El pacto PP-Vox en el espejo del PSOE

España no es un país de extremos, pero el sectarismo de la clase política hace inevitable que, en estos tiempos de mayorías fracturadas o insuficientes, los extremos sean imprescindibles para formar Gobierno. En otro país, con otra cultura política, la conclusión lógica y deseable para todas las instituciones sería excluir de la gobernabilidad a los extremos, pero como esa alternativa no existe aquí, la única opción es considerar el mal menor de que los dos extremos de la política española, que son VOX y Podemos, participen en coaliciones con el PP y el PSOE, respectivamente, porque lo contrario es el desgobierno y el caos, la peor coyuntura de una democracia.

Con lo cual, dada esta característica incontrovertible de la política española, en la que ninguno de los dos partidos mayoritarios está dispuesto a facilitar la gobernabilidad del otro, tenemos que comenzar a contemplar esos pactos del PSOE y del PP con los extremos con normalidad democrática, que quiere decir con firmeza constitucional y sin complejos ante los principios y valores que sustentan la convivencia. Conviene subrayar esto último ahora que el Partido Popular ha alcanzado su primer pacto de gobierno con Vox, en Castilla y León, y en España se han encendido las luces de alarma por todos lados, como si ese acuerdo supusiera la claudicación del centro derecha ante el extremismo de su socio de gobierno. Sencillamente, esa conclusión es inaceptable cuando se prescinde absolutamente de los detalles. Dicho de otra forma: quienes se escandalizan tienen alguna justificación oculta, por prejuicios ideológicos o por meras estrategias políticas, pero se olvidan del análisis objetivo de lo pactado, que tendría que ser lo fundamental, muy por delante de las preferencias de cada cual.

Opinión

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La descalificación del pacto del Partido Popular y de Vox en Castilla y León guarda mucha relación con las acusaciones de radicalización que se han lanzado en los dos últimos años contra el Partido Socialista, y en especial contra Pedro Sánchez, por su Gobierno de coalición con Podemos y, posteriormente, por sus acuerdos de legislatura con independentistas vascos y catalanes. En multitud de ocasiones, se ha podido oír, como un hecho cierto, que el PSOE había roto con su historia, que se había convertido en un partido radical y hasta que había pactado la independencia de Cataluña. Sin embargo, cualquiera puede comprobar en este momento que nada de ello se ha producido, por mucho que se sigan agitando los discursos con el fantasma Frankenstein y el Gobierno social comunista.

En estos tres últimos meses, hemos tenido dos pruebas concluyentes de la inconsistencia de esas acusaciones: la reforma laboral diseñada por la derecha hace años y pactada ahora con sindicatos y patronal y, en segundo lugar, el envío de armas a Ucrania como respuesta a la invasión de Rusia. La presencia en el Consejo de Ministros de cinco miembros de Podemos no ha supuesto la radicalización que se vaticinaba y el PSOE, como se vio en el último congreso del partido, se reafirmó en su ideología socialdemócrata, que tantas veces se daba por desaparecida. Incluso cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado en alguna ocasión con Bildu, se ha aconsejado aquí que, por despreciables que puedan parecernos, debemos fijarnos en el contenido del acuerdo, porque nada le impide hacerlo si se trata de regulación laboral o de nuevos derechos sociales.

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El mismo análisis, la misma exigencia, es lo que se debe hacer ahora del primer gobierno del Partido Popular y Vox, y de los que vendrán más adelante. La similitud es tan grande con lo ya vivido con el PSOE que hasta se han calcado las mismas alertas, como si todo se tratase de una mera inercia de polémicas repetidas. “El Gobierno de España es la excepción comunista en Europa”, se dijo en cuanto el Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión en enero de 2020, de la misma forma que ahora se afirma que el Partido Popular va a convertir Castilla y León en “la primera región europea en la que gobierna la extrema derecha”, algo que, además, no es verdad.

En fin, por encima de esa trifulca, lo aconsejable es detenerse en lo firmado. Como decía Julio Anguita, “programa, programa, programa”. Por lo que conocemos, el acuerdo de gobierno de Castilla y León no vulnera ninguna de las ‘líneas rojas’ que debe trazar el PP para gobernar con Vox, de la misma forma que el PSOE ha establecido las suyas tras su pacto con Podemos y sus socios parlamentarios. No se deroga la Ley de Violencia de Género, no se toca la Ley de Memoria Histórica y ni siquiera se mencionan los centros de menores inmigrantes, que son las tres grandes obsesiones populistas de Vox. Que ni siquiera en el Partido Popular estén defendiendo este acuerdo, que bien podría entenderse como una claudicación de Vox, forma parte de la naturaleza acomplejada de este partido, que tantos sinsabores le provoca. Si en el futuro cambia ese acuerdo, o se pervierte, el análisis deberá modificarse, pero la censura previa, la descalificación preventiva, no cabe en la lógica democrática cuando no se sostiene en realidades.

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Y ahora, de nuevo, volvamos al principio. ¿Sería mejor que en España existiera una fuerza política centrada, que hiciera de bisagra a uno y otro lado? Sí, pero no existe porque también la sociedad española parece complacida en su mayoría con esa división de izquierdas y derechas, con lo que el centro político aquí se convierte en un ejercicio imposible de funambulismo político. El último que lo intentó acabó naufragando porque no supo resistirse a los cantos de sirena que le llegaban desde una de las dos orillas. Y, en ese caso, ¿no sería mejor que pudiera constituirse, como en otros países, una gran coalición del PSOE y del PP? Pues claro, pero no es una hipótesis que se pueda contemplar en España; cada vez que se ha enunciado o propuesto una gran coalición, incluso en los momentos más críticos, ha sido desacreditada por unos y otros, como una muestra de debilidad ideológica inaceptable.

Por lo tanto, la conclusión teórica y práctica solo puede ser una: de la misma forma que el PSOE se tuvo que plegar a pactar con las fuerzas políticas que están a su izquierda, el Partido Popular tiene que aceptar que en muchas instituciones tendrá que gobernar con el partido que está a su derecha. Y en ambos casos, lo esencial para la democracia española es que tanto el PSOE como el PP se constituyan en garantes de la tolerancia, de la convivencia y de la estabilidad institucional, convirtiendo en ‘líneas rojas’ aquello que no debe ser jamás objeto de negociación con los extremos.