El Cuco, derecho a mentir y burla judicial

El caso de Marta del Castillo es el mayor escándalo de impotencia judicial de la democracia española. No es porque la sentencia final no satisfaga a algunas de las partes, o porque no se haya podido demostrar judicialmente aquello que parecía evidente antes de la vista oral, porque así habrá cientos de casos repartidos por todas las audiencias españolas. El proceso judicial por el asesinato de Marta del Castillo es el mayor escándalo de impotencia judicial porque hace trece años que una banda de niñatos, sinvergüenzas y delincuentes se están burlando de la Justicia sin que nadie pueda hacer nada para remediarlo. Ni para imponerle una condena ejemplar que les borre de la cara la sonrisa con la que siempre escupen.

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¿Qué más tiene que ocurrir en ese caso para que nos conduzca a una reflexión profunda sobre lo que ha sucedido y está sucediendo aún? Por ejemplo, para que dentro de la Abogacía se plantee un debate necesario sobre los límites deontológicos de la defensa, sobre todo en procedimientos judiciales como este de Marta del Castillo. Con total respeto personal hacia quienes han ejercido y ejercen la defensa de los procesados por el asesinato de la joven, la única pregunta que debemos hacernos es si la burla sostenida de esos canallas a la Justicia española hubiera sido posible sin el adecuado asesoramiento jurídico. Todo el mundo tiene derecho constitucional a la defensa de la misma forma que en los procesos penales el acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, es verdad. Y se trata de conquistas irrenunciables de un Estado de Derecho avanzado como el que gozamos en España. Pero nada de lo anterior puede convertir los procedimientos judiciales en un ‘todo vale’ de pícaros y oportunistas capaces de cualquier estratagema jurídica con tal de adquirir notoriedad y zancadillear constantemente un proceso judicial.

De toda esa banda de niñatos, sinvergüenzas y delincuentes, es ese tipejo llamado El Cuco el que mejor puede servir de símbolo o de síntesis de todos los demás. Siempre se ha burlado de la Justicia, y lo sigue haciendo, que es lo mismo que decir que se burla de todos nosotros, como ciudadanos confiados en la Justicia, además de estar provocándole un daño enorme al prestigio de los tribunales y un daño irreparable y añadido a los familiares de la adolescente a la que asesinaron. En esta última sentencia condenatoria por haber mentido en el juicio central por el asesinato de la joven sevillana, la juez de lo Penal número 7 de Sevilla, Olga Cecilia Simón, les reprocha, como agravante, que sus mentiras supusieron un claro entorpecimiento de la labor de la Justicia en la búsqueda de la verdad.

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Esa es la mayor gravedad y, por ese daño inmenso, con la repercusión que tiene este caso en la sociedad española, no va a recibir ningún castigo específico, más allá de los dos años de prisión a los que ha sido condenado, el tope legal establecido para los testigos que mienten en un juicio (recuérdese que, a diferencia de los acusados, los testigos sí tienen obligación de decir la verdad, por eso juran o prometen al principio de la declaración). ¿Recibieron el consejo de sus abogados de entonces para que mintieran en el juicio de 2011? En el caso de que lo hicieran, o incluso de que lo aprobaran porque ya entonces era evidente que estaba mintiendo, nada de eso debería considerarse legítimo en el planteamiento del derecho de defensa.

Es exactamente lo mismo que ocurre en este momento. Tanto El Cuco como su madre, ambos acusados de falso testimonio, llegaron a este nuevo juicio con una estrategia judicial clara, que cogió a todos por sorpresa: en cuanto se inició el juicio, reconocieron los hechos, admitieron que ambos le habían mentido al tribunal, con lo que la vista oral decayó. "Este pleito se queda sin pruebas tras el reconocimiento" de los hechos, como dijo la magistrada en el juicio. Con esa estrategia de defensa, lo que consiguieron ambos es que el juicio por su falso testimonio quedase invalidado para intentar despejar algunos puntos oscuros de aquel terrible suceso, como la localización del propio cadáver de Marta del Castillo. Los dos, madre e hijo, se declararon culpables de haber mentido en 2011, pero se niegan a decir ahora la verdad: rechazaron contestar a todas las preguntas que habían preparado, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los padres de Marta del Castillo. Tampoco se llevaron a cabo otras pruebas periciales y documentales que se habían solicitado, entre ellas la declaración del asesino, Miguel Carcaño, que había sido trasladado hasta la Audiencia de Sevilla, expresamente para este juicio, desde la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, donde cumple condena por el crimen de Marta.

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Tanto El Cuco como su madre han sido condenados a dos años de cárcel por mentir, pero es difícil que acaben cumpliendo esa condena porque existen atenuantes suficientes a los que pueden acogerse para intentar eludirla, como harán frente a las multas y sanciones a las que han sido condenados. Pero volvamos al planteamiento inicial: la burla consumada de estos sinvergüenzas a la Justicia, a la familia, y a todos nosotros no hubiera sido posible, ni antes ni ahora, sin el adecuado asesoramiento jurídico. No parece que sea algo baladí para que no provoque una profunda reflexión en muchos colectivos, empezando por los legisladores y los propios abogados. Una burla, insistamos una vez más, que es humillación y dolor para la familia de Marta del Castillo y desolación y rabia para millones de ciudadanos españoles. Esa es la única pregunta y, al formularla, uno debe imaginarse el tono y la cara de Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, cuando, en este último juicio, se dirigió a El Cuco, sentado en el banquillo: “No eres capaz de mirarme a la cara, ¿verdad, cobarde?”.