El PSOE debe elegir: indulto a los ERE o sedición

El calendario legislativo se le está complicando al Gobierno de Pedro Sánchez en el último año de la legislatura. Por el necesario cálculo de efectos colaterales negativos que conllevan algunas de las medidas anunciadas y que, objetivamente, perjudican la aspiración lógica de los socialistas de volver a ganar las próximas elecciones, como ha ocurrido en las dos últimas convocatorias. Si ese es el objetivo, aunque se trate, como ahora, de una mayoría raquítica en el Congreso de los Diputados, el PSOE tiene que intentar retener el apoyo electoral que le dio el triunfo y reducir al mínimo aquellas iniciativas del Gobierno que puedan ahuyentar, desconcertar o enfadar a sus votantes. Y eso es lo que ocurre, precisamente, con algunas de las iniciativas que están planteadas en la actualidad, especialmente dos de ellas que afectan a la Justicia, la reforma del delito de sedición y el indulto de los condenados por el fraude de los ERE en Andalucía, como el expresidente andaluz, José Antonio Griñán.

La aprobación de cada una de esas medidas supone un daño electoral evidente para las expectativas electorales del PSOE, como veremos ahora. Todo ello con independencia del deterioro de la imagen de la Justicia, que también conlleva, aunque quizá esto sea lo que menos preocupe al presidente socialista. Además, no se trata solo de las ambiciones electorales de Pedro Sánchez, sino que otros muchos cientos de candidatos socialistas, en ayuntamientos y comunidades autónomas, están pendientes de esas medidas por el daño que puede ocasionarles el debilitamiento de la marca electoral del PSOE, que son las siglas bajo las que se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Para todos ellos, la única opción favorable es que el último tramo de la legislatura se centre en la recuperación económica y en las ayudas europeas aprobadas tras la pandemia y, sobre todo, que Pedro Sánchez pueda recomponer su prestigio social, muy deteriorado. Nada de disparos en el pie ni más zancadillas a ellos mismos.

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Reforma de la sedición o indulto de Griñán. ¿Qué es lo que perjudica más a las expectativas electorales de los socialistas? Responder a esa pregunta es muy complicado porque estamos hablando de las dos cuestiones que más han afectado en las dos últimas décadas a la intención de voto en España: los escándalos de corrupción y la crisis independentista de Cataluña. En el caso de los socialistas, esta última cuestión viene afectándoles desde el origen mismo del procés soberanista, en 2012, cuando ni siquiera gobernaban en España. Sin embargo, como se ha demostrado en algunos análisis sobre evolución del voto en España, es justo en ese año cuando comienza a detectarse un trasvase desde el PSOE hacia el PP. Sencillamente, la declaración de independencia se concibe como una agresión y se genera una reacción de respuesta a la ofensa contra España, contra los españoles, que lleva a muchos votantes a buscar opciones políticas que no titubeen frente a lo que está ocurriendo.

La concesión de los indultos a los líderes de la revuelta independentista, unido a la reforma del Código Penal, puede resultar muy lesivo para las expectativas electorales del Partido Socialista, como bien saben y denuncian, más en privado que en público, muchos dirigentes y cargos públicos socialistas repartidos por toda España, ajenos a los intereses de la Moncloa. Si la reforma del delito de sedición se produce "en paralelo" a la negociación de los presupuestos generales del Estado, como anunció el propio Pedro Sánchez, eso quiere decir que en mayo del próximo año los candidatos del PSOE tendrán que cargar con ese lastre en las elecciones municipales y autonómicas. Y en las elecciones generales de finales del próximo año, si Oriol Junqueras vuelve a presentarse al Congreso, el impacto negativo puede ser aún mayor.

Esa negociación "en paralelo" de la reforma del delito de sedición y la aprobación de los presupuestos generales del Estado, coincide, además, con la deliberación sobre el indulto que han solicitado la mayoría de los condenados por la pieza política de los ERE, aquellos altos cargos del Gobierno socialista de Andalucía que "actuaron con conocimiento de las irregularidades y persiguiendo un fin determinado cuya ilicitud conocían", según la sentencia firme del Tribunal Supremo. Por el volumen de las penas impuestas, más de cinco años de prisión, la ejecución de las sentencias debería ser inmediata; que es, precisamente, lo que ha querido evitar la familia de uno de ellos, el expresidente José Antonio Griñán. Lo que hizo, al conocer la sentencia, fue adelantarse a todos los demás condenados y lanzó una campaña de apoyo a su indulto que acabó respaldada por más de cuatro mil firmas de personalidades de todos los ámbitos. Por cuestiones de edad, fundamentalmente, lo que se pretende es que Griñán ni siquiera tenga que entrar en prisión, sino que el indulto se conceda de forma inmediata.

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Pero ¿se puede conceder, por los mismos delitos, el indulto a uno de los condenados y no al resto? Eso fue lo que, como se apuntó aquí, acabó molestando al resto de procesados del fraude de los ERE. De hecho, casi ninguno se ha quedado atrás y ha presentado también su correspondiente petición de indulto. Se podría pensar en un solo indulto, a una persona, por razones humanitarias, algo excepcional, pero un indulto generalizado a todos los condenados acabaría convirtiéndose en un autoindulto del PSOE. La primera vez que un Gobierno indulta a condenados por corrupción de su propio partido político. En la opinión pública, además, este asunto no genera duda alguna. Hace unos días, el Centro de Estudios Electorales de Andalucía incluyó esa pregunta en su barómetro y la respuesta fue contundente: cuando se pregunta por el indulto de Griñán, el 71 por ciento de los andaluces está en contra, y cuando se pregunta por el de los demás condenados, la cifra se eleva al 76 por ciento.

Volvamos al planteamiento inicial: ¿Reforma de la sedición o indulto de Griñán? La decisión tendrá que tomarse en breve porque ninguno de los dos asuntos puede esperar tal y como se han planteado. La reforma del delito de sedición porque, según dio a entender el propio presidente Sánchez, está vinculado al voto a favor de Esquerra Republicana a los presupuestos de su último año de legislatura. Y la fiscalía anticorrupción ya se ha mostrado contraria a aplazar el ingreso en prisión de Griñán y los otros condenados de los ERE. Una u otra. Porque lo que no parece lógico es pensar que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda sacar adelante ambas sin reparar en las consecuencias electorales que acarrean. Lo más lógico es pensar que, como ha ocurrido con la conocida como Ley Trans, que también ha generado una gran controversia interna en el PSOE, el presidente Sánchez acabará metiendo en la nevera alguna de las dos, el indulto o la reforma, para que el último año de la legislatura pueda corresponderse con una imagen más positiva de este Gobierno y de su presidente.