El festín de los sueldos políticos

Es una política de palo y zanahoria, pero adaptada a una estrategia ideológica y gubernamental. Hasta ahora, solo la practicaban en la mitad del Gobierno que controlan los socios del PSOE, pero desde hace un tiempo, en su nuevo giro hacia la izquierda, el presidente Pedro Sánchez también la ha asumido como propia. La zanahoria está en las medidas que aprueba el Gabinete morado-socialista, sobre todo aquellas que tienen que ver con ayudas sociales, mejoras económicas y reformas fiscales, y el palo es el que se lleva alguien o algo para justificar los avances, supuestos o reales. Puede hacerse un repaso de los últimos meses y podrá comprobarse que cada acción del Gobierno va acompañada de diana y pimpampum. “Acción, agresión”, como podría establecerse de consigna y lema. No hay beneficiado sin damnificado, desde los jueces hasta los cazadores, pasando por el último colectivo al que se agrede como acompañamiento de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Son los empresarios, que ya han pasado por ese trance en otras ocasiones, y los altos ejecutivos de las empresas, caricaturizados por el presidente Pedro Sánchez con una imagen gráfica que evoca opulencia, avaricia y zafiedad: "El festín de los de arriba". En lo único que no se repara, como veremos ahora, es en la peligrosidad de ese discurso para quien lo maneja, porque corre el riesgo de que, ya puestos a criticar sueldos muy elevados, se repasen también las nóminas de muchos altos cargos de la Actual administración pese a su demostrada inutilidad.

Como se puede deducir, esta política de palo y zanahoria, de acción, agresión, lo único que persigue es fortalecer el rearme ideológico de la izquierda gobernante, sobre todo en un año como esté cargado de elecciones que determinarán la supervivencia en política del presidente Sánchez y de muchos de sus socios de los últimos años. ¿Y puede objetarse que un gobernante aspire a convencer a sus votantes y a revalidar el mandato? En absoluto, lo que no es tan legítimo es que no se repare en las consecuencias de crispación social que conllevan esas políticas faltonas y agresivas. Además, claro, de pretender conducir todo el debate a una pelea de barro, sin que se analicen sosegadamente las ventajas o los inconvenientes de una medida como esta última, el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Lo único que no se le puede negar, en este sentido, al Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez es que la subida del SMI era uno de sus compromisos electorales, en justa correspondencia con las promesas de un partido de izquierda.

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A partir de esta última subida, el salario mínimo estará en torno al 60% del salario medio en España y afectará a un número muy importante de trabajadores, sobre todo en las comunidades más pobres, cerca de dos millones y medio de personas. Tras la concatenación de crisis de toda naturaleza que estamos padeciendo, nadie podrá negar que esas subidas pueden suponer para muchas familias poder llegar a fin de mes. Que no es poco. Otra cuestión muy distinta es que la subida se haya analizado y aprobado con el rigor que requieren todas las medidas que influirán en el progreso económico de España. No podemos pasar por alto, por ejemplo, que la mayor parte de los trabajadores que se verán beneficiados por el incremento del SMI pertenecen a comunidades y a sectores productivos en que los márgenes de beneficio empresarial están más ajustados, como explicó aquí mi compañero Javier Jorrín. La duda es tan razonable, e inobjetable, como lo es defender que las empresas tienen que ser rentables para que sus trabajadores puedan cobrar su salario a fin de mes.

La explicación demagógica que ofrece el Gobierno a las dudas que se pueden plantear, desde un plano meramente económico, de sostenibilidad de las empresas, es la que pretende resolver el Gobierno con la acusación generalizada de empresarios egoístas y explotadores. Y de directivos que cobran sueldos astronómicos, en comparación con los de los trabajadores. El palo para justificar la zanahoria. Es, además, en ese punto en el que el Gobierno corre el riesgo de la extrapolación: ¿no es acaso la misma lógica que se puede plantear para los sueldos de los altos cargos políticos, la inabarcable maraña de burocracia política? "No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. En este país no puede haber doble vara de medir, una para la mayoría, para la gente de a pie, y otra para la minoría elitista de este país", dijo este fin de semana el presidente Sánchez, que encabeza el Gabinete de ministros y ministras más amplio de la historia. En los cinco años de mandato, a este Gobierno no se le puede negar el impulso al salario mínimo interprofesional, pero tampoco se le puede encontrar el más mínimo gesto de austeridad, a pesar de los sacrificios constantes que ha exigido "a los de abajo", a los que están por debajo de los sueldos que se cobran en esos despachos.

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En el sector privado, los sueldos y sueldazos de los altos directivos se rigen por su eficacia al frente de la empresa en la que están y por la ley de oferta y demanda, la competencia, que existe para la contratación de los mejores ejecutivos. Pero no ocurre así con los altos cargos que el Gobierno ha colocado al frente de las empresas públicas. Podemos fijarnos, por ejemplo, en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, con el 100% del capital en manos del Estado. Al frente de esa empresa, el presidente Pedro Sánchez colocó a uno de los suyos, que había sido su jefe en el PSOE, Juan Manuel Serrano, y el resultado ha sido el declive absoluto, casi la ruina, de Correos, porque los problemas que ya venían afectando a la sociedad han sido exponenciales desde su llegada. El sueldo de Juan Manuel Serrano, que es de formación profesional ingeniero informático y licenciado en Derecho, es de 200.000 euros al año, mientras que los sindicatos de Correos repiten, en cada protesta, que está “desmantelando” la empresa pública y que la temporalidad de sus trabajadores va en aumento. El mismo ejemplo de sueldazos puede extenderse a otros niveles y empresas públicas de la Administración, aun cuando no ofrezcan los pésimos resultados de Correos. Para festín, o sea, el de tantos inútiles públicos, sin experiencia previa ni capacidad de gestión. Aunque, como queda claro, ninguno de ellos sirve a las campañas de pimpampum con que el Gobierno adereza sus estrategias.