Con don Juan Carlos, contra Juan Carlos

Todo se resume en la expresión de un deseo, o de una necesidad, que tenemos como españoles: ni siquiera Juan Carlos de Borbón tiene derecho a ensuciar la imagen de don Juan Carlos I, el rey que protagonizó la época más brillante de nuestra historia reciente, este medio siglo de libertad, de paz y de prosperidad que estamos casi a punto de cumplir. Debemos diferenciar entre la persona y la institución, entre el presente y la historia, para preservar la dignidad y el respeto, incluso el orgullo, que debemos sentir hacia la democracia española, sin mancharla ni menospreciarla. Y ni siquiera Juan Carlos de Borbón, este señor rico que vive en Abu Dabi y que ha regresado a España en un carísimo vuelo privado, tiene derecho a pisotear el hito histórico de haber pasado de una dictadura a una democracia como ningún otro país lo ha conseguido en la historia.

Si no nos conformamos con nuestro propio recuerdo, si desconfiamos incluso de lo que pensamos, volvamos otra vez la mirada a aquellos que lo contemplaron desde fuera, como el historiador inglés John Elliot, que hasta su muerte defendió siempre la extraordinaria proeza del pueblo español, con el rey don Juan Carlos a la cabeza, para dejar atrás el franquismo y construir una democracia moderna en menos de dos décadas. En un artículo de prensa, pasados solo 15 años de la muerte del dictador, escribía Elliot: "Se me puede permitir que hable, con la perspectiva de un extranjero, de un auténtico milagro español durante estos últimos 15 años, el milagro de un país que se ha descubierto de nuevo a sí mismo". No, que no, ni siquiera Juan Carlos tiene derecho a emborronar esa memoria, que es colectiva y no le pertenece. Por el bien de todos, pensémoslo así.

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Este afán por diferenciar entre la persona, Juan Carlos de Borbón, y el personaje histórico, don Juan Carlos I, tiene que ver, desde luego, con la constatación de que cada escándalo relacionado con el Rey emérito reúne y activa en España a un ruidoso grupo de personajes que aprovechan la ocasión para zarandear el prestigio internacional de las instituciones españolas y del que llaman con menosprecio el 'régimen del 78', como si la Constitución fuera el legado que nos impuso el franquismo.

Por ese motivo, a partir de que Juan Carlos de Borbón ha decidido establecer de forma definitiva su residencia en Abu Dabi, por razones que quizá no conocemos aún, lo que no podemos permitir es que cada visita ocasional a España se convierta en una oportunidad de agitación y de desestabilización de la Casa Real y, sobre todo, de la monarquía parlamentaria, eje sobre el que descansa la arquitectura institucional de la democracia española. No podemos caer en el juego, en la estrategia, de esos tipos, porque ninguno de ellos persigue la mejora de la democracia española, ni la revisión de los errores cometidos para enmendarlos y no tropezar de nuevo.

Todos cometimos errores, claro, si consideramos como propia la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos por no haber sido más exigentes, más críticos, en los años pasados. Ni lo hemos exigido, ni los medios de comunicación lo han denunciado, ni a la clase política le ha interesado jamás. Cometimos el error de haber mirado para otro lado durante mucho tiempo sin reparar en que el tiempo nos devolvería esa equivocación, envuelta en un escándalo mayor que nos estallaría en la cara. Una democracia repara sus errores con reformas, con transparencia, y esa es la lección que hay que sacar de lo ocurrido, para que el resultado sea una democracia más sólida, no más desprestigiada y cuestionada, como pretenden. Contemplemos el presente con la distancia necesaria de la historia.

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A don Juan Carlos I le correspondió el papel histórico de la instauración de la dinastía borbónica, tras el franquismo, y la transición pacífica de la dictadura a la democracia, un acontecimiento histórico ejemplar por el que llegó a estar entre los candidatos al Nobel de la Paz, y a Felipe VI le ha correspondido la consolidación de la monarquía parlamentaria, plenamente democrática, sin los vicios de realeza decimonónicos, caza, lujos y excentricidades que traía consigo su padre. La consolidación de una monarquía parlamentaria europea en España adquiere entre nosotros, además, una doble relevancia. Por un lado, la conexión con la historia de una de las naciones más antiguas de Europa, pero, fundamentalmente, la creencia de que para la pervivencia de la democracia aquí es fundamental la existencia de una jefatura del Estado que pueda servir de cohesión entre todos los españoles, que no esté sometido al vaivén de confrontación y cainismo de la política en España.

Podemos estar con don Juan Carlos I y alejarnos de Juan Carlos de Borbón, ese señor rico que vive a 6.000 kilómetros de España. Y, a partir de esa abstracción, comenzar a plantearnos las reformas necesarias para poder avanzar y consolidar esta monarquía parlamentaria, elemento de cohesión y símbolo de todos, incluidos muchos republicanos, y todos los historiadores, que lo han visto así desde que se murió Franco y observaron cómo el Rey desarmaba, uno a uno, todo el andamiaje de la dictadura para construir una España moderna, de concordia, que tanto habíamos ansiado en los últimos 200 años.