Indultos y exámenes, aprobado general

El mismo Gobierno que ha decidido suspender la condena de Juana Rivas, porque no le parecía una sentencia justa, es el que ha modificado los criterios de evaluación de colegios e institutos para suprimir el castigo del sistema, y cuando se unen los dos puntos, tan distantes, se obtiene un dibujo conciso de lo que se pretende. Y las dos cosas ocurrieron el mismo día, en el último Consejo de Ministros celebrado en la Moncloa. ¿Qué relación puede guardar el indulto a una mujer que había ‘secuestrado’ a sus hijos con la minusvaloración de los exámenes en el sistema educativo? A primera vista, podemos pensar que, si una de las características de este tiempo que vivimos es la existencia de una sociedad acomodada, a entender de muchos filósofos y pensadores, la tarea a la que se encomienda este Gobierno es la de aprobar una legislación acorde con ese patrón social.

En este sentido, podría decirse que todo se corresponde con una política buenista, de corrección política, 'ni penas ni castigos', pero la conclusión se desvanece cuando reparamos en otras parcelas en las que ese mismo Gobierno fomenta el sectarismo y la exclusión. Con lo cual, lo razonable es pensar que se trata de una combinación de ambas, dirigidas a un mismo objetivo para influir y determinar a la sociedad. “El decreto es el mensaje”, que se podría decir, versionando a Marshall McLuhan; prácticas como de despotismo ilustrado, un ‘despotismo reinterpretado’ que señala lo bueno y lo malo, lo permisible y lo condenable, que pretende amoldar la sociedad a unos nuevos hitos de comportamiento y de moral, y que se vuelve devastador cuando arrolla lo más elemental de una democracia: la división de poderes.

El desprecio a la división de poderes se puede detectar con absoluta nitidez en el indulto parcial a Juana Rivas y la justificación que ofrece el Gobierno, a través de su ministra de Igualdad, Irene Montero. Se trata, a su juicio, de una “reparación institucional”. Es decir, es el Gobierno el que decide, por encima de los tribunales de Justicia, qué sentencia se ajusta a derecho y cuál no, como la que condenaba a Juana Rivas y que, según la ministra, carecía de “perspectiva de género”. Como ya sucedió con el indulto a los presos independentistas catalanes, al margen de las interpretaciones políticas que cada cual puede tener al respecto, lo realmente grave y dañino para el funcionamiento del Estado de derecho es el mensaje de arbitrariedad y discrecionalidad que se transmite a la ciudadanía.

En los dos casos, tanto los presos de la revuelta independentista como esta mujer de Granada, Juana Rivas, se burlaron en su día de la Justicia, ignoraron y se mofaron de las advertencias y prohibiciones judiciales y, cuando fueron condenados, lo mínimo exigible ante cualquier medida de gracia hubiera sido el reconocimiento de la culpa. No por un afán revanchista, sino porque se trata de uno de los pilares fundamentales del derecho penal, el objetivo disuasorio de toda condena: prevención frente a la colectividad para que todo el mundo sepa que quien incurra en un comportamiento igual, al margen de la ley, acabará siendo juzgado y condenado.

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EFE

No se trata ya de que el Gobierno indulte o no, por muy anacrónica que pueda parecernos esa facultad, sino de que se impone arrollando la dignidad y el respeto de otro poder del Estado. La sentencia que condenó a Juana Rivas, como sabemos, ya rechazó la visión de que su exmarido sea un maniaco maltratador —“por más que ella lo presente como maltratador, no ha sido condenado por ello, pues la sentencia del año 2009 fue cumplida y sus antecedentes penales han debido de ser cancelados”, dijo la Audiencia de Granada—, de la misma forma que la Justicia italiana ha archivado todas las numerosas denuncias que ha interpuesto contra él por “inverosímiles, inconsistentes y carentes de pruebas”. Sustituir el relato de los hechos probados de un caso concreto por un correlato de generalidades feministas, que nada tienen que ver con lo sucedido, nos acerca a una justicia sumarísima, sin posibilidad de defensa ni garantías, ante la que ni la propia ministra querría verse algún día, por mucho que ahora se erija en jueza suprema.

Sin embargo, la ministra Montero, que tuvo la posibilidad hace unas semanas de retractarse de sus acusaciones de “maltratador” contra el exmarido de Juana Rivas y no lo hizo, lo que pretende es enviar, precisamente, ese mensaje a las mujeres. Ni la ley ni los jueces suponen ninguna traba ante una causa que ha sido declarada feminista. Ese desprecio de la autoridad es el que nos conduce al otro mensaje que envía el Gobierno con los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para la Educación Primaria y Secundaria, el Bachillerato y la Formación Profesional. Según dijo la ministra de Educación, Pilar Alegría, lo que se pretende con el nuevo modelo va mucho más allá de un mero cambio normativo; se trata de algo cultural. Lo fundamental ya no será aprobar o catear, porque la repetición de curso en todo el sistema empezará a considerarse como algo excepcional, una rareza, igual que los exámenes, porque se impone el modelo de evaluación “continua y global”.

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En definitiva, según las palabras de la ministra, lo que hace el Gobierno es impulsar “la cultura escolar basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la participación”. Un alumno podrá, entonces, concluir la ESO, la Educación Secundaria Obligatoria, con independencia de lo que haya aprendido en clase porque, en el caso excepcional de que se le ordene repetir un curso, no podrá hacerlo más de dos veces y, al final del ciclo, obtendrá su correspondiente título “sin que pueda estar condicionado por el número o la naturaleza de las materias no superadas”. Pero ¿y los profesores? ¿Cómo afecta al concepto de autoridad del profesorado un cambio como este? Sobre todo, cómo afecta a esos miles de hombres y mujeres que cada día se ponen al frente de una clase ingobernable por el sabotaje constante de un grupo de alumnos que, cada vez más, pisotean el más leve resquicio de autoridad que quede del profesorado en España.

El mensaje inequívoco que se envía a los alumnos es que, a partir de ahora, nada ni nadie podrá impedirles que, ni por su comportamiento en las clases ni, por supuesto, por la falta de estudios y de conocimiento, puedan acabar sin su título de la ESO. “La diferencia —dice la ministra— es promover un esfuerzo basado en la motivación, no un esfuerzo basado en el castigo”. Pues nada… Es posible imaginar la perplejidad de una sala de profesores, que será muy parecida a la de la sala de un tribunal de Justicia. Ni condenas ni exámenes, vayamos al país del aprobado general.