Del ridículo de la Justicia española

La Justicia española no ha hecho el ridículo en Europa; a la Justicia española la han dejado en ridículo en Europa, que es algo muy distinto. El ridículo lo hace uno; en ridículo nos dejan otros. Son conceptos semánticos muy distintos porque lo segundo no guarda relación con la cualificación profesional de los jueces y fiscales españoles, sino con la maniobra miserable de un grupo político independentista cuyo único afán es el de dañar el prestigio internacional de España de todas las formas posibles. El empeño de todos esos, por tanto, no es nuevo porque los ataques a la Justicia tienen tantos años como la propia democracia española, sobre todo, en las dos últimas décadas.

La gravedad de lo que está ocurriendo estos días, cuando de nuevo se oyen discursos, se escriben tribunas y se vomitan soflamas contra la Justicia española, es que ha sido un partido de Estado, constitucional y de gobierno, el PSOE, quien se ha prestado a esta última maniobra para dejar en ridículo a la Justicia española en Europa, como si aquí las leyes las aplicaran tribunales medievales. Ninguna de las afirmaciones que se realizan al respecto, como veremos, se puede sostener, sin embargo. Pero se repiten, una y otra vez, y se incluyen en todos los argumentarios como si fuesen certezas conocidas, ya sabidas, con la antigua táctica goebbeliana de convertir en verdad una mentira cien veces repetida.

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Comencemos por lo que nadie puede discutir: el fracaso de las órdenes de extradición de Puigdemont y del resto de la banda de sediciosos que se fugaron de España. Pero por qué ha sucedido así, por qué tantos reveses judiciales si, en teoría, la euroorden garantiza la entrega de los delincuentes que huyen de la Justicia y se ocultan, o se refugian, en algunos de los demás países de la Unión Europea. Esa es la primera batalla política que debió dar el Gobierno en Europa, porque cuando los países miembros de la Unión Europea se comprometieron con la euroorden implicaba el reconocimiento mutuo de sus sistemas judiciales y penales. Con base en esa confianza mutua, se elimina el principio de doble incriminación que se exige para las extradiciones de delincuentes con otros países del mundo, es decir, que no es necesario acreditar que el delito por el que se pide la extradición de un delincuente esté contemplado también en el país en el que se ha refugiado.

El problema es que la euroorden no contempla ese reconocimiento mutuo para todos los delitos, como los que se refieren a los atentados contra el orden constitucional. La revuelta independentista catalana es la que puso de manifiesto ese agujero y, por esa razón, en enero de 2021, el Parlamento Europeo solicitó formalmente que sea ampliada la lista de 32 delitos para proceder a una extradición automática. Cuando la reforma sea aprobada por todos los estados, "los delitos contra el orden público como la sedición y los delitos contra el orden constitucional, como la rebelión, darán lugar a la entrega automática del procesado", como explicó el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, autor del informe aprobado por el Parlamento Europeo.

Por tanto, primera evidencia: existía un agujero en la euroorden que algunos tribunales han aprovechado para oponerse a la extradición de los independentistas fugados; resoluciones claramente contrarias al espíritu de cooperación que ya está siendo corregido en el seno de la Unión Europea. El disparate español, en medio de este conflicto, comienza cuando llegan al Gobierno dirigentes de Podemos que se refieren a Puigdemont y los demás como "exiliados" y a los condenados como "presos políticos". En vez de reafirmar y defender en Europa el rigor y la homologación del Código Penal español con respecto a todos los demás, se empieza a cuestionar nuestro ordenamiento jurídico.

Algunos tribunales europeos han aprovechado el caos español para negarse a la extradición con motivos extravagantes

El culmen de ese despropósito ha llegado en estos últimos meses, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, para sellar su alianza parlamentaria con Esquerra Republicana, comienza a defender la necesidad de reformar el Código Penal español para "homologarlo" con los europeos, que es una afirmación insostenible, directamente falsa. Los atentados contra el orden constitucional y contra la integridad territorial de los países están presentes en todas las Constituciones y en todos los sistemas penales europeos. España no era un país distinto, ni extravagante, ni excesivo en sus penas porque, de hecho, en otros países esos delitos se castigan con condenas más elevadas. Ahora, con la derogación del delito de sedición, sin sustituirlo por otro equiparable para esos casos, sí que se pueden encontrar peligrosas diferencias con respecto a otros países europeos en la defensa de sus cimientos democráticos.

Lo menos sorprendente de todo es que algunos tribunales europeos hayan aprovechado el caos español para negarse a la extradición con motivos, esos sí, extravagantes. Como el último de un tribunal belga, un juzgado neerlandófono de Primera Instancia de Bruselas, que negó la extradición al entender, nada menos, que el órgano competente para instruir en España la causa independentista no era el Tribunal Supremo sino un tribunal catalán. Esa fue la resolución que, en marzo de 2021, llevó al juez Pablo Llarena a plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que sean ellos los que aclaren este dislate. De nuevo: no se negó la extradición porque el delito de sedición español fuera excesivo, ni porque no estuviera homologado, como dicen tantos. Falso.

"La decisión marco no permite a una autoridad judicial de ejecución controlar si una autoridad judicial emisora es competente"

Tan efectiva y oportuna ha sido la decisión de Llarena de plantear esa petición que, de hecho, el verano pasado, el abogado general de la Unión Europea ya se pronunció al respecto y dejó claro que España tenía razón, y no ese juzgado belga: "La decisión marco no permite a una autoridad judicial de ejecución controlar si una autoridad judicial emisora es competente, en virtud del derecho del Estado miembro emisor, para dictar una Orden Europea de Detención", dijo el abogado general. Es muy posible, de hecho, que ese sea el mismo criterio que eleve a definitivo el Tribunal de Justicia Europeo, cuya resolución estaba fijada para el día 31 de enero próximo.

Tampoco este detalle podemos pasarlo por alto: ¿tendrán también algo que ver las prisas del Gobierno en aprobar la derogación del delito de sedición con la lectura de esa sentencia del alto tribunal europeo? Llama mucho la atención, en todo caso, que la reforma del Código Penal español haya entrado en vigor tan solo unos días antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la cuestión prejudicial que, por primera vez, podía empezar a poner orden en la caótica aplicación de la euroorden. Se trata, en fin, del último episodio en el que, de nuevo, dejan en ridículo a la Justicia española en Europa. Que es muy distinto a que la Justicia española sea ridícula. Dejar en ridículo, expuesto a la burla o al menosprecio de las gentes, reza la definición académica. Ese es el balance que ha conseguido este Gobierno en su pretendida "normalización" de Cataluña.