Sánchez Galán, trampas vulgares al solitario

Los caminos de la corrupción, al contrario de lo que ocurre con los textos sagrados, son siempre escrutables. Por la identidad de los comportamientos y la simetría de las reacciones. Ya puede tratarse de corrupciones políticas, económicas o sociales, con beneficios metálicos o sin ellos; corrupciones morales o materiales. Todas siguen el mismo sendero de exculpación banal en cuanto las atraviesa la luz de las informaciones de prensa y quedan completamente al descubierto, sin que las protejan la opacidad, el secretismo o la ocultación. Basta escuchar las justificaciones de un tipo implicado o afectado por un caso de corrupción, sea de la naturaleza que sea, para poder determinar con una extraordinaria fidelidad su implicación real en el caso. Luego, los tribunales determinarán si existen pruebas suficientes para sustentar una acusación penal, pero la responsabilidad política y social ya no se la quita nadie de encima.

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Como todo el mundo tiene en la memoria las reacciones de los principales dirigentes políticos cuando han surgido algunos de los casos de corrupción más relevantes, desde el caso Filesa de los gobiernos de Felipe González hasta el caso Gürtel de la época de Mariano Rajoy, se recordarán las excusas que siempre se repiten: “Tengo conocimiento de este caso por la prensa”, “jamás fui informado ni autoricé nada de lo que me dice” y, por supuesto, “no conozco a esa persona de la que me habla”. Las organizaciones políticas, en las que se tiene control y conocimiento hasta del que aspira a ser concejal en el último pueblo de la provincia de Cuenca, se vuelven de pronto desconocidas para sus líderes, aun cuando se trate de auténticos montajes para delinquir que implicaron a varias administraciones y a decenas de personas. Pues nada, actúan ante las corruptelas que les descubren como si se tratara del robo del siglo en el Louvre, sin que nadie hubiera detectado la entrada de un sofisticado ladrón de arte internacional.

La sorpresa de esta semana ha sido que, con esa misma plantilla de exculpaciones banales, se ha presentado en la Audiencia Nacional el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán: “Ni ordené, ni autoricé, ni conocí nada de este señor”, ha dicho el hombre. Con ese desmentido triple lo que quería, obviamente, era descargar toda la responsabilidad en sus subalternos y negar toda implicación personal en los pagos millonarios que su compañía realizó al comisario Villarejo para que les pasara informes confidenciales sobre la actividad de sus rivales en diferentes ámbitos, ya fueran dirigentes sindicales, colegas empresarios o simples políticos con los que tratar.

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Para quien no conozca muchos detalles de este caso, se puede añadir que los trabajos de Villarejo para Iberdrola incluían desde el soborno a unos concejales de pueblo para que se autorizara la construcción de una central de ciclo combinado hasta el espionaje a Florentino Pérez para evitar que ACS se hiciera con el control de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, como pretendía. Como el comisario Villarejo estuvo facturando para Iberdrola durante 10 años (¡10 años!), existen otros muchos casos, pero con esos ejemplos se puede hacer uno a la idea de la amplitud del abanico. ¿Y es posible entender que Ignacio Sánchez Galán no estuviera al corriente de nada de eso, que las personas de su máxima confianza ni siquiera tuvieran el detalle de informarle?

Sin necesidad de entrar en más detalles sobre el caso, el propio currículo de Ignacio Sánchez Galán ya desmiente, o resquebraja, la contundencia de su negativa ante Manuel García-Castellón, el juez que investiga este caso, conocido como caso Tándem. Nadie con su impresionante cualificación profesional, presidente de una multinacional como Iberdrola; nadie con su trayectoria es tan absurdamente negligente y descuidado como para que le pasen por delante, durante 10 años, facturas millonarias sin percatarse de nada. Pero es que, además, sin tener que suponer nada, aunque sea procedente por esa evidencia lógica, sucede que en este caso hay constancia, como se ha publicado en El Confidencial, de que Sánchez Galán estaba presente cuando todo esto sucedía: ya presidió en noviembre de 2004 el comité ejecutivo, que es el máximo órgano de Iberdrola en la gestión diaria de los negocios, en el que se rubricó el primer trabajo de los que ahora se investigan.

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También en las grabaciones que se le intervinieron al poliédrico comisario Villarejo existen múltiples referencias sobre la implicación personal de Ignacio Sánchez Galán en todo lo que contenían los informes del espionaje; tantas referencias concretas que es imposible pensar que los interlocutores en los que ahora se intenta descargar toda la responsabilidad hubieran actuado por su cuenta y riesgo. “Esto es como una droga para él”, le dice a Villarejo, en una de esas cintas, el exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, la persona a la que la compañía de Sánchez Galán quiere convertir en el ‘cerebro’ de toda la trama de Iberdrola. ¿Desde cuándo dispone un jefe de Seguridad de competencia para contratar, por cientos de miles de euros, a un personaje como Villarejo y que, luego, sus facturas falsificadas las asuma y autorice el consejo de administración de una multinacional? En fin…

La triple negación de Sánchez Galán se desploma, inconsistente, por pura lógica, sin necesidad de contrastarla con la documentación del caso, que también la contradice. Aunque, por supuesto, faltaba una pieza más en el manual de exculpaciones utilizado por el presidente de Iberdrola: la victimización. “Yo sí he sido espiado y le rogaría que investigara ese espionaje”, dijo ante el juez. También es un clásico de la corrupción política, con frases exculpatorias que también se recordarán: “Esto lo hacen para dañarnos”, “quieren ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas”, “no hay una trama en este partido sino una trama contra este partido”… Para esta última banalidad, lo mejor es aplicarle la medicina ácida de Cicerón. Es la siguiente: primero pensamos en el objetivo de los espionajes encargados a Villarejo y luego nos preguntamos: ‘Cui prodest’, ¿a quién se beneficia?