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Justicia española, la semana del bochorno
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Javier Caraballo

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Justicia española, la semana del bochorno

El comisario europeo de Justicia visita España esta semana y no hay posibilidad alguna de que no acabe contemplando la escena con los ojos como platos, entre estupefacto e incrédulo

Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Pool/J.J. Guillén)
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Pool/J.J. Guillén)
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Que el comisario europeo acabe diciéndolo, mientras se lleva las manos a la cabeza y hunde sus dedos en el pelo blanco, será cuestión de tiempo. Antes o después, lo acabará soltando: “Qué tropa, joder, qué tropa”, como el conde Romanones en la Academia de la Lengua, cuando comprobó que no lo votaba ninguno de los que le habían jurado y prometido su apoyo, aunque también la anécdota tenga su correspondiente desmentido. 'Se non è vero, è ben trovato'… La cuestión es que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, visita España esta semana y no hay posibilidad alguna de que no acabe contemplando la escena con los ojos como platos, entre estupefacto e incrédulo, sin llegar a comprender jamás el bochorno del escándalo judicial en España. ¿Por dónde quiere usted que empecemos, señor comisario?, como podríamos preguntarle antes de ofrecerle una escueta guía de conflictos.

Vamos allá: lo más remoto es el Consejo General del Poder Judicial, pero también es lo más reciente. Es el conflicto más lejano, porque debió renovarse hace cuatro años, sí, cuatro años, desde agosto de 2018, pero ya entonces los dos grandes partidos que han gobernado España en este casi medio siglo de democracia, el PSOE y el PP, estaban a matarse porque Pedro Sánchez, que entonces era un puro advenedizo, le logró birlar la presidencia a Mariano Rajoy. Sánchez utilizó hábilmente unos párrafos de una sentencia judicial sobre la corrupción del PP y, con menos diputados que ningún otro presidente en la historia, empezó a gobernar y ahí sigue, después de haber pactado con un líder populista, Pablo Iglesias, que, según le había confesado a Sánchez, le interesaba más controlar a jueces y fiscales que mejorar la sanidad o la educación.

Foto: Carlos Lesmes, ante el rey Felipe VI. (EFE/J.J Guillén)

Eso lo dijo Sánchez en un mitin en Sevilla en 2016, dos años antes de llegar al Gobierno, cuando pensaba que no podría dormir si tuviera que gobernar con ellos. La cuestión es que el tal Pablo Iglesias entró y salió del Gobierno, luego de formarla con la compra de un gran chalé, y quien heredó plenamente sus obsesiones de control de la Justicia fue aquel que lo denunciaba, Pedro Sánchez, aunque estos quiebros, sí y no, nunca y siempre, día y noche, son muy de la personalidad política del presidente, que es otra cuestión distinta, y no afecta solo a la Justicia. También dijo que había “que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente” y ahora se opone radicalmente, pero este cambio de opinión es el que menos hay que tenerle en cuenta porque el Partido Popular no se ha contradicho menos veces en esta cuestión. Por eso es el conflicto más remoto, pero a la vez es el más reciente.

Hace poco más de dos semanas que el presidente de ese Consejo del Poder Judicial dijo, solemnemente, ante el Rey de España, que es el jefe del Estado, que iba a dimitir si todo esto no se arreglaba, pero ahí sigue el hombre, Carlos Lesmes, contando los días que van pasando hasta que el peso de la dignidad y el decoro lo hagan insostenible. Hasta el Tribunal Supremo ha tenido que recordarlo de nuevo, como si quisiera remarcar que aquello iba en serio y que el presidente del Poder Judicial puede largarse.

Foto: Reunión de los vocales del CGPJ. (Cedida)

Quizás es que en este país eso de los ultimátums y las amenazas tiene una gravedad relativa. De hecho, también el Gobierno le lanzó un ultimátum al Consejo General del Poder Judicial y le puso una fecha tope para nombrar a los dos candidatos que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional, que también está bloqueado, pero la fecha ha pasado sin más. Le impusieron el martes 13 de septiembre como último día del plazo y a Pedro Sánchez le ha pasado como a Lesmes, que no echan ni cuenta. Al menos hasta final de mes, o principios de octubre, los vocales del CGPJ no comenzarán a tomar decisiones porque los miembros de la mayoría conservadora mantienen que, diga lo que diga el Gobierno, estas cosas hay que hacerlas despacio y con tiento, “eficiencia y no urgencia”, como reclaman.

La estrategia, claro, les viene bien a los nuevos dirigentes del Partido Popular, encabezados por Núñez Feijóo, porque piensan que Europa está de su parte y, al final, acabarán ganando el pulso al presidente socialista, sin reparar en los cuantiosos daños colaterales que generan en el prestigio de la Justicia. En España, y esto también lo debe saber el señor comisario de Justicia europeo, lo fundamental son las estrategias políticas, y cuando algo se interpone en el camino, acaba siendo víctima del fuego amigo. No hay problemas ni consideración al respecto.

Foto: El presidente del TS, Carlos Lesmes (i), ante el rey Felipe VI. (EFE/J.J. Guillén)

Sucede, además, que los vocales de la otra ala, del sector progresista, los secundan con excesos paralelos, mayores o similares. A ver quién supera lo que ha hecho esta mujer, Pilar Sepúlveda, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que ha solicitado el indulto de un expresidente socialista, José Antonio Griñán. Tan tranquila, que para eso es vocal del ala progresista del Poder Judicial antes que representante de los jueces y magistrados de España. Esto también debe anotarlo el comisario: un expresidente socialista es condenado por corrupción, el presidente del Gobierno, también socialista, considera que no se ha hecho justicia (“pagan justos por pecadores”), la ministra de Justicia cuestiona la sentencia y la solvencia de los magistrados que la dictaron (“la sentencia está siendo contestada por la doctrina penal”) y una vocal del Poder Judicial, simpatizante de la causa progresista, se adelanta a todos y firma a favor del indulto. ¿Podría mejorarlo alguien en Europa? Claro que no, eso solo se puede mejorar en España, que es donde está el bochorno completo.

Aquí va la última para demostrarlo: se nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado el mismo día que entregó su cartera del Ministerio de Justicia, el 14 de enero de 2020. En dos años y medio ha acumulado escándalos y oposición interna hasta que, en julio pasado, renunció al puesto y dejaron en el sillón a su segundo, Álvaro García Ortiz, que ahora, a su vez, la ha correspondido ascendiéndola a la cúpula del Ministerio Fiscal, pasando por delante de una veintena de aspirantes con más méritos y antigüedad que ella. ¿Es para decirlo o no? ¡Qué tropa! La imagen del comisario europeo, cabizbajo, desconcertado, mesándose el cabello blanco, ya está en el imaginario de este bochorno judicial.

Que el comisario europeo acabe diciéndolo, mientras se lleva las manos a la cabeza y hunde sus dedos en el pelo blanco, será cuestión de tiempo. Antes o después, lo acabará soltando: “Qué tropa, joder, qué tropa”, como el conde Romanones en la Academia de la Lengua, cuando comprobó que no lo votaba ninguno de los que le habían jurado y prometido su apoyo, aunque también la anécdota tenga su correspondiente desmentido. 'Se non è vero, è ben trovato'… La cuestión es que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, visita España esta semana y no hay posibilidad alguna de que no acabe contemplando la escena con los ojos como platos, entre estupefacto e incrédulo, sin llegar a comprender jamás el bochorno del escándalo judicial en España. ¿Por dónde quiere usted que empecemos, señor comisario?, como podríamos preguntarle antes de ofrecerle una escueta guía de conflictos.

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