia directa de las decisiones; órdenes emanadas de una instancia superior y colectiva, que implica a varios ministerios, no solo al de Asuntos Exteriores.

Decisiones y deliberaciones ministeriales, además, que están protegidas por el secreto: si Ghali vino a España y se ocultó su llegada, fue por una decisión política amparada por la Ley de Secretos Oficiales. También eso lo acabó arguyendo la exministra ante el juez. Con lo cual, en el caso de que el procedimiento siga adelante y que, finalmente, sea condenada —algo improbable, como veremos después—, Arancha González Laya ya ha dejado claro en los tribunales, con esa sutil y contundente implicación del resto del Gobierno, que ella solo es la ‘cabeza de turco’ de una decisión colectiva, autorizada por Pedro Sánchez.

La declaración judicial de Arancha González Laya se ha producido, además, en un entorno político que no se debe ignorar. La entrada irregular de Ghali, que provocó un gravísimo enfrentamiento diplomático con Marruecos y la avalancha de miles de marroquíes sobre Ceuta —que recordó por momentos la política de hechos consumados de la Marcha Verde por la que España perdió el Sáhara, en 1975—, se solventó políticamente con la salida del Ejecutivo de la ministra de Asuntos Exteriores. Para contentar al rey de Marruecos y pacificar el conflicto, el presidente Pedro Sánchez ‘sacrificó’ a su ministra y la destituyó en la gran remodelación de Gobierno de julio pasado. Pero ¿fue la ministra de Exteriores la única responsable de la crisis de Ghali? Quizá lo que más le ha afectado personal y políticamente a Arancha González Laya es que, además de que ella ha sido la única que ha pagado políticamente con su destitución, sus excompañeros la señalan como única responsable.

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Durante varias semanas, por ejemplo, se publicaron noticias con un titular repetido: el ministro Grande-Marlaska no solo no tuvo nada que ver con la llegada de Ghali, sino que se opuso de forma vehemente a que el líder del Frente Polisario ingresara en España y, mucho menos, ocultando su identidad. En todas esas noticias se reseñaba que eran fuentes del Ministerio del Interior o del entorno del propio Marlaska, que se sacudía así la polémica. Igual ocurrió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se desentendió completamente y lo redujo todo a la estricta responsabilidad de su excompañera González Laya: “Las decisiones de los ministerios las toman solo y exclusivamente los ministerios que intervienen en las mismas. Desde luego, ni el Ministerio de Defensa ni esta ministra, ni interviene ni opina nunca de actuaciones que no le corresponden. A mí nunca un ministro me pide opinión sobre lo que tiene que hacer. Al final, cada ministro tiene sus competencias”, dijo Margarita Robles hace tan solo dos semanas.

Cuando la exministra de Asuntos Exteriores González Laya y su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, se han sentado delante del juez, no ha sido esa la versión ofrecida. Con el uso de tiempos verbales impersonales, como se decía antes, los dos han dejado ante el juez la impresión de que se trataba de una decisión colectiva, autorizada personalmente por Pedro Sánchez, que se ejecutó de la misma forma coordinada, paso a paso: primero, la implicación del Ministerio de Defensa, de ahí que el líder del Polisario aterrizara en la Base Militar de Zaragoza; segundo, del Ministerio del Interior, y por ello la Policía no intervino para exigirle el pasaporte y dispuso, además, de una escolta para la ambulancia que lo trasladaría al hospital, y tercero, de la comunidad autónoma de La Rioja, gobernada por el PSOE, que dispuso el ingreso en un hospital público con un nombre falso.

“Ni se ha dictado auto de prisión ni orden de detención, ni ninguna otra medida cautelar”, ha confirmado el juez Santiago Pedraz

Aunque aún no conocemos la literalidad de las declaraciones de Arancha González Laya ante el juez, El Confidencial sí ha publicado ya los audios de su jefe de Gabinete ante el mismo tribunal y ofrecen una idea cierta de esta sensación primera, que ninguno de ellos quiere pasar por ser los únicos responsables de la operación. Además de lo reseñado antes (“la ministra me dijo que se había tomado la decisión”), Villarino relata ante el juez un aspecto menor, pero muy significativo: afirma que en el Ministerio de Exteriores fueron los primeros sorprendidos al conocer que a Brahim Ghali se le había inscrito en el hospital con el nombre de ‘Mohamed Benbatouch’: “Me lo certificaron y me dije, ¡pero bueno! Porque no sabíamos nada”, dijo el jefe de Gabinete ante el juez.

De todo este incidente, lo único que respaldan todos los miembros del Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, es que la actuación se ajustó a la legalidad, que estuvo motivada por razones humanitarias y, lo que es más importante, que no se trató de ocultar a Brahim Ghali de la Justicia española porque, en realidad, no existía ninguna orden de búsqueda y captura, aunque tuviera un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. “Ni se ha dictado auto de prisión ni orden de detención, ni ninguna otra medida cautelar”, ha confirmado el juez Santiago Pedraz que, además, ha solicitado ya el archivo de la causa por genocidio que se mantiene contra Ghali en la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado añade que, dentro de la Unión Europea, el Código de Fronteras del Acuerdo Schengen permite este tipo de entradas en situaciones de especial necesidad y que lo mismo ocurre con el acuerdo bilateral de España y Argelia. Con lo cual, al final, es probable que, como ocurrió con el caso Delcy, la extravagante entrada en España de la vicepresidenta de Venezuela, la Justicia acabe archivando el caso Ghali y en la memoria solo quedará de ambos el rastro indeleble de una escalada de torpezas y falsedades.