La reforma laboral de la vergüenza

El Congreso de los Diputados aprobará hoy una reforma laboral que nos retrata. La mediocridad, el oportunismo y la hipocresía son los grupos parlamentarios que ocupan los escaños del Congreso de los Diputados, el sectarismo es el que se sube al atril, y, por eso, esta reforma laboral es la reforma de la vergüenza. Porque retrata a la clase política que padecemos y, acaso, porque también retrata a la sociedad, que la elige o que es escasamente crítica con sus dirigentes. Las banderías políticas, la pertenencia, son un valor más sólido en España que la coherencia.

Esta reforma laboral podría ser el primer gran acuerdo político de la legislatura, una mínima expresión saludable de aquella patraña de buscar unos nuevos Pactos de la Moncloa ante la urgencia múltiple que deparó la paralización de todo el mundo por la pandemia ante un virus desconocido, pero ni siquiera la urgencia es capaz de aniquilar el interés general de la confrontación. Aquí el único pacto de Estado, lo único común y transversal, es el ‘no es no’ que sirvió un día a Pedro Sánchez para reivindicarse en el PSOE. Así que no nos engañemos, el único protagonista de la nueva reforma laboral no está en España, sino en Bruselas, es la Unión Europea, las exigencias de la Comisión Europea cuando condicionó la llegada de los fondos europeos, esos 140.000 millones anunciados, a la aprobación de una ley consensuada con los sindicatos y la patronal.

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Ante esa tesitura, o dinero o derogación, el Gobierno de Pedro Sánchez, con su vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, se ha plegado al interés mayor de una legislatura con la mayor inversión pública de la democracia. Lo que de verdad se ha derogado es el pacto de legislatura de socialistas y podemitas, porque se entiende que capitalizar la inversión europea es más rentable electoralmente que mantener una promesa electoral tajante, como se mencionaba en el punto 1.3 del acuerdo: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.

Desde el ‘OTAN, de entrada, no’, que el Gobierno socialista de Felipe González transformó en un referéndum a favor de la pertenencia a la Alianza Atlántica, no se recuerda un giro similar. También primaron los mismos intereses comunitarios, como ahora. La diferencia fundamental es que, mientras que en el referéndum de la OTAN el Partido Comunista se mantuvo firme en su oposición al ingreso en la organización militar, en esta ocasión los herederos políticos de aquellos, repartidos entre Unidas Podemos e Izquierda Unida, se han sumado al giro copernicano porque esta vez sí están en el Gobierno.

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¿Le cabe a alguien alguna duda de que tanto los diputados socialistas como los de Unidas Podemos votarían en contra de esta ley si la hubiera presentado el Partido Popular? Exactamente igual que los sindicatos, todos ellos estarían repitiendo hoy lo que ya dijeron en 2012, que esta reforma laboral es “un ajuste de cuentas de la derecha más radical de este país contra los derechos sociales de los trabajadores. Facilita el despido y destruye empleo y no es útil ni eficaz”, como consta en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Con lo cual, llegamos a uno de los aspectos más controvertidos de esta polémica: el apoyo de los sindicatos.

El interés político de los partidos del Gobierno está descontado por lo expresado anteriormente, pero ¿y los sindicatos? ¿Cómo quedan ante los trabajadores y sus afiliados? Durante todos estos años, han convocado periódicamente protestas contra la reforma laboral de Rajoy al considerar que “nunca en la historia de la democracia se ha producido una agresión así contra los derechos sociales y laborales por parte de un Gobierno”. Y más, el grito unánime de todas las manifestaciones: “Esta reforma laboral es terrorismo empresarial”.

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Cada vez que se conocían las cifras del desempleo en España, los dirigentes de Comisiones Obreras y de UGT machacaban con la responsabilidad de la reforma laboral sobre todos los males de la economía española, en especial por el abaratamiento del despido. Y nada de eso se cambia ahora. Por un trozo de poder en la negociación de los convenios colectivos, que es de lo poco que se modifica con el nuevo texto de la reforma laboral, el ‘terrorismo empresarial’ desaparece para los sindicatos y se convierte en “nuevos derechos de los trabajadores”, y, por supuesto, beneficia “a los sectores de población más desfavorecidos”, como repiten constantemente los líderes sindicales de UGT y CCOO desde todos los rincones de España.

Sin embargo, es la propia exministra de Trabajo Fátima Báñez, que aprobó aquella ley, la que tiene claro que no solo no existe derogación, sino que se trata de un triunfo de las políticas de Rajoy. Lo mismo que afirmó la Fundación Faes, que preside José María Aznar: "Consolida la legislación de 2012 al mantener los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas, sobre todo la reducción del coste del despido y la supresión de los salarios de tramitación". ¿Tiene sentido el voto negativo del Partido Popular? Más bien, resulta ridículo. Un ridículo de época, fácilmente deducible de la constatación de que nadie en el PP ha dicho que piense derogar esta ‘nueva’ reforma laboral en el futuro. Por no distanciarse de Vox, están dispuestos a votar con Esquerra Republicana y Bildu en contra de la reforma laboral que aprobaron en 2012. Si el único argumento para votar en contra es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no los ha llamado a negociar ningún aspecto, la torpeza se multiplica porque no se dan cuenta de que están cayendo doblemente en la estrategia socialista.

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Si el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no ha querido negociar nada con los populares es porque necesitaban de su oposición a la reforma laboral para poder obrar el milagro de convertir en un texto de izquierda lo que hasta ayer simbolizaba a la 'derecha más radical'. El voto en contra de los populares y de Vox es el que legitima el ‘maquillaje rojo’ de la reforma laboral de Rajoy; gracias a ellos, el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos pueden justificar ante su electorado que esta reforma es progresista. Ahora sí. Aunque sepamos bien que lo único que no se camufla es el retrato vergonzoso de la clase política y sindical española.

Menos mal que siempre nos quedarán las amenazas comunitarias para sacar adelante un texto como este que, al fin, entierra el enfrentamiento intolerante y baldío por una reforma laboral en el país con más paro de toda la Unión Europea.