Espionaje e impotencia independentista

Cada agravio reciente del independentismo catalán es una muestra clara de su impotencia. Antes, cuando tenían fuerza en las calles, fuerza de movilización y de protesta, cada agravio les servía para retroalimentar el discurso e incendiar los ánimos. El intento ahora es idéntico, pero con el tiempo pasado, y asumida la derrota y la farsa, la reacción ante los supuestos agravios constituye más una muestra de impotencia o de declive. Como ha dicho alguno de los que han acabado sincerándose consigo mismos y con la sociedad catalana, los elementos actuales de presión del independentismo sobre el Estado son folclóricos, muchos lazos amarillos, banderas y camisetas, y campañas de consumo de productos catalanes. Es lo que ocurre ahora con este nuevo intento miserable de desprestigiar ante el mundo la democracia española, y en especial el Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es lo que verdaderamente les obsesiona, no poder controlarlos ni manipularlos.

Los mismos que pretendieron atentar contra la primera ley de la democracia española, la Constitución, y contra la primera norma de la autonomía de Cataluña, el Estatut, se muestran ahora escandalizados porque el espionaje, dicen, es “un atentado contra la democracia”. Los mismos que se apoyaban y congeniaban con Vladímir Putin, ese criminal de guerra, pretenden erigirse en garantes de la democracia en Europa. El Tribunal Supremo tuvo que recordarles que el principio más elemental de una democracia es que nada existe fuera del Estado de derecho, que “la democracia presupone el derecho a votar, pero es algo más que eso: supone también el respeto por los derechos políticos que el sistema constitucional reconoce a otros ciudadanos, el reconocimiento de los equilibrios entre poderes, el acatamiento de las resoluciones judiciales y, en fin, la idea compartida de que la construcción del futuro de una comunidad en democracia solo es posible respetando el marco jurídico, que es expresión de la soberanía popular”.

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Pues bien, a partir de ahí, de esos principios elementales de una democracia, lo esencial de este nuevo episodio es si el espionaje a medio centenar de independentistas de cierta relevancia política y social constituye un hecho extraño o contrario a una democracia. Demos por sentado, para empezar, que se trata de eso, de que el espionaje ha sido planificado y desarrollado desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende del Ministerio de Defensa, aunque no exista confirmación de ello ni deba esperarse que exista. Pensemos que ha sido el CNI porque, entre otras cosas, adquirió a los israelíes el sistema de seguimiento Pegasus, que es el utilizado para espiar a los independentistas, y porque, además, y esto es fundamental, ese seguimiento está entre sus atribuciones.

Remarquemos esto: no hay constancia de que el CNI haya espiado a los activistas del independentismo catalán, pero, en cualquier caso, esa es una de sus obligaciones. Lo dice así, específicamente, la ley que regula este organismo público en el primer artículo: “Prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”. ¿Qué representan los independentistas para la democracia española sino la amenaza que ahí se describe? Ya se han encargado ellos mismos de repetirlo, incluso después de que hayan sido indultados por este Gobierno de la condena que les impuso el Tribunal Supremo: “Lo volveremos a hacer”. Pues si esa es su determinación, la obligación del CNI es seguir sus pasos con todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías que utilizan los espías de medio mundo.

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No existe, por tanto, motivo alguno de escándalo en el supuesto de que, como es lógico, el espionaje provenga del CNI, porque ni siquiera se trataría de algo novedoso. Desde hace siete años, en 2015, ese organismo cuenta con una unidad específica, de nombre rimbombante (Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales), que se creó para el seguimiento de los independentistas y movimientos similares que pudieran surgir en España. Precisamente, es ese año 2015 cuando empiezan a detectarse los seguimientos a los teléfonos de algunos de los cabecillas del independentismo, como Jordi Sànchez, que entonces era presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y que, como todos sabemos, acabó siendo condenado por el Tribunal Supremo.

Con lo cual, si el CNI lo espiaba desde 2015, nadie podrá decir que equivocó el objetivo. No solo eso, también podríamos relacionar el Centro Nacional de Inteligencia con otros episodios conocidos, como aquella baliza de seguimiento que encontró adherida a su coche el fugitivo Puigdemont. Lo denunció a la Justicia belga, escandalizado de la “invasión de su privacidad”, que ya hay que ser caradura y desahogado, y, como es lógico, el asunto se terminó archivando porque no hay constancia oficial de que el autor fuera un miembro de los servicios secretos de España.

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Una vez más: si el CNI es quien ha espiado a los independentistas, no ha hecho más que cumplir con su obligación, con los requisitos legales que marca la ley y la discrecionalidad obvia de los servicios de Inteligencia de todos los países del mundo. En Cataluña, el único espionaje ilegal, el que debería investigarse, no es el del CNI, sino el que en su día promovieron los independentistas, como se ha ido conociendo en las últimas semanas. El propio 'The New York Times' ya confirmó en su día que el apoyo de la Rusia de Putin durante el 'procés' independentista no se limitó a propagar algunas campañas de desinformación, como ya hizo en Estados Unidos o en el Reino Unido durante el Brexit, sino que también enviaron espías a Cataluña.

Esas son las explicaciones que tienen que dar quienes ahora se muestran falsamente agraviados y ofendidos. Los espías que mandaron a Cataluña los enviados de Putin que se reunían con Puigdemont en un hotel de Ginebra, como desveló El Confidencial hace un mes. Esos son a los que hay que investigar, por mucho que intenten agitar la sociedad catalana con una nueva campaña de desinformación y agravios contra el Estado. Que no se olvide que al independentismo catalán no se lo espía por independentista, ni por sus ideas, sino por su deriva delictiva, a la que aún no han renunciado. Si el CNI es quien está detrás, perfecto.