La nariz tapada y el cinismo desatado

La clase política española tiene una afición desmedida a retratarse a sí misma de la peor manera, mostrando sus perfiles más groseros y grotescos. Hablan de ellos mismos sin ninguna consideración ni pudor, sin importarles el respeto o la dignidad de lo que representan cuando ocupan un escaño en las Cortes Generales. Se exhiben como monos de Gibraltar, esos que aparecen con las manos tapándose la boca, las orejas o los ojos, para el caso de que tengan que votar sin rechistar, sin oír lo que no interesa o sin ver lo que no conviene. Y, además, lo confiesan sin empacho, como ahora con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional cuando admiten que van a votarlos “con la nariz tapada”. Lo dicen, además, envalentonados, como si protagonizaran un gesto de valentía o rebeldía. Pobres ilusos…

Qué persona que se tenga un mínimo respeto personal asumiría en público que es un pelele dispuesto a hacer lo que le digan, aunque vaya en contra de sus principios. Se confiesan como estómagos agradecidos sin más objetivo que mantener el escaño actual y asegurar el futuro. Ahí están el socialista vasco Odón Elorza o el dirigente de Unidas Podemos, el catalán Jaume Asens, como ejemplos de esta farsa: los dos han reconocido que ellos, y otros diputados más de sus respectivas formaciones, votarán a los miembros del Tribunal Constitucional “con la nariz tapada”, por el hedor que, se supone, les produce la trayectoria personal y política de alguno de esos nombramientos.

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¿Qué necesidad tienen? ¿Piensan acaso que ese sometimiento es un acto de rebeldía? Antes que votar con la nariz tapada, incluso antes de decirlo, uno se va a su casa y en paz, a ganarse la vida sin humillaciones. Jaume Asens, por ejemplo, según reza su ficha personal, es abogado, politólogo, filósofo y escritor: una de sus obras se llama ‘ La bestia sin bozal: en defensa del derecho a la protesta’. A saber en qué modalidad del derecho a la protesta se encaja la humillación que se autoinflige votando en contra de lo que piensa. Ocurre igual con Odón Elorza: desde 1977, cuando entró como concejal del PSOE en San Sebastián, ha estado vinculado a la política, incluyendo su nombramiento hace 20 años como alcalde de San Sebastián. A sus 66 años, ¿qué puede justificar ese trágala que, según dice, va a aceptar? La nariz tapada y el cinismo desatado, esa es la cuestión. El problema de ambos, que es extensible a casi todo el hemiciclo de ‘culiparlantes’, como los llamaban en las Cortes de Cádiz, es que pretenden elevar a categoría lo que solo constituye un episodio más de una perversión sostenida desde hace años.

Estos nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional no suponen ninguna novedad sustancial con respecto a lo que ya conocemos. La Constitución, en el artículo 159, exige que los miembros del Tribunal Constitucional sean juristas de reconocido prestigio, con una importante carrera profesional a sus espaldas y, además, independientes políticamente. Por eso, se les obliga a un ‘examen’ público ante los representantes de la soberanía popular antes de ser designados para un largo periodo de nueve años, más de dos legislaturas. Pues bien, desde el principio, la elección de candidatos del Constitucional ha obedecido a un mero reparto de sillones entre los partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, que han convertido la supuesta ‘evaluación’ parlamentaria en un engaño, un acto colectivo de fingimiento en el Congreso y en el Senado. Toda persona que ha sido nombrada miembro del Constitucional sabía de antemano que su elección no dependía de la comisión parlamentaria a la que iba a evaluarse, sino de las negociaciones previas en los despachos: eran cuotas de unos o de otros.

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Debe añadirse a continuación, de forma obligada, que nada de ello presupone que quienes han formado parte del Tribunal Constitucional no gozaran de un altísimo prestigio y que el hecho de haber formado parte de una cuota no invalida su independencia profesional, como ha podido acreditarse en numerosas sentencias. Por fortuna, pese a los vicios del modelo, de quien llega al Tribunal Constitucional no se espera que vote con la nariz tapada, por muy clara que sea su identificación con un partido político. Sentado lo anterior, la designación, a petición del PP, del catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo, que es el centro de todas las iras de la izquierda, como miembro del Tribunal Constitucional puede tomarse, incluso, como el máximo exponente de esa perversión enquistada, pero no supone ninguna novedad. En condiciones normales, Enrique Arnaldo no debería llegar al Tribunal Constitucional, por el pasado que arrastra, a veces turbio, a veces codicioso, pero encaja perfectamente en el maltrato habitual de la clase política al poder judicial.

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Se podrá decir que el Tribunal Constitucional no forma parte, como es sabido, del poder judicial, que está concebido como un órgano superior, autónomo, con respecto a los poderes del Estado, en su función primordial de hacer cumplir la Constitución española. Es verdad, es así, pero la ‘lógica’ que aplica sobre él la clase política española es la misma que se impone para el descarado sometimiento del poder judicial a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo.

Por esta última razón, resulta tan impactante la naturalidad con que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que con estos nombramientos del Tribunal Constitucional “se avanza en la despolitización” de estas instituciones, igual que se pretende con el Consejo General del Poder Judicial. El cinismo de la nariz tapada se completa, como si se cerrase el círculo de los vicios políticos, con la incomprensible impostura del dirigente conservador. Si este ha sido el ejemplo que nos ofrece el Partido Popular de su propuesta de independencia del poder judicial, ya nos podemos hacer una idea exacta de lo que se pretende, pura hipocresía lampedusiana: que todo cambie para que todo siga igual.