Okupas: el error mortal de Ada Colau

Nadie se ha parado a recoger los muertos de Barcelona, los okupas del incendio. Nada, es como si los hubieran dejado otra vez en la calle, para que alguien se los llevara de allí, un servicio municipal que se haga cargo y anote a incidencia en un formulario. ‘Recogida de cuatro cadáveres de okupas en la Plaza de Tetuán, dos adultos y dos menores de tres años y cuatro meses’. Ya está. Que nadie espere un debate sobre lo ocurrido, que se reclamen explicaciones, responsabilidades, por una política demagógica que ha incrementado exponencialmente las ocupaciones de viviendas en Cataluña con resultados trágicos en ocasiones como esta, que no es la primera. En un árbol cercano a la vivienda de los ‘okupas’ que se incendió, junto al fuego que los mató, se procede al protocolo de enterramiento y duelo de este milenio, consistente en unos ramos de flores, algún peluche, unas velas y un par de folios con los nombres de los fallecidos: “Todos somos Shaky, Violeta, Arsalan y Zhara”. Ahí se queda todo. Se mueren y después no se forma un torbellino de polémica política, ni siquiera de dudas o remordimiento por lo que ha pasado. No hay protestas en las calles. Nada.

Si el propietario del edificio abandonado es responsable por omisión de lo ocurrido, la alcaldesa de Barcelona es responsable por acción

Lo único que se le ha podido oír a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que por estas cosas no suele llorar en sus intervenciones públicas, es que la responsabilidad de lo ocurrido es de los bancos, por ser los propietarios de esos edificios que antes eran oficinas y, cuando las cierran, se quedan vacíos y alguien acude a ocuparlas. “No puede ser que las oficinas bancarias queden indefinidamente vacías y que los propietarios se desentiendan indefinidamente”, ha dicho la alcaldesa Colau y, al hacerlo, al culpar a los propietarios de esos edificios ocupados, lo que no se da cuenta es que ese mismo argumento es el que la convierte a ella en la principal responsable política de que esa familia de origen paquistaní haya muerto en el incendio del edificio que ocupaban. Dicho de otra forma, si el propietario del edificio abandonado es responsable por omisión de lo ocurrido, la alcaldesa de Barcelona es responsable por acción, por su defensa abierta de la ocupación de viviendas, que ha llegado, más allá incluso de la normativa municipal aprobada, a la organización de cursos de formación para la ocupación de viviendas.

No puede haber mayor despropósito. El más elemental sentimiento de decencia política tendría que llevarlos a reflexionar y analizar qué está pasando en tantas ciudades españolas, pero fundamentalmente en Barcelona y en Cataluña, que es la comunidad que han convertido en un ‘paraíso de la okupación’, con casi la mitad de las viviendas con okupas que hay en España, según el informe que realizó el think tank académico Europa Ciudadana, especializado en asuntos europeos.

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¿Cómo hemos llegado a esto? La escalada política de esta barbaridad, esa terrible demagogia de la que nadie quiere dar cuenta cuando provoca tragedias, comienza cuando se convierte la ocupación en una bandera de la izquierda, y podría entenderse, incluso, como una justa reivindicación porque ahí, en la falta de vivienda, está el reflejo de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Pero señalar un problema social y convertirlo en una prioridad política debe estar seguido, necesariamente, de un siguiente paso imprescindible: intentar solucionarlo. No bastan con cambiarle el nombre –“personas en situación de calle”, como ridículamente denominan a los sintecho- y proteger la ocupación ilegal.

De hecho, el éxito electoral de la alcaldesa de Barcelona, como todo el mundo recordará, proviene precisamente de ahí, de su relevancia como activista social contra los desahucios. Pero ni ella ni el ala más radical del independentismo, que cogió la misma bandera, han logrado en ocho años otra cosa que incrementar gravemente el problema que se encontraron. Como no han sido capaces de poner en marcha políticas de viviendas eficaces para que esas personas cuenten con un alquiler o una vivienda al alcance de sus posibilidades; como no se sabe resolver el problema, se llega al absurdo de convertir la ocupación en un derecho.

Opinión

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Pero ¿cómo se puede convertir en derecho una ilegalidad, como es la ocupación de una propiedad? Además del disparate legal que supone, incompatible con un Estado de Derecho, lo que provoca es que quienes se lucran de esa miseria social, que son mafias organizadas desde hace años, se encuentren con una ‘cobertura legal’ nunca imaginada. En lo sucedido en Barcelona, con esos cuatro muertos, se puede ver con nitidez la monstruosidad temeraria a la que se ha llegado. En consonancia con la normativa municipal y la legislación autonómicas que ampara y fomenta la ocupación de viviendas, los servicios municipales del Ayuntamiento de Ada Colau tenían un conocimiento preciso de la existencia de la familia que murió en el incendio porque los Servicios Sociales la habían visitado en casi un centenar de ocasiones. Es decir, conocían perfectamente en qué condiciones miserables vivían esa mujer, su pareja, y los dos hijos, el de tres años y el bebé de cuatro meses, pero no hicieron nada por evitarlo, por sacarlos de aquel agujero inmundo en el que acabaron muriendo.

Más aún: los Mossos de Esquadra habían redactado un informe en el que se incluía ese edificio ocupado entre los muchos que, en las mismas circunstancias, ofrecían un riesgo serio de acabar en una tragedia, como ya había ocurrido un año antes en otro edificio ocupado, una nave industrial abandonada que también se incendió y dejó tres muertos y una veintena de heridos. Y todo eso, promovido, sin que nadie los persiga, por las organizaciones que ‘venden’ y ‘alquilan’ los edificios que se ocupan.

La responsabilidad de esos cuatro muertos es de una política que legitima y promueve la infravivienda en edificios ocupados

¿Convierte eso a Ada Colau en una homicida, por su imprudencia? No claro, aunque las acusaciones de ese tenor, que son infamias, barbaridades insostenibles, sean constantes en la política española. No, la única responsabilidad de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y por extensión de todos los que tienen su mismo discurso en la izquierda y en el movimiento asociativo, es una responsabilidad política. Y lo que procede ahora es reflexionar sobre una política que tiene esas consecuencias por partir de un grave error: la protección y la defensa de la ocupación. La ocupación ilegal de viviendas hay que combatirla, a quien hay que proteger es a las personas que no tienen recursos para pagarse una vivienda en este país de sueldos precarios y empleos imposibles. La responsabilidad de esos cuatro muertos es de una política que legitima y promueve la infravivienda en edificios ocupados y que, por mucho que se camufle con pancartas y grafittis libertarios, está legitimando la miseria y dándole alas a la mafia.