Sánchez, salvado por Pegasus

De verdugo a víctima. De sospechoso a perjudicado. En cinco minutos, el presidente del Gobierno ha invertido a su favor la polémica política que más lo perseguía, que lo hostigaba. El caso del espionaje de Pegasus se ha vuelto sobre sí mismo y ahora, en un giro inesperado de los acontecimientos, se ha convertido en un salvavidas inesperado en medio de la tormenta. El escándalo que se acaba de desatar en la política española, y quizá también europea, es de una enorme gravedad y su repercusión política es tan grande que todo lo ensombrece a su alrededor. Por dos razones fundamentales: la primera, porque permite al Gobierno mostrar con claridad la diferencia entre espionajes legales y espionajes ilegales. Y, además, porque deja en un segundo plano la polémica de los independentistas catalanes y desbarata la operación emprendida por estos para colocarse, de nuevo, en el centro del debate político en España.

Esos dos objetivos, como veremos ahora, los ha conseguido sorpresivamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, una vez más, se muestra fiel a su propio relato, cuando asegura que se hace fuerte en las situaciones más adversas, ya sea por golpes de suerte o por el manejo habilidoso de todas las circunstancias y condicionantes que lo rodean.

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La gravedad internacional de lo que ha ocurrido en España se deriva de la sospecha de que un 'hacker' o, peor, una potencia extranjera estén detrás del espionaje de los teléfonos del presidente del Gobierno y de su ministra de Defensa, lo que se traduce en una agresión externa que afecta a los intereses estratégicos de un país miembro de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea. Según los datos recabados por el Centro Criptológico Nacional, se trata, además, de intervenciones muy agresivas, en las que se han llegado a extraer del teléfono del presidente del Gobierno hasta dos gigas y medio de información.

A partir de ahí, dos dudas fundamentales: quién ha podido ser y por qué sabemos que ha sido un ‘agente externo’. Ahí es donde entra la ventaja que cobra el Gobierno de Pedro Sánchez para sacudirse de las espaldas la crisis del espionaje a los independentistas y poder mostrar públicamente, con un hecho incontestable, la diferencia que existe entre un espionaje legal y uno ilegal. El programa informático Pegasus, que es el que se utiliza para intervenir teléfonos móviles porque debe ser el más efectivo, es de propiedad israelí y, al menos en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales y centros de Inteligencia, como el CNI español, que lo adquirió. Si el Gobierno, tras el informe del Centro Criptológico, afirma con rotundidad que la intervención de los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa es “ilícita y externa” es, evidentemente, porque el CNI le ha confirmado que esos ‘pinchazos’ no tienen nada que ver con los servicios de Inteligencia españoles.

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Con lo cual, ha tenido que ser alguien 'externo', no oficial, dentro o fuera de España, que hubiera adquirido ese programa Pegasus. Debe subrayarse la diferencia diametralmente opuesta que existe con las explicaciones ofrecidas sobre la intervención de los teléfonos de medio centenar de independentistas catalanes: en ese caso, el Gobierno, previa información del CNI, afirmó que se trataba de intervenciones legales, motivadas y justificadas; autorizadas por un juez y amparadas por las obligaciones legales de ese organismo. Ahora, por si alguien no lo tenía claro, se puede diferenciar con claridad cuándo estamos ante un espionaje legal y cuándo, ante un espionaje ilegal, que es el centro del debate que estaba corroyendo el prestigio del Gobierno de Pedro Sánchez ante los suyos.

De forma paralela, lo que se viene abajo es la escalada de protestas independentistas intentando, una vez más, minar el prestigio internacional de España, con la grotesca e insoportable retahíla de la vulneración de derechos fundamentales en la democracia española. El Gobierno no solo no ha actuado ilegalmente, sino que ahora emprende acciones legales, a través de la Abogacía del Estado, para que la Justicia española esclarezca el espionaje al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y, quizás, a otros miembros más del Consejo de Ministros.

"Lo que se viene abajo es la escalada de protestas independentistas intentando, una vez más, minar el prestigio internacional de España"

Además de Pedro Sánchez, quien logra resarcirse del acoso independentista es Margarita Robles. La ministra ha tenido que soportar estos días todo tipo de descalificaciones de los supuestos aliados parlamentarios y hasta de los propios socios del Gobierno, sin que en el Partido Socialista se le ofreciera un apoyo abierto y explícito, como quizás ella misma hubiera esperado. A ver qué dice ahora el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, después de que el otro día en el Congreso de los Diputados repitiera eso de que “tienen que rodar cabezas” por el caso Pegasus… Aunque nada debemos esperar, porque a esta izquierda radical siempre le ocurre lo mismo: en determinados asuntos como la revuelta independentista catalana, son más proclives a exigir dimisiones cuando alguien cumple con la legalidad que cuando la incumple y la pisotea.

También para todos ellos, el giro del espionaje los deja al descubierto. Por lo que se decía antes, que Pegasus se le ha acabado apareciendo a Pedro Sánchez para sacarlo de uno de los momentos más delicados de la legislatura, en el que todos los frentes adversos parecían abiertos y agravados en una progresión aritmética. Pegasus no era solo el nombre de un programa informático para intervenir teléfonos y espiar a sus propietarios, también tenía esta otra versión mitológica, la del caballo alado, el caballo de los dioses griegos, que ha descendido hasta la Moncloa para rescatar a Pedro Sánchez un Dos de Mayo.