El Gobierno quiere topar las autonomías

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere 'topar' las autonomías. No todas, claro, pero sí algunas, y la iniciativa de la Junta de Andalucía para reducir la presión fiscal en esa comunidad le ha ofrecido la oportunidad de conjugar este verbo, por primera vez, en la política española. Hasta ahora, todas las veces que el Gobierno ha empleado el verbo ha sido para cuestiones relativas a la economía, que es el único ámbito que la FundéuRAE admite para usar esta palabra con un significado distinto al que recogen las 11 acepciones que se contienen en el diccionario.

'Topar', en el sentido económico nuevo que se ha impuesto en esta crisis, es “poner un tope”, ya sea al precio del gas o a los beneficios de las empresas, y eso es lo que quiere hacer el Gobierno del tripartito con las competencias de las autonomías en materia fiscal. (Lo de ‘Gobierno tripartito’ no es un lapsus: es como debemos comenzar a denominar a la coalición que nos gobierna, compuesta por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, tras la ruptura 'de facto' de estos últimos). Con lo cual, la legislatura de Pedro Sánchez nos ofrecerá un nuevo escorzo violento de contradicciones, ya que va a ser un Gobierno socialista, apoyado en nacionalistas e independentistas, quien pretenda recortar la capacidad actual de las autonomías para gestionar una parte de los impuestos que se pagan. No se 'topan' todas, claro, las de los privilegios feudales y los fueros no entran en los recortes de competencias.

Opinión

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Políticas de centralización, en definitiva, aunque en la nomenclatura empleada por la Moncloa sea 'armonización', que es el término utilizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Dice la ministra: “Armonización no es recentralización. Recentralización es cuestionar que una determinada figura fiscal no esté con capacidad normativa en las comunidades autónomas (…) Y lo que se ha hablado es que el margen que tengan esas comunidades esté en las horquillas que el grupo de expertos, con los que tenemos que consensuar el modelo, consideremos lógica. Se trata de no hacer posible que se produzca una competencia fiscal a la baja”.

¿Y qué otra cosa es 'topar'? Pues eso, justamente, establecer unos márgenes, unas horquillas, para que la comunidades autónomas no puedan suprimir algunos impuestos, como ha sucedido con el impuesto de sucesiones y donaciones o el impuesto del patrimonio en la Comunidad de Madrid y, ahora, en la Comunidad de Andalucía. La única novedad no es el concepto, sino el hecho de que el Gobierno se lo aplique, por primera vez, a las autonomías españolas en su capacidad competencial. El escorzo violento de contradicciones del que se habla se completa, además, con la aceptación de algunos de los socios habituales del Gobierno, para quienes el concepto de diversidad y pluralismo es flexible y adaptable a sus intereses. De la misma forma que justifican y aceptan un referéndum de independencia en Cataluña, consideran inaceptable que una comunidad regule los impuestos que se recaudan en su territorio para su propia financiación. Lo primero les parece normal y legal, lo segundo, escandaloso e ilegal, como ha dicho Jaume Asens, uno de los portavoces de la mayoría parlamentaria: “Respetamos las competencias autonómicas en materia fiscal, pero al mismo tiempo es necesario establecer una suerte de mínimo ante el secesionismo fiscal de la señora Ayuso”.

Todo esto, en fin, la enorme polvareda levantada por la propuesta de reforma fiscal lanzada por la Junta de Andalucía, a lo que nos lleva es a un rápido ejercicio de recapitulación. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo más sorprendente: la recaudación en Andalucía del impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas supone apenas el 0,66% del total de lo que se recauda en esta comunidad por el resto de impuestos, directos e indirectos, y de tasas. Estamos hablando de 110 millones de euros en una bolsa total de 16.700 millones. O, si se quiere, 110 millones de euros en un montante global de 45.000 millones de euros, que es la cantidad a la que ascienden los presupuestos generales de la Junta de Andalucía.

A partir de esas cifras, como podrá concluirse, resulta sumamente ridículo afirmar, como se hace a diario, que la supresión de ese impuesto pone en riesgo la estabilidad, e incluso la supervivencia, de los servicios públicos en Andalucía. O que esta comunidad quiere convertirse en un ‘paraíso fiscal’, al igual que la Comunidad de Madrid, comparándolas directamente con los paraísos fiscales internacionales, como ha hecho la nombrada ministra Montero, en prevención de “fuga de capitales”. Esa doble exageración grotesca denota claramente la falsedad del mensaje que se transmite. No les preocupa el impuesto de patrimonio, sino el argumento demagógico que les propicia para la pugna política.

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Lo más razonable, como se indicaba hace unos días, es pensar que el único objetivo del presidente andaluz es intentar cambiar la inercia socioeconómica de esta comunidad en las últimas cuatro décadas. Andalucía, gracias al periodo democrático y al sistema autonómico, pero, sobre todo, gracias a las ayudas europeas, ha conseguido salir de la postración y el subdesarrollo en que la dejó la dictadura franquista. Andalucía ha mejorado exponencialmente en todo lo evaluable, desde las infraestructuras de comunicaciones hasta la erradicación del analfabetismo, que en esta región era abrumador en 1976: un 12% de la población no sabía ni leer ni escribir y un 37% tenía conocimientos básicos, pero no sabía rellenar una solicitud o entender un contrato.

Todo eso se ha superado, pero lo que no se ha conseguido en 40 años es sacar esta comunidad de los últimos puestos en todas las estadísticas económicas, como el índice de desempleo, jamás por debajo de los dos dígitos. Con esta ofensiva de rebaja de impuestos, el presidente andaluz quiere cambiar la dinámica de los últimos años, tras varias décadas de una misma fórmula política, y convertir Andalucía en una tierra atractiva para nuevas inversiones, propias y foráneas. Ya veremos si está en lo cierto o se equivoca, porque las causas del estancamiento andaluz y las reformas necesarias quizá sean otras. Pero ese intervencionismo estatal, ese interés de 'topar' autonomías, sí que no necesita ningún tiempo para saber qué persigue.