Videojuegos, otra vez se confunde Garzón

Los políticos deben estar para resolver problemas, no para crearlos. El último que utilizó este aserto tan manido como ignorado fue uno de los ministros más discretos del Gobierno, Luis Planas, cuando uno de sus compañeros de Gabinete, Alberto Garzón, le había vuelto a meter en un problema, por su afán de protagonismo y por su torpeza exponencial al hablar de las macrogranjas en España.

"Los ciudadanos son gente muy inteligente y los políticos no tenemos que crear problemas, tenemos que resolver problemas. No tenemos que crear inquietud, tenemos que dar seguridad y tranquilidad al conjunto de los ciudadanos", dijo entonces Planas y otra vez podría repetir lo mismo porque su compañero Garzón ha vuelto a las andadas, esta vez con los videojuegos. Y le ocurre igual que cuando hablaba de las macrogranjas: si en España ese tipo de explotación ganadera es menor frente a la ganadería extensiva, es absurdo que el Gobierno genere una polémica internacional que acaba perjudicando a todo el sector.

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Con el anteproyecto de Ley por el que se regulan los 'mecanismos aleatorios de recompensa' en los videojuegos (unas cajas sorpresa que los jugadores adquieren para obtener ventajas) se señala la existencia de un problema cierto, como es que hay menores de edad que pueden acabar gastando demasiado dinero sin permiso de sus padres, pero lo que no se dice es a cuántas personas afecta.

Si es algo residual, qué necesidad tiene el Gobierno de regular sobre algo sin importancia, de acuerdo con el conjunto de la sociedad. Más aún, ya que hablamos de menores de edad, podemos aprovechar para plantear otro problema que sí que está generando una gran preocupación: ¿debería regularse la edad para adquirir y usar un teléfono móvil? ¿Es normal que la mayoría de los niños españoles tengan un móvil entre los nueve y los once años? Porque eso es lo que está pasando y, mientras que, en otros países, como Francia o Italia, ya se ha abierto ese debate, en España no pasa de algunas circunstancias anecdóticas que se convierten en virales, como el juez que hizo firmar a su hija un contrato antes de entregarle su primer móvil.

La dimensión del problema, como se decía antes, es la principal crítica que se le puede hacer a la nueva polémica que ha levantado el ministro Garzón sobre las 'cajas sorpresa' y la publicidad en los videojuegos. El reconocido abogado Borja Adsuara, experto en derecho digital, privacidad y protección de datos, ha repetido estos días sus reparos ante esta ley por ese mismo motivo, porque convierte en un problema nacional algo que no alcanza el mínimo exigible para considerarlo digno de una ley propia.

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Ni el modelo de negocio de las 'cajas sorpresa' es nuevo, porque es asimilable a lo que siempre ha ocurrido con, por ejemplo, el negocio de las estampitas de fútbol, o incluso a los 'huevos Kinder' o las bolas con peluches o juguetitos de las máquinas, ni supone un problema real que unos menores de edad accedan a esos videojuegos con el permiso de sus padres y que se gasten ahí el dinero que les han dado.

El problema, en todo caso, llegaría si un menor le roba la cartera a su padre para utilizar su tarjeta de crédito. Si ese fuera el problema mayoritario en España, estaría justificada una ley, pero no es el caso. "Hay formas de controlar y solucionar esos riesgos (en los poquísimos casos que se dan al año, menos de un 1%, las empresas suelen devolver el dinero), sin necesidad de imponer a todos los jugadores, incluso a los mayores de edad, unas obligaciones desproporcionadas para un problema que se ha sobredimensionado. El Derecho está para resolver problemas, no para crearlos", sostiene Borja Adsuara repitiendo, otra vez, sobre Alberto Garzón aquello que ya le dijo su compañero Luis Planas.

En el caso de los teléfonos móviles, la situación es justamente la contraria. Diferentes estudios han coincidido en que el uso de los móviles en España es generalizado en menores entre nueve y once años. La compañía Xplora publicó un estudio hace un par de años en el que se decía que el 27,7 por ciento de los menores de 7 años le piden un móvil a sus padres como regalo. Ese es el mayor porcentaje, porque lo excepcional, solo un 4,2 por ciento de los niños, es que lo pida a partir de los 13 años.

Lo normal es que muchos años antes de esa edad, ya lo tengan. Unicef también realizó un estudio y determinó que, en España, el primer smartphone se obtiene a los 11 años. El debate que se suscita es doble. Por un lado, los aspectos legales que nos llevan a plantearnos si es posible prohibir el uso de un móvil en menores de edad y, por otro lado, si, en el caso de que no sea posible, debe al menos regularse y limitarse su utilización.

La prohibición como tal no parece posible, a tenor de lo que ya han expresado algunos expertos en derechos de la infancia, en el sentido de que los menores tienen derecho al acceso a las tecnologías por sus ventajas y virtudes y la limitación a medios digitales los vulneraría. Eso, además de considerar la libertad y los derechos de los progenitores. Pero no todo el mundo piensa lo mismo. El afamado juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, lleva muchos años clamando contra el uso de los móviles por los menores.

De los muchos casos que le llegan al juzgado provocados, relacionados o vinculados con el uso de móviles por menores de edad, el juez Calatayud tiene claro que los móviles deben ser considerados como una droga, que deberían existir modelos adaptados para los menores de edad y que, en todo caso, no debería estar permitido su uso hasta los catorce años, ya que hasta esa edad una persona es inimputable y está exenta de responsabilidad penal. En todo caso, volviendo al principio, contemplemos ahora la polémica de los videojuegos desde la perspectiva de esta otra realidad, el uso de los teléfonos móviles en los menores de edad… Desde esa altura, todavía se ve más pequeño e irrelevante al ministro Garzón.