Los justos y los pecadores de los ERE

La afirmación del presidente del Gobierno de que en la sentencia de los ERE han pagado justos por pecadores nos coloca ante un debate interesante. ¿Quiénes son los justos y quiénes son los pecadores? Podemos entender que los justos son Chaves y Griñán, claro, pero ¿qué pasa con el resto de los condenados? Conviene hacer un repaso ligero de la sentencia. Además de Griñán, también han sido condenados a prisión dos exconsejeros, Antonio Fernández y José Antonio Viera, y un viceconsejero, Agustín Barberá. Los tres tienen, incluso, más pena de cárcel, uno o dos años más que Griñán, según los casos. Y al igual que Chaves, también han sido condenados a inhabilitación Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, que eran consejeros destacados de aquellos gobiernos, y un viceconsejero, José Salgueiro.

Los delitos por los que han sido condenados son, evidentemente, los mismos que se les atribuyen a Chaves y Griñán que eran, además, sus jefes en aquellos gobiernos, pero, si nos fijamos, nadie los ha mencionado para decir que también ha sido injustamente condenados. ¿Quiere decir que ellos sí merecen la condena por los ERE? Tendrían que aclararlo porque lo que parece seguro es que el presidente Pedro Sánchez está decidido a indultarlos en cuanto se conozca íntegramente la sentencia, en el mes de septiembre. Los abogados defensores de algunos de los condenados ya han adelantado que agotarán todos los recursos posibles, pero incluso ellos son conscientes de que tienen muy pocas, o nulas posibilidades de que prosperen, y que, además, no pueden arriesgarse a alargar mucho el proceso porque a final del año que viene, como máximo, habrá elecciones generales y todas las encuestas dicen ahora que el PSOE puede perder el Gobierno. Pero volvamos a las consideraciones morales que se han realizado sobre los implicados en el "gran fraude de los ERE", como lo definió el propio José Antonio Griñán.

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Fijémonos, por ejemplo, en el caso de los dos consejeros, que fueron los que elaboraron y firmaron el convenio por el cual se creó ese mecanismo opaco de reparto de subvenciones que funcionó durante más de diez años, en la primera década del milenio: José Antonio Viera y Antonio Fernández. En el año 2001, el primero era consejero de Empleo y el segundo, director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y, luego, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Entre los dos, jefe y subordinado, idearon y firmaron el convenio por el cual se transferían cientos de millones a esos organismos públicos para que las ayudas sociales no pasaran ningún control de "publicidad, concurrencia y objetividad" que se requiere para la concesión de subvenciones. Como ya se explicó aquí, antes y después de ese convenio de 2001, la Junta de Andalucía concedió todas esas ayudas de forma legal y lo que han defendido siempre Chaves y Griñán es que ellos, como cumplían con otras ocupaciones superiores y distintas, no tenían conocimiento de cómo se adjudicaban esas ayudas.

Además, lo que sí es verdad es que su firma, como tal, no figura en ningún convenio ni en ningún expediente para la concesión de una de esas subvenciones, como probablemente expondrán los votos particulares de dos magistrados contra la sentencia. ¿Quiere decir eso que Viera y Antonio Fernández sí son los "pecadores"? El tribunal, los tribunales, mejor dicho, porque este caso lo han sentenciado jueces de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, entienden que Viera y Fernández actuaron en connivencia de sus superiores, sobre todo de Manuel Chaves. Que todos eran "plenamente conscientes" de lo que estaba pasando, según dice la sentencia ahora ratificada. Con esa teoría de los justos y pecadores, Viera y Fernández se convertirían en dos tipos que abusaron de la confianza que había depositado en ellos y actuaron a la sombra para pervertir el sistema de subvenciones públicas. Como no parece lógico que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe justificando que se vulnerase de ley, alguien tiene que cargar con la culpa. Para que veamos a Chaves y Griñán como justos, tiene que haber pecadores. Pero ¿quién está dispuesto a comerse el marrón?

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Una cuestión más: lo de no haberse beneficiado personalmente, eso de "no se han llevado ni un céntimo". Por esa regla de tres, tampoco el resto de condenados de esta pieza política han sido condenados por apropiación, con lo que deben ser considerados también justos. ¿Quiere decirse, entonces, que los pecadores son los trabajadores que se prejubilaron y que se llevaron la mayor parte de los casi 700 millones de euros de los Expedientes de Regulación de Empleo? ¿Y qué culpa pueden tener ellos, si eran completamente ajenos al sistema que aplicase la Junta de Andalucía para conceder sus ayudas? Ninguno de esos trabajadores está en el proceso, con lo que difícilmente se les puede considerar pecadores. Sí, han sido acusados y están imputados aquellos que se incluyeron en las prejubilaciones, aunque jamás hubieran puesto un pie en la empresa, los considerados "intrusos".

En total, son 196 personas, una mínima parte en relación con los 6.096 trabajadores que recibieron las ayudas. ¿Son esos? En el caso de que los señalen como los 'pecadores', también podrían excusarse diciendo que no fueron ellos los que se autoconcedieron las ayudas ni los que se metieron clandestinamente en los listados de prejubilaciones, que fueron otros los que lo hicieron, en algunos casos sin que lo sospecharan. Eran conocidos del Partido Socialista a los que se les otorgaba una ayuda para que vivieran sin apreturas y ellos la recibían sin hacer más preguntas, pensando que todo era legal. Les pudo pasar como al citado Antonio Fernández que, además de todo lo anterior, también se vio implicado por figurar él mismo cono beneficiario de una de esas prejubilaciones, por unos años en los que estuvo trabajando en una bodega de Jerez de la Frontera.

Fue, además, un caso muy llamativo porque en el expediente por el que se le concedía el ERE a esa empresa, el consejero figuraba con una fecha de antigüedad que coincidía con la de su nacimiento. Por eso lo llamaron "el consejero nacido para los ERE", aunque no llegó a cobrar la ayuda. Desde hace años, Antonio Fernández está apartado de los medios de comunicación, al igual que su compañero Viera, el otro firmante. A ver qué dicen ahora si, al final, los acaban señalando a ellos como responsables porque, como queda dicho, para que la teoría de los justos se soporte, tiene que haber pecadores.