El caos de la memoria democrática es autonómico

El despropósito que estamos viviendo de la Ley de Memoria Democrática, eso de prolongar el franquismo hasta los años ochenta, comenzó en las autonomías. Como muchas otras barbaridades que se cometen en España, sobre todo cuando se refieren a lo relacionado con la historia común o con la multiplicación exponencial de legislación o de servicios. El desvarío político, además, como en tantas otras cuestiones, es transversal, afecta a varios partidos, aunque es indudable que ha sido la izquierda la que ha comenzado a promover esas reformas; la corriente de lo políticamente correcto y el miedo a caer en una campaña de desprestigio en caso de mostrar oposición se encargan de sumar al resto, al menos con la abstención en esas votaciones.

La cuestión es que, a tenor de esas normas, en España el periodo franquista acaba entre 1975 y 1982, dependiendo de los territorios. Puede haber comunidades vecinas en las que el periodo democrático comienza con unos meses de antelación o con unos años de retraso, según los casos. ¿Pero no estamos hablando de fechas precisas como la muerte del dictador Francisco Franco, la constitución de las primeras Cortes democráticas o la aprobación de la Constitución en referéndum? Cualquiera de ellas podría servir para cerrar históricamente el franquismo y fechar ahí el inicio de la democracia, pero no ocurre así. Las autonomías comenzaron a modificar esas fechas con el absurdo objetivo de otorgarse un protagonismo específico en la llegada de la democracia, y de ahí se llega a la sinrazón de la pretendida reforma del Gobierno de Pedro Sánchez.

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El propio cambio de nombre de ‘memoria histórica’ a ‘memoria democrática’ ya nos da una idea cierta de cómo se pretende seguir estirando el argumento de la dictadura, aunque se trate de legislar sobre lo legislado, con reiteraciones innecesarias, artículos sin validez jurídica efectiva y una profusión de prólogos y exposiciones de motivos de literatura sofocante y relamida. En realidad, en España la única ley relevante sobre las atrocidades del franquismo fue la Ley de Amnistía, aprobada en el Congreso de los Diputados en octubre de 1977, a propuesta del PSOE y del Partido Comunista, con solo dos votos en contra. A partir de esa ley, que ya perseguía reparar a las víctimas de la dictadura, se podrían haber ampliado los derechos, sanciones e investigaciones con meras reformas que fueran paliando los defectos y vacíos (como la excavación de fosas comunes) que se fueron encontrando con el paso de los años. Pero no.

El presidente Rodríguez Zapatero fue el primero que pensó que en el caladero del franquismo había un filón electoral y fue el que promovió la memoria histórica que, 15 años después, sigue dando vueltas a la misma noria, desde hace unos años con el nombre de memoria democrática. En puridad, una memoria democrática es la que debería estudiar lo ocurrido en la democracia, es decir, a partir de la muerte de Franco, y que se ciñera a lo ocurrido desde entonces, desde los crímenes del terrorismo etarra hasta los atentados islamistas del 11 de marzo. Por supuesto, también los crímenes del terrorismo tardofranquista de ese periodo, como la matanza de Atocha, el asesinato del joven Manuel José García Caparrós, en Málaga, o el de la líder estudiantil Yolanda García Martín, en Madrid. Y otros episodios que han hecho temblar la democracia, como el intento de golpe de Estado de Tejero y el de los independentistas catalanes.

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¿No es esa, acaso, la memoria de la democracia que no deberíamos olvidar? Pues no, como se decía antes, la memoria democrática simplemente sigue la estela de la otra memoria histórica con la ‘novedad’ de la redefinición arbitraria de los periodos históricos. En Andalucía, que es una de las primeras en las que comenzó este debate en los últimos años de hegemonía socialista, ya se estableció hace ocho años que la memoria histórica, eufemismo de la dictadura, abarcaba hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía, en 1982. “Esta ley pone Andalucía a la vanguardia de la memoria democrática”, dijeron entonces y hubo quien les dio la razón porque entendieron que, efectivamente, la situaba en el surrealismo. El Partido Popular de Juanma Moreno y también Ciudadanos se abstuvieron en aquella votación y, en la pasada legislatura, cuando gobernaron juntos, no derogaron la ley, aunque contiene literalmente eso que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que va a derogar cuando alcance la Moncloa: “Abarca desde la proclamación de la Segunda República española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 11 de enero de 1982”.

En la comunidad vecina, en Extremadura, el periodo histórico es distinto, se ve que allí llegó antes la democracia: “Desde la II República española a la promulgación de la Constitución española de 1978”. En Navarra, la República no se tiene en cuenta, pero se ajusta al mismo final: “El periodo cronológico que abarca la memoria histórica será el comprendido entre el golpe militar de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978”. En el País Vasco, el final se prolonga un año, pero también abarca “la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Euskadi”, en 1979. No se menciona la aprobación de la Constitución, gracias a la cual existe un estatuto de autonomía. En Cantabria, la redacción es idéntica a la anterior, pero varía el final: “Hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cantabria, el 1 de febrero de 1982”. En Valencia, también se remontan más atrás: “Desde la proclamación de la Segunda República española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el 10 de julio de 1982”. ¿Cuántas fechas van ya? Pues el delirio máximo está en la legislación catalana, en la que lo de menos es el periodo de memoria democrática, que va desde 1931 a 1980; lo delirante en uno de esos prólogos es la aceptación de grotescas falsedades y deformaciones históricas como que “Cataluña tiene una larga trayectoria de lucha por sus libertades y de defensa de sus instituciones, que le fueron arrebatadas en el año 1714”. En fin…

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Como se decía antes, lo que faltaba ya es que hasta el Gobierno de España se sumara, y ahí está el presidente Pedro Sánchez dispuesto a añadirle decibelios al despropósito. El proyecto de Ley de Memoria Democrática establece el periodo entre “el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”, pero la enmienda de Bildu, aceptada por los socialistas, se compromete a elaborar “un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983”.

Si el interés de Bildu fuera el de comenzar a reconocer los asesinatos de ETA a centenares de personas que han luchado por la libertad en España, que es el verdadero sentido de una memoria democrática, estaríamos ante un avance extraordinario. Pero ya acabamos de ver en Ermua, en el aniversario del salvaje asesinato de Miguel Ángel Blanco, que no es así. El entorno de los terroristas sigue actuando como entonces, sin dar pasos hacia lo que tanto se ansía, la definitiva normalización del País Vasco. Bildu sigue con mentalidad etarra, aunque ya no haya asesinatos. Y, otra vez, ha olvidado Pedro Sánchez que con la dignidad de un país no se negocia.