Eutanasia: un año de derechos, no de crímenes

Algunos, los más salvajes, afirmaron enfurecidos que en España se acababa de aprobar el genocidio. "Esta ley convierte al Estado en una máquina de matar y a los médicos, en sus cómplices y verdugos", dijeron en un Observatorio de Bioética llevando al extremo la doctrina al respecto de Iglesia Católica. "Que Dios les perdone!", exclamaron. Pensaban, y seguramente seguirán pensando, que el Congreso de los Diputados, al aprobar la Ley de Eutanasia, como se conoció popularmente, estaba avalando "un homicidio asistido en respuesta a un sistema quebrado de pensiones, es un paso más de la estrategia neocapitalista de control totalitario de todas las facetas de la existencia humana".

Por eso, la Conferencia Episcopal Española recordó a todos los católicos la obligación de objetar ante la ley cuando se les presentara la ocasión. En el Congreso de los Diputados, cuando se debatió la ley, la tensión no fue menor. Ángeles Criado, que es parlamentaria de Vox, llegó a decir que en Holanda, uno de los siete países junto con España donde también se ha regulado el derecho a la eutanasia, la gente "no quiere ir a los hospitales porque no saben si saldrán con vida". Y añadió: "La vida es un derecho, la eutanasia no es un derecho; es matar a una persona". Lo mismo pensaban en el Grupo Popular y, por eso, ambos recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha emitido sentencia, aunque no sabemos si, en la actualidad, el PP mantiene el mismo rechazo a la eutanasia, después de que Núñez Feijóo se hiciera cargo de la presidencia en sustitución de Pablo Casado. En Galicia, donde Feijóo practicó con éxito su política de centroderecha moderada, es quizá donde comenzó con más fuerza el debate sobre la eutanasia a partir del ya mítico caso de Ramón Sampedro, el marino que, en un accidente en el mar, se quedó tetrapléjico y pasó su vida, treinta años, postrado en una cama pidiendo que lo ayudaran a suicidarse, que no quería vivir más arrastrando, día a día, su sufrimiento.

TE PUEDE INTERESAR

La ley de eutanasia aboca al cierre el caso de Ángel Hernández por asistir a su mujer

J. Corbacho

Ha pasado un año desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en España y es conveniente arrancar el repaso de lo sucedido desde la desmesura radical y las advertencias apocalípticas que se realizaron durante el debate. Todo aquello que se dijo que iba a suceder, todas las amenazas, el genocidio pronosticado. Porque se puede discrepar moralmente de una ley como esta de la eutanasia sin tener que insultar a nadie, sin llamarle asesino a nadie. Y deberían avergonzarse ahora que ha pasado el tiempo y podemos hacer un recuento oficial de lo que ha sucedido: España no se ha convertido en un Estado criminal que mata a sus ciudadanos. Han sido 172 personas las que se han acogido a este nuevo derecho en toda España. Hay comunidades, como el País Vasco y Cataluña, en las que el número de personas que decidieron acabar con su vida con este procedimiento es mayor que en el resto.

En los hospitales catalanes, hasta 60 enfermos terminales pidieron la eutanasia, frente a 25 en el caso de los hospitales vascos. El número es relevante si se compara con lo sucedido en Madrid (19 muertes por eutanasia) o en Andalucía (11 personas), pero la enorme diferencia debe guardar relación, al margen de otras peculiaridades culturales que no se han analizado, con la implantación en cada autonomía de la ley, que obliga a los gobiernos regionales, por ejemplo, a aprobar la creación de un comité de garantías que es el que tiene que darle el visto bueno a cada solicitud de eutanasia.

TE PUEDE INTERESAR

El TC de Italia tumba un referéndum sobre la eutanasia: "No protege la vida"

Europa Press

172 personas no es una cifra suficiente para sostener las barbaridades que se dijeron, y que se siguen diciendo, sin el menor respeto por el sufrimiento y el dolor ajeno. Ni por la consideración más elemental: la extremada dureza que supone para una persona decidir que no quiere seguir viviendo, ante un panorama médico de permanente dependencia, deterioro y padecimiento. En la inmensa mayoría de los casos de pacientes que solicitan la eutanasia, aceptarlo solo supone una muestra de humanidad. Como el descrito hace unos días en una carta, divulgada por 'El País', que se ha hecho viral. El testimonio sobrecogedor de Jesús Medina, un médico de Leganés, que realizó su primera eutanasia el 15 de noviembre de 2021. "No me falles", fue lo único que le pidió la enferma a la que tenía que practicarle la eutanasia. Era una mujer de 86 años, con un cáncer de colon terminal, que se despidió de este mundo, rodeada de su familia, feliz y convencida de lo que estaba haciendo, segura de que la muerte es la única certeza universal de la vida. Antes de llegar a su casa, el médico se detuvo en varias ocasiones para rezar, ni siquiera la Iglesia Católica ha podido apartarlo de Dios.

Un año se ha cumplido de la eutanasia en España y, a la vista de lo que ha ocurrido y de lo que no ha pasado, solo podemos congratularnos que de que este país se haya incluido entre los más avanzados del mundo en la regulación del derecho elemental a una muerte digna, elegida por una persona que ya no tiene ninguna esperanza de vida, más que esperar su muerte, golpeada por el dolor y el padecimiento. Un derecho que no es una obligación, lo ejerce solo quien quiere y siempre en determinadas circunstancias que un comité debe revisar y aprobar. De eso se olvidan siempre los apocalípticos, que deben ser los mismos que también prefieren callar ante la realidad de los suicidios en España, negándolos u ocultándolos, siguiendo la estela de una moral católica trasnochada, que se pierde en la oscura noche de los tiempos. Bien harían en cambiar sus soflamas por un verdadero humanismo que exija a las instituciones públicas de España una mayor atención a los problemas crecientes de salud mental en España y al análisis específico del altísimo número de suicidios anuales, que son casi cuatro mil personas, diez veces más que las muertes por homicidios. Un suicidio cada dos horas y media, mientras que los casos de eutanasia no han llegado a una muerte al día en el primer año de aplicación. Un año de derechos, no de crímenes.